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Artículos periodísticos

La recesión democrática

De acuerdo al reporte anual del semanario The Economist el indicador democrático es el peor desde que se inició la medición en 2006 y solo 43 de las más de 70 elecciones del año serán totalmente libres y verificables.

Al finalizar el año, alrededor de 4.200 millones de personas, más del 50% de la población mundial, habrá elegido en las urnas nuevos gobernantes. Es un acontecimiento sin antecedentes que involucra a varias decenas de países, entre los cuales se destacan las elecciones presidenciales en la más antigua democracia representativa, Estados Unidos de Norteamérica; la nación más poblada, la India, y el país hispanoparlante con mayor población, México.

A pesar de este dato auspicioso, sobre todo si se tiene en cuenta que hacia el final de la Segunda Guerra Mundial apenas algo más de una docena de países tenían gobernantes elegidos por sus ciudadanos, el auge electoral debe ser considerado en el marco de claras evidencias de un contexto, global y generalizado, de asedio a las democracias.

Ese estado de democracias acosadas tiene en la insatisfacción de vastos sectores frente a la situación socioeconómica, acelerada con la crisis financiera de la primera década del siglo y reforzada por la pandemia, una causa fundamental. Además, las debilidades de la gobernanza global y las limitaciones de los Estados Nación en la presente etapa de la globalización no favorecen un camino de atención efectiva de las demandas sociales.

Los distintos y recientes de distintos relevamientos que intentan captar el estado de la opinión pública, tanto globales como los específicos de América Latina, son todos coincidentes en el reconocimiento del deterioro en la percepción social sobre la legitimidad y mérito de la democracia.

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Buena Gobernanza Informes AGN

30 años después: ¿cuán bien funciona el control público?

En octubre se llevó a cabo el ciclo de conferencias “Control gubernamental y Transparencia” en la Auditoría General de la Nación, con motivo de celebrarse 30 años de la sanción de la Ley 24.156, de Administración Financiera, una norma muy importante para el control y la fiscalización del Estado. 

El evento contó con destacadas e influyentes personalidades del mundo político, organizaciones del tercer sector y representantes de entidades fiscalizadoras superiores de la región. La consigna fue la de reflexionar sobre cómo funciona nuestro sistema de control luego de transcurridas tres décadas y delinear instancias superadoras conjuntamente con los diversos actores que conforman el ecosistema del control.

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“Cicatrices que llevará mucho tiempo curar”

El contexto en el que se insertó el ciclo de conferencias para recordar el hito de la creación de la AGN y del sistema de control público argentino fue uno muy particular, en los finales de una pandemia que no solo puso de relieve problemas preexistentes sino que los profundizó.

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Opinión Política Sociedad

Construir confianza social debe ser nuestra obsesión democrática

Los países de América Latina están azotados por tres males que se acentúan en tiempos de emergencia y gobiernos populistas: la violencia, la desigualdad y la falta de instituciones sólidas. Reconstruir la confianza social, desde la ejemplaridad de los gobernantes y la transparencia de los actos, es la principal condición para progresar y combatir esos males. 

Recientemente tuve el agrado de participar del “10º Seminario Internacional Corrupción y política en América Latina: pesos sin contrapesos” de la Universidad de Guadalajara y el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, que contó con el auspicio de prestigiosas instituciones académicas, organismos internacionales, integrantes de la sociedad civil y público interesado en el tema, como la AMEXCID (Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo), la Red por la Rendición de Cuentas, Friedrich Ebert Stiftung, el Instituto Nacional Electoral de México, la GIZ y el World Justice Project.

En este seminario se pusieron a consideración diversas experiencias y abordajes referidas a la problemática de la corrupción en la región.

Tan distintos, tan iguales

Los países de América Latina presentan diferencias muy marcadas en algunos aspectos, no obstante lo cual existe una tríada de males que nos hermana en términos políticos, institucionales, sociales y económicos: la violencia, la desigualdad y la falta de instituciones sólidas.

