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Pobreza, género y pandemia: una tormenta perfecta

En 2015 más de 190 países acordaron la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que busca, en forma simultánea, ampliar las libertades democráticas, asegurar la plena vigencia de los derechos humanos y lograr la sostenibilidad ambiental.
Nadie imaginó que pocos años después de establecer los ODS -una agenda ambiciosa, necesaria y loable- el mundo estaría afrontando el doble desafío adicional de sobrellevar las consecuencias de una pandemia y los efectos de una guerra.

La pandemia registró 550 millones de casos de COVID-19 en el mundo, con más de 6 millones de fallecidos. Mientras tanto, el Banco Mundial predice que la guerra en Ucrania va a producir este año 100 millones de personas que se sumarán al contingente de pobres.
Todo esto es la antesala de los temas que nos convocaron hoy en la sede central de la Auditoría General de la Nación donde tuvimos el honor de recibir a distinguidas autoridades de entidades de fiscalización superior de América del Sur para el 2do seminario internacional sobre pobreza y género, organizado por EFSUR.
Erradicar la pobreza extrema y lograr la igualdad de género son dos temas decisivos de la agenda de ODS, que se han visto particularmente afectados por la pandemia; más aún en los países de América Latina, donde el COVID-19 fue epicentro, con casi el 30% de los fallecidos.
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La agenda más consensuada

Los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) representan la agenda global con mayor consenso de los últimos años; más de 190 Estados -entre los que se cuenta la Argentina- se pusieron de acuerdo para encarar y materializar caminos de solución a complejas problemáticas globales. La participación ciudadana es parte de la formula para el éxito. 

¿Qué fines persiguen los ODS?

Los ODS como agenda global, tratan de atender aquellos flancos débiles de la vida en sociedad que necesariamente deben encararse de manera mancomunada. Son 17 objetivos, ambiciosos; se busca alcanzarlos de forma conjunta, interrelacionada y simultánea. Se trata de desafíos múltiples, que abarcan lo político e institucional, lo ambiental, lo social y lo económico.

Estos objetivos multidimensionales cuentan con 169 metas y el compromiso de cumplirlas para el 2030. De aquí a ocho años, a nivel global, deberíamos haber logrado, por ejemplo, lo siguiente:

  • Erradicar la pobreza extrema.
  • Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
  • Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.
  • Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que debe ser gratuita, equitativa, de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinente y efectivo.

Las metas que cité son sólo 4 de las 169. Sin lugar a dudas un desafío global tan grande, destinado a combatir la pobreza, trabajar por la equidad, proteger el ambiente y fomentar el desarrollo económico, no puede ser ni remotamente pensado sin diseñar instituciones fuertes, en fluido contacto con la sociedad civil y debidamente controladas desde el punto de vista de la gestión estatal.

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¿De crisis a oportunidad?

Cartel Coronavirus COVID-19 Buenos AiresLa pandemia viene de la mano de una mayor exigencia sobre la rendición de cuentas y comienza a entenderse que, sin control sobre los gobiernos, peligran las garantías para el goce de los derechos humanos. Esta demanda social es una oportunidad pero -en Argentina y otros países de Latinoamérica- primero hay que resolver un problema de fondo: muchos de los actores políticos, sociales y  gubernamentales relativizan, ignoran, eluden o niegan las leyes.

El jueves pasado participé de un webinario organizado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas-UNDESA y la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019-OPEN BUDGETS, titulado “De crisis a oportunidad: ¿cómo pueden medidas fiscales abiertas y responsables en respuestas al COVID-19 contribuir a la implementación de la Agenda 2030?”

El planteo es interesante ya que, en medio de una crisis de proporciones sólo comparables a la del ’30 (ver “Los desafíos de la gobernanza frente al COVID-19”), la exigencia de la población de un reporte sobre cómo se gasta cada peso para responder a la pandemia y atender sus consecuencias, puede acelerar el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA – CIDH) hizo un señalamiento clave, que resulta particularmente relevante para los que ejercemos el control de la cuentas públicas: en la actual situación de pandemia, para garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos es indispensable que los gobiernos fortalezcan los mecanismos de rendición de cuentas.

Sin rendición de cuentas, no se puede garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos.

Este llamado de atención se fundamenta en la falta de criterios claros para rendir las cuentas sobre los gastos realizados, tal como surge de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019, que muestra una débil transparencia y supervisión del gasto público.

El hecho de que la lupa se haya puesto sobre el gasto público -y que además se esté comenzando a visibilizar la relación entre rendición de cuentas y derechos humanos- es un buen augurio.

En nuestra región, tenemos varios obstáculos para lograr transformar crisis en oportunidad, y algunos riesgos de que la crisis se transforme en hecatombe.

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