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Por Escenarios Alternativos

El aislamiento político del oficialismo en medio de una coyuntura económica difícil. El reaseguro del modelo de consumo interno en la reforma de la carta orgánica del BCRA. Los cambios de aliados y la nueva configuración del poder. El traspaso de subte: una cuestión netamente política. La guerra del petróleo: nuevo round.
Los dos factores que han dado oxígeno político y buena parte del rédito electoral al kirchnerismo, el superávit fiscal y el saldo positivo de la balanza comercial, se han visto menguados desde el año 2008 hasta la fecha. A tal punto que ha conducido a tomar medidas como el control de cambios, de importaciones y, ahora de morigeración de la pauta salarial. Junto con esto, la lógica de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner refuerza el aislamiento, el peso del “relato” y sus rasgos autoritarios.
El aislamiento en la “mesa chica” ofrece la particularidad de un aparente rol cada vez más importante de Máximo Kirchner, tal vez imaginado como sucesor y liderando “La Cámpora”, esa caricatura de la izquierda peronista de los ’70, que alguna mente afiebrada considera heredera de ese legado. Pero el aislamiento también afecta a antiguos compañeros de ruta de Néstor Kirchner, tales como aquellos empresarios prometeicos de la burguesía nacional pergeñada por el ex presidente; Hugo Moyano, unas cuantas vértebras de la columna de poder kirchnerista y Rudy Igor Ulloa, fiel ladero en el terruño natal y dueño de los medios santacruceños. Todos ellos han sido radiados de las cercanías del poder y, en algunos casos notorios, colocados en la categoría de enemigos. Hugo Moyano lo explicó con claridad meridiana: “Yo no cambié, fue el gobierno que cambió con respecto a los trabajadores”.
Tal vez, como consecuencia de la diferenciación que pretende hacer la presidente con respecto a su marido –tal como expusiéramos en la edición anterior- se ha encaminado hacia una “renovación” de aliados, siguiendo aquella frase de Tzvetan Todorov que dice: “es preferible olvidar lo antes posible a estos testigos de nuestras debilidades pasadas”, para hallar fortalezas en una agrupación de jóvenes cada vez más encaramados en la estructura del Estado; en el poder del Estado a su disposición y en su capacidad histriónica para seguir sosteniendo el “relato”.
Con todo esto, la sola idea de que la economía pase por algún sobresalto, le quita el sueño a la presidente, porque sabe que allí reside la explicación del 20 por ciento de los votos, que se le suman al 35 por ciento de la base electoral peronista tradicional con los que ganó en la última elección.
El sesgo autoritario se agrava con las dificultades de todos tipo, al punto que la misma presidente, en vez de salir al contestar acerca de las responsabilidades del gobierno en la política de transporte, prefiere descargar su retórica sobre un par de periodistas, acusándolos de “nazis”, al tener expresiones que podrían haber sido, cuanto mucho, inapropiadas: nadie es nazi de un día para el otro. En ese episodio, el relator de Fútbol para Todos se cansó de repetir que: “al término del partido Axel Kicillof responderá en 6, 7, 8 las expresiones antisemitas de Clarín y la Nación”, sumando más falsedades a la avalancha de propaganda oficial que efectúa el gobierno en ese interminable espacio de los fines de semana.
Las idas y vueltas del subterráneo
El envío al Poder Legislativo del traspaso de los subterráneos y el servicio de colectivos, de la órbita nacional a la municipal (CABA), con la segura ratificación del deseo presidencial, obedece a la lógica de que el jefe de Gobierno se haga cargo –de hecho ya lo hizo en el subte – del costo político de aumentar las tarifas. No sólo el accidente de Once paralizó la “sintonía fina” en esta área de los subsidios, sino la posibilidad cierta de endilgarle a un aturdido Mauricio Macri, esta responsabilidad.
La historia de traspasos es larga en el país y el último similar a este se enmarca en la política del gobierno militar de 1976 que consistía en transferir servicios a las gobernaciones. Subterráneos de Buenos Aires era desde 1977 una Sociedad del Estado (SBASE). Pero por ley 22070 del 10 de setiembre de 1979 se facultó al Poder Ejecutivo Nacional a transferir la nueva empresa Subterráneos de Buenos Aires S.E. a la Municipalidad de Buenos Aires. Así, después de 40 años y durante el Gobierno Militar, la Municipalidad tomó el poder de decisión sobre la red de subtes.
Bajo el gobierno de Carlos Menem, en 1991, se llevó a la o concesión de todos los ferrocarriles suburbanos y el subte, y no existiendo todavía la autonomía de la Ciudad, se hizo lo propio con el subte, junto con la Línea Urquiza. Desde entonces, la concesión está en manos de la empresa Metrovías, teniendo a su cargo la operación, mantenimiento y ejecución de un plan de obras con recursos públicos y control del Gobierno Nacional. La concesión comenzó el 1 de Enero de 1994.
