En julio participé de una reunión internacional en las Naciones Unidas en la que se evaluó el nivel de preparación de los países para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esa gran empresa mancomunada por erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad, que resulta cada vez más central en la tarea de auditar la gestión estatal.
En el año 2015, en la Asamblea General de la ONU, más de 190 Estados -entre los que se cuenta nuestro país- se comprometieron al cumplimento de una serie de objetivos, conocidos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS.
Los ODS, que son diecisiete, se basan en atender de manera simultánea desafíos de naturaleza ambiental, de tipo político y de contenido económico y social. A escala global, y a su vez cada Estado, se proponen 169 metas, a ser cumplidas en un horizonte que se extiende hasta el año 2030.
Este compromiso es posible por la confluencia de tres procesos que han caracterizado los procesos globales en las últimas décadas: la democratización como forma de gobierno, la globalización de la economía y la creciente desigualdad entre las naciones y hacia el interior de los países, tema sobre el que hablé recientemente en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
