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Control, la mejor vacuna contra la corrupción

Invitado por Poder Ciudadano en ocasión de la presentación del Observatorio de Vacunas COVID-19, participé de una conversación sobre transparencia en las adquisiciones públicas frente a la urgencia de brindar inmunidad a la población.Invitado por Poder Ciudadano en ocasión de la presentación del Observatorio de Vacunas COVID-19, participé de una conversación sobre transparencia en las adquisiciones públicas frente a la urgencia de brindar inmunidad a la población. 

La pandemia, con la perspectiva del tiempo

Recientemente se cumplieron dos años desde aquella conferencia de prensa donde el Director de la OMS caracterizó al COVID-19 como una pandemia. 452 millones de casos después -con el beneficio de la perspectiva y munidos de datos comparados, avances científicos y ensayos diversos sobre cómo afrontar la pandemia- tenemos suficiente camino recorrido para empezar a evaluar las consecuencias. 

Algunos datos ilustran la profundidad del impacto: en los 30 años que lleva el índice de desarrollo humano de ONU esta es la primera vez que se verifica una regresión del indicador a escala global.  A su vez, se vive un retroceso en las libertades individuales en tiempos de paz y en tercer lugar -ahora específicamente con referencia a nuestra región- estamos en condiciones de afirmar que América Latina ha sido el epicentro geográfico de la pandemia; pese a tener menos del 10% de la población global, concentra más del 30% de los fallecidos por COVID-19.

En este contexto todos los gobiernos actuaron y se vieron obligados a tomar medidas en un entorno que sin dudas es complejo y difícil.

Malas decisiones

Cuando se analizan testeos, vacunas y número de personas fallecidas, la Argentina presenta de los peores indicadores a escala global. Pero además estamos frente a un verdadero drama, que abarca desde el derrumbe de la actividad económica y la ruptura de la cadena productiva, hasta el incremento de la pobreza y el empeoramiento de la calidad democrática.

Sin duda, hubo por parte del gobierno dos errores iniciales de cálculo: primero, subestimó la pandemia; luego sobreestimó la cuarentena. A estos diagnósticos equivocados se sumaron luego inconductas e incoherencias en la gestión de la pandemia que fueron agrandando la bola de nieve hasta que se llevó por delante la confianza y credibilidad social.

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Construir confianza social debe ser nuestra obsesión democrática

Los países de América Latina están azotados por tres males que se acentúan en tiempos de emergencia y gobiernos populistas: la violencia, la desigualdad y la falta de instituciones sólidas. Reconstruir la confianza social, desde la ejemplaridad de los gobernantes y la transparencia de los actos, es la principal condición para progresar y combatir esos males. 

Recientemente tuve el agrado de participar del “10º Seminario Internacional Corrupción y política en América Latina: pesos sin contrapesos” de la