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Buena Gobernanza General

El control de los gobiernos latinoamericanos

Foto oficial de la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS. CCK, Buenos Aires, 2018.

Después de más de 20 años, Buenos Aires volvió a ser la sede para el encuentro anual de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior (OLACEFS).

La semana pasada, la Auditoría General de la Nación fue anfitriona de la  Asamblea General que reúne a los organismos de América Latina, España y Portugal que tienen como misión auditar fondos públicos y controlar la gestión gubernamental en sus países.

La preparación requirió de un esfuerzo de meses por parte del conjunto de empleados públicos de la AGN.  El presidente Oscar Lamberto hizo un reconocimiento especial al trabajo de los organizadores, coordinadores, facilitadores y voluntarios en la ceremonia de inauguración en el CCK, destacando que “Todos los aspectos técnicos, ceremoniales, logísticos, de comunicación, de tecnología, de seguridad y de salud fueron realizados por personal de la casa.”

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Buena Gobernanza Informes AGN

Auditoría y transparencia

La Auditoría General de la Nación tiene una responsabilidad grande: auditar las cuentas y la gestión de la administración pública nacional.

Si bien la AGN no tiene poder de sanción, sus informes alertan a los legisladores sobre áreas mal gestionadas y pueden convertirse, eventualmente, en elementos probatorios en un juicio (ver “Auditoría y justicia”).

Pero las recomendaciones de la AGN sirven fundamentalmente para que las distintas oficinas que van siendo auditadas, mejoren el uso de los recursos, la rendición de cuentas y la calidad de su gestión.

Para llevar adelante esta tarea con ejemplaridad, la AGN va adaptando y mejorando sus normas y sistemas, de acuerdo a requerimientos locales y  atento a las mejores prácticas de otras entidades de fiscalización y control.

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Economía Opinión Política

Los proyectos de asociación público-privada

El Presupuesto tratado en el Congreso aprobó cincuenta y dos proyectos de asociación público-privada por un total de $2,18 billones con ejecución más allá del 2018. Si bien es cierto que la modalidad promete amalgamar las ventajas de los sectores público y privado, la experiencia internacional muestra que sistemas parecidos no siempre han generado los resultados buscados. El Gobierno debe maximizar aquí su vocación de acción gradual y encauzar inteligentemente este novedoso instrumento de nuestra legislación hacia el desarrollo de servicios de infraestructura de calidad, tan postergados en la Argentina.

La sanción de la ley de presupuesto 2018 puso en marcha el proceso de inversión en obras de infraestructura mediante el mecanismo de Participación Público Privada (PPP).

Este mecanismo, con antecedentes locales en el Decreto 1299 del año 2000 y el Decreto 967 del 2005, es una alternativa a los sistemas clásicos de contratación de obra pública; se propone armonizar y sumar las ventajas de los sectores público y privado en materia de financiamiento, acceso a los mercados de capitales, gestión, eficiencia constructiva y capacidad de endeudamiento.

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Internacional

Corrupción y estabilidad política

A fin de 2017, la Red Iberoamericana de Estudios Internacionales (RIBEI) organizó en la UNTREF de Buenos Aires su VII Conferencia, titulada América Latina y Europa: ¿miradas compartidas ante un momento de cambio? Participé en la mesa sobre corrupción, estabilidad política y regeneración democrática junto con el Director del IELAT de la Universidad de Alcalá, Daniel Sotelsek, los profesores Andrés Molano-Rojas y Francisco Jiménez García, y el presidente del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales, Sergio Abreu.

La corrupción se ha convertido en uno de los principales problemas de las sociedades latinoamericanas, tal como lo demuestran las repercusiones regionales del escándalo Odebrecht. Sin embargo, no se trata de un fenómeno circunscripto a la región, lo que nos lleva a preguntarnos si es posible una mirada comparada con Europa y también, por sus repercusiones, sobre la estabilidad política y la calidad democrática en general.

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Informes AGN

Planificación turbia

A pesar de que entre 2003 y 2016 el Estado Nacional transfirió US$ 4.700 millones a YCRT, en ese período no se concretaron los objetivos previstos. Más aún, la mina prácticamente dejó de operar.

Ayer aprobamos por unanimidad en el Colegio de Auditores Generales de la Nación un informe sobre el Plan de Reconversión de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) que fue remitido a la Justicia en el marco de una investigación que tiene secreto de sumario.

Al trabajar el tema fui tomando contacto con fuentes públicas de información -como la auditoría que llevó adelante la SIGEN o las transferencias de dinero realizadas por el Estado Nacional- que se suman a los hallazgos de informes anteriores de la AGN y que me llevan a concluir que YCRT es un caso de estudio sobre mala planificación estatal difícil de igualar en la historia argentina.