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Buena Gobernanza General Informes AGN Política

La trampa de la falsa antinomia

La Argentina lleva 13 meses de emergencia pública y no tiene por delante un horizonte claro de retorno a la normalidad. En este contexto se hace imperioso agudizar la mirada y exigir que el Estado obre con transparencia, criterio, equidad, eficacia y rendición de cuentas. Las falsas antinomias, como “salud vs. economía” o “salud vs. educación” solo nos hacen perder valioso tiempo para gestionar la pandemia y disminuir sus múltiples efectos negativos. 

Que no se quiebre

Luego de que, en enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declarara la existencia de una emergencia de salud pública de importancia internacional, gobiernos de todo el mundo fueron decidiendo estados de excepción con el fin de brindar rápidas respuestas a la crisis.

Los estados de excepción pueden tomar diversas formas  pero en todos los casos tienen al menos dos grandes costos asociados: 1) la concentración de poder en el órgano ejecutivo, y 2) la restricción de libertades individuales.

La lógica detrás de los estados de excepción es que durante un período limitado -según la duración y el desarrollo de la crisis -, la respuesta rápida y prioritaria a la emergencia tiene un valor mayor para el conjunto de la población que la afectación de las reglas democráticas.

Mas allá de la justificación racional del caso, lo cierto es que 2020 fue el año de mayor retroceso mundial en libertades individuales del que se tenga registro en épocas de paz. Las voces globales debaten hasta qué punto la democracia -cuya calidad venía en disminución desde hace más de una década- puede soportar tamañas concesiones sin quebrarse. Se observa una suerte de “recesión” democratica.

Peligro en el alargue

En América Latina, todo es peor. Con tan sólo 8% de la población mundial, da cuenta de alrededor de 30% de los fallecidos por COVID a nivel global. Epicentro de la pandemia, la región además padece “comorbilidades”, como pobreza o desigualdad, que profundizan y prolongan la crisis socioeconómica. Así, los estados de excepción -que por propia definición deben ser transitorios- amenazan con extenderse en el tiempo.

La emergencia pública en Argentina fue decretada en marzo del año pasado (Decreto 260/2020) y luego extendida hasta el 31 de diciembre de 2021 (Decreto 167/2021).

La evolución de la pandemia en nuestro país al día de la fecha -con cerca de 300.000 infectados activos, más de 5.000 fallecidos en las últimas dos semanas y tan sólo 3% de la población con la vacunación contra el COVID-19 completada- permite suponer que el  Poder Ejecutivo intentara extender el estado de excepción  más allá de los plazos establecidos.

Aún cuando la pandemia finalmente esté relativamente bajo control, es decir cuando hayamos alcanzado la hoy lejana “inmunidad de rebaño” con al menos 70% de la población vacunada-,  las secuelas socioeconómicas que ya estamos padeciendo se profundizarán. Estas demoras en la salida de la crisis -la sanitaria, primero, y la socioeconómica, durante y después- nos colocan frente al riesgo de propiciar un alargue peligroso de la emergencia pública.

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Opinión

Corrupción y derechos humanos: desafío del siglo 21

Foto por Marko Milivojevic en Pixnio

El siguiente texto es una reflexión sobre la relación entre corrupción y derechos humanos con la que contribuí al documento “Democracia, derechos humanos y control público: el rol de los trabajadores”, publicado por la Asociación  de Personal de Organismos y Control (APOC). 

Hasta no hace mucho tiempo, la problemática vinculada a los derechos humanos y el fenómeno de la corrupción eran abordados independientemente el uno del otro, al punto tal que ninguno de los principales instrumentos internacionales en materia de los derechos fundamentales hacía mención a la corrupción y los efectos devastadores que provocan en las sociedades. 

Ni la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos trataron el tema de la corrupción. 

Será con la llegada del nuevo siglo, al reconocerse la necesidad de un abordaje global en la lucha contra la corrupción, que se aprueba la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en la Asamblea General del 31 de octubre  de 2003; allí en su preámbulo se alerta sobre la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea este tipo delictual para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley.