Jesús Rodríguez
El pasado nunca termina de pasar en la Argentina. Dos hechos recientes han colocado sobre la mesa acontecimientos poco divulgados de los violentos años ‘70: por un lado, un reciente fallo de la justicia chilena referido a la denominada Operación Colombo y, por el otro, la desclasificación de un decreto secreto que el ex presidente Perón firmó poco antes de su fallecimiento.
El Embajador de Chile en el país renunció a su cargo luego de la controversia producida por sus declaraciones en las que afirmó que “ la mayor parte de Chile no sufrió la dictadura sino que, al contrario, se sintió aliviada”.
Estas apreciaciones ignoran los actos de violencia ejercidos desde el Estado autoritario presidido por Augusto Pinochet a partir de 1973, que llevó incluso al Papa Paulo VI a expresar a la prensa mundial su congoja por la “represión sangrienta”, a causa de los cuales alrededor de cinco mil personas recurrieran al auxilio de embajadas y organismos internacionales y que unas cuatrocientas cincuenta mil personas marcharan al exilio. Además, por cierto, de las más de dos mil víctimas del terrorismo de Estado identificadas por la Comisión presidida por el Dr Raúl Rettig, prestigioso abogado de filiación radical que fuera Embajador en Brasil durante la Presidencia de Salvador Allende.
Ahora bien, la dictadura chilena tuvo, en sus extensos diecisiete años de vigencia, relaciones notoriamente diferenciadas con los distintos gobiernos de nuestro país: desde las condecoraciones a Pinochet y el inicio del Plan Cóndor durante el Gobierno Peronista hasta la ovación recibida en el tristemente célebre Estadio Nacional por el Dr Raúl Alfonsín cuando asumió el Gobierno democrático de la Concertación en 1989.
De esa sombra de Pinochet en la política argentina trata el artículo de mi autoría que publicó Clarín en ocasión de su muerte.