Cuando en 1996 la Ciudad de Buenos Aires pasó a ser autónoma se estableció en una Addenda al Contrato de Concesión suscripto en el año 1999, donde se planteó la transferencia del control y fiscalización del subte a la Ciudad, manteniendo la figura de Concedente a cargo del Estado Nacional, así como los compromisos económicos sobre la Concesión. En mayo del año 2000 la Ciudad sancionó la Ley 373, por la cual adhirió a los términos de dicha transferencia.
Más allá de este racconto, las 33 líneas de colectivos y el subte le van a traer a Macri algunos dolores de cabeza, por lo que es esperable que retrase con medidas judiciales un asunto que, bien planteado, podría resolverse con buena voluntad política de ambas partes. En el medio, están los habitantes de esta ciudad.
Libre disponibilidad para todos
Así como fueron “recuperados” los fondos de la ANSES para fogonear el modelo de consumo interno y dispuestos los fondos del BCRA para pagar deuda, un nuevo capítulo se abre con la media sanción de la reforma de la carta orgánica del BCRA. Contradiciendo afirmaciones previas de la Presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, se incorporó, a último momento una importante modificación del artículo 20 de dicha carta orgánica que amplía el límite para otorgar adelantos transitorios. Con el nuevo esquema, el margen adicional que podría otorgarse hoy sería de aproximadamente 44.000 millones de pesos.
Otro aspecto llamativo de la modificación del artículo 20 es la desvinculación del financiamiento mediante adelantos transitorios sobre el destino de los fondos, ya que el límite que se vio incrementado anteriormente estaba vinculado al pago de obligaciones en moneda extranjera, siendo ahora ambos componentes de libre disponibilidad del Tesoro. Aunque la evidencia de los últimos años indica que los límites por el destino de los fondos no generaron una restricción efectiva, esta modificación también señala necesidades de una mayor flexibilidad para el uso de los recursos.
Más allá de estos cambios que habilitan a un mayor financiamiento del Tesoro, la otra fuente de asistencia financiera al gobierno estará dada por las Reservas de Libre Disponibilidad que ahora quedarán determinadas directamente por el Directorio. En realidad, este cuerpo deberá definir cuáles son las reservas “necesarias” según su propio criterio que, de acuerdo a la nueva regulación, sólo debe tener en cuenta las cuentas externas, sin ningún tipo de indicación adicional, dotando al BCRA de una amplia discrecionalidad. Definidas las reservas necesarias, la diferencia con las reservas totales serán las de libre disponibilidad. En definitiva, serán utilizadas incluso, para pagar deuda en forma discrecional y sin control.
¿Nacionalizo, o no nacionalizo?
Derivado hacia la responsabilidad de los gobernadores “petroleros”, tal como apuntáramos en la edición anterior, la escalada sobre YPF, incluye acciones concretas, como la reversión de algunas concesiones anunciadas tanto por el gobernador de Chubut, como por el de Santa Cruz. Estas acciones resultan notoriamente más agresivas, en términos de producción de la compañía, en relación a las anunciadas semanas atrás por el gobernador de Mendoza.
Más allá del impacto de estos eventos, los cuales repercutirán negativamente en el precio de la acción de la compañía, y de cómo eventualmente puedan administrarse estos conflictos, no sólo en términos legales por la reacción de YPF, sino también en términos de inversión futura, no termina de quedar claro cuál es el objetivo de máxima que persigue el gobierno nacional con estos movimientos.
Por lo pronto, los dichos de Jefe de Gabinete, Juan M. Abal Medina hicieron oscilar el precio de las acciones en el lapso que pasó de negar una posible nacionalización – la acción trepó 9 puntos – a entrever la posibilidad de que sí puede cumplirse esta amenaza. El funcionario advirtió, antes de que la empresa decidiera qué hacer con los 5000 millones de dólares de utilidades del 2011, que: "No descartamos ni afirmamos ningún curso de acción. Lo que garantizamos es que vamos a ir hacia un esquema en el cual se garantice la producción y la inversión para el desarrollo de los argentinos".
La decisión del directorio de capitalizar YPF con esos dividendos es un abierto desafío al gobierno. En ese contexto, el diario “El País” de España ya ha sugerido que, de suceder la nacionalización, pediría la desafiliación de la Argentina del G-20, un duro golpe para Cristina Kirchner que sufre por esas cumbres presidenciales, una verdadera debilidad.
Aquí, en la Argentina, las cumbres del poder son más reducidas y cada vez más turbias, más borrascosas.