La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela votó afirmativamente una propuesta gubernamental para estudiar la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los cuestionamientos del Gobierno de Chávez al desempeño de la CIDH no son nuevos y tienen un antecedente importante en el Informe que la Comisión produjo sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela a fines del año 2010.
El Informe, que dictamina que en Venezuela se atenta contra la Democracia y los Derechos Humanos, pudo realizarse a pesar que, desde el año 2003, el Gobierno de Chávez viene impidiendo la visita de la Comisión al país. Ese procedimiento de visitas en el terreno es algo que ha distinguido el trabajo de la Comisión en los alrededor de 90 informes que ha realizado en diferentes países y circunstancias desde su creación, hace más de cincuenta años.
En los últimos años pude visitar Venezuela en varias oportunidades. En ocasiones integrando la misión de análisis de la situación política del país de la Internacional Socialista y, también, como observador a las elecciones legislativas y a las elecciones abiertas de la coalición opositora, a principios de este año, donde masivamente surgió la candidatura de Henrique Capriles como candidato a Presidente para enfrentar a Chávez en la elección de Octubre de este año. En esas visitas comprobé la desnaturalización del sistema democrático y el impacto que el populismo político y el facilismo económico tienen en una sociedad con muchas asignaturas pendientes a pesar del “boom” petrolero.
Ahora bien, la iniciativa del Gobierno de Chávez de negarle competencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene implicancias de otro tipo y que alcanzan a nuestro país. Ello es así porque La concreción de esa iniciativa embiste contra el espíritu del Mercosur ya que, por el Protocolo de Asunción para Derechos Humanos del año 2005, los países miembros se comprometen a la promoción y protección de ellos. En efecto, en los fundamentos de dicho instrumento los países reafirman los principios y normas contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en el artículo séptimo de la parte dispositiva, determinan que el presente Protocolo es parte integrante del Tratado de Asunción.
Es de esperar, por muchas razones, que el Gobierno de Chávez no avance en su propósitos y que el Gobierno de Cristina Kirchner se esfuerce en disuadirlo. En primer lugar porque la defensa y promoción de los Derechos Humanos no debe reconocer fronteras y ,en segundo término, porque si lo hiciera afectaría, aún más de lo que está, al Mercosur .
Por último, y no menos importante, porque los Argentinos de bien tenemos una deuda histórica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que, cuando la dictadura asolaba nuestro país, nos visitó y produjo un Informe que constituyó un punto de inflexión en la lucha por la recuperación de la Democracia.
