Leer esta nota de Daniel Montamat publicada en Escenarios Alternativos ayuda mucho a entender la política del Gobierno de Cristina Kirchner con YPF
El debate sobre la posible reestatización de YPF lo instaló el Gobierno, y puede que más por su creciente preocupación por el balance de divisas del país y la necesidad de ajustar el relato a la búsqueda de nuevos culpables que por trazar un análisis estratégico de evaluación del tema. La política energética es la responsable primaria de la pérdida del autoabastecimiento y de las crecientes importaciones, sin perjuicio de la responsabilidad que se les puede atribuir a las empresas en el manejo de las áreas concesionadas.
La Presidenta tomó conciencia de que “importar energía para agregar valor como hacen otros países” -ése era el guión del relato hasta hace unos meses- ya no cierra, por el impacto del monto de las compras energéticas en las cuentas públicas y externas.
La producción petrolera argentina cayó un 32% de 1998 a hoy, y la de gas, un 13% desde 2004. Las reservas comprobadas de petróleo se redujeron un 18,3% respecto a las de principios de la década pasada; las de gas natural, un 50. Con demanda creciente y producción declinante, la Argentina fue consumiendo el stock subterráneo de barriles, cortando compromisos de exportación con países vecinos e importando cada vez más (gas natural, derivados, electricidad). En consecuencia, la balanza energética, que hasta 2010 era superavitaria en 1000 millones de dólares, pasó en 2011 a ser deficitaria en cerca de 4000 millones.
Uno puede afirmar que la mayor caída de reservas y declinación productiva en valores absolutos en el período corresponde a YPF, y, a partir de allí, estructurar un discurso nacionalista y reestatizador, haciendo a la empresa responsable del déficit energético. Es lo que ha procurado hacer el Gobierno, y de lo que se defiende YPF en sus últimos comunicados subrayando la inversión de los dos últimos años, la planificada para los próximos ejercicios y la tasa de recuperación de reservas apuntalada por los nuevos desarrollos de recursos no convencionales.
Recuperar la propiedad de una empresa emblemática para los argentinos generaría grandes réditos políticos presentes, aunque tendría complicaciones legales, políticas y económicas inmediatas. Hoy son las provincias las titulares del poder concedente, por lo que ellas demandarían una parte en la propiedad y el control de la nueva empresa renacionalizada, sin comprometer recursos en el hipotético costo de la expropiación. Supongamos que se obtenga un acuerdo de Repsol y el nuevo gobierno español para hacerlo, e incluso que se pueda acordar un precio de compra y un mecanismo de pago (algo al contado y el resto en cuotas). ¿Con qué recursos adicionales el Estado va a recapitalizar la empresa y a desarrollar las potencialidades del petróleo y del gas no convencional, que requieren ingentes inversiones?
Algunos piensan que la apropiación de la renta petrolera (diferencia entre precios y costo por barril) de las reservas remanentes, y la posible colocación de deuda o capital que no comprometa el control en la medida de lo posible, permitiría superar la estrechez financiera. El razonamiento está bien encaminado (en el negocio petrolero lo que cuenta es la apropiación y distribución de la renta de un recurso natural), pero es falaz, porque asume que las petroleras se estuvieron llevando todos estos años la parte del león de la renta.
La renta promedio año de la explotación creció al compás de la suba de los precios del petróleo y su incidencia en los precios del gas natural. El barril promedio de petróleo en el trienio 2002-2004 fue de 32,9 dólares; subió a 64,8 dólares en el trienio 2005-2007 y promedió los 80,4 dólares entre 2008 y 2010. Pero la Argentina está divorciada de esas referencias internacionales de precios por retenciones, congelamientos y controles. Esto determinó que la mayor parte de la renta no fuera a parar al bolsillo de las empresas que exploran y explotan el petróleo y el gas; fue a los bolsillos de los consumidores de productos petroleros y sobre todo de gas natural, favorecidos con menores precios (subsidio económico).
En el trienio 2002-2004, un 30% de la renta fue a las empresas, un 35% al Gobierno (Nación y provincias productoras) y un 34% a los consumidores. En el segundo trienio los consumidores recibieron el 50%; el Gobierno, el 31%, y las empresas, el 19%. De la renta del período 2008-2010, un 67% fue a los consumidores, un 25% al Gobierno (regalías, retenciones, impuestos) y un 8% a las empresas. En la medida en que los precios del petróleo fueron aumentando en el mundo, la transferencia de renta petrolera a los consumidores fue creciendo.
Puede sostenerse que, aun con esos niveles de renta, las empresas petroleras que operan en la Argentina siguen dando utilidades y que YPF ha girado la mayor parte de las utilidades al exterior (algo acordado y consentido por el Gobierno); pero lo que no puede desconocerse es que son las reglas que fija y controla el Gobierno las que determinan la gestión y no al revés. En función de estas reglas, el sector petrolero en estos años estuvo sobreexplotando lo que estaba en producción y haciendo mínima inversión para reponer reservas o descubrir nuevos yacimientos (varias bombillas en el mismo mate sin recargar el termo). A su vez, como otras geologías ofrecen condiciones más atractivas de reparto de la renta, no es de extrañarse que parte de la renta apropiada en la Argentina se haya reinvertido en otras latitudes.
Para explotar los hidrocarburos algunos países crean empresas del Estado monopólicas que sólo pueden operar con los privados mediante contratos de servicio (países del Medio Oriente, México, Venezuela, Nigeria). Otras naciones permiten la asociación de la empresa del Estado con empresas privadas en contratos de producción compartida, donde el riesgo exploratorio es asumido por la compañía privada (Colombia, Angola, Rusia y ahora de nuevo Brasil en el pre-sal). El tercer esquema se basa en el otorgamiento de licencias de exploración y concesiones de explotación a empresas privadas, que incluso pueden competir o armar asociaciones con la empresa pública, si ésta existe (Perú, Noruega, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Argentina). Hay empresas controladas por el Estado que son muy eficientes (Staatoil de Noruega); otras, muy eficaces (Petrobras de Brasil, y ahora, Ecopetrol de Colombia). Y hay empresas estatales con mucha interferencia política en su gestión (Pdvsa, Pemex). Los regímenes de exploración/explotación pueden variar y complementarse, pero en todos ellos está en juego la asunción de riesgos, la capacidad de inversión y el reparto de la renta.
Con la intervención discrecional y el cambio de reglas que dominó la apropiación y el reparto de la renta en estos años, la política petrolera entrampó a la industria en el corto plazo. Ninguna variante de gestión pública, privada o mixta puede sobrevivir en el “imperio de lo efímero”. En el contrafáctico es posible imaginar una YPF con control estatal (estilo Petrobras de Brasil) y management muy profesional (estilo Staatoil de Noruega), y concluir que la producción y las reservas de la Argentina hubieran evolucionado mucho mejor. Pero la realidad es que vendimos el control de YPF a España cuando el barril cotizaba 12 dólares, y que hoy se discute recomprarla cuando el barril cotiza 100 dólares. Vendimos barato y compraríamos caro. Todo bajo administraciones del mismo signo político y por razones coyunturales (financiar la maltrecha convertibilidad en los años 90, y tener un chivo expiatorio ahora). Sería para el libro de récords de Guinness.
La prioridad energética para revertir la declinación productiva y reponer más reservas es cambiar la política vigente, reinstitucionalizar el sector y generar certidumbre de largo plazo con políticas de Estado que reflejen los consensos básicos entre el oficialismo y la oposición.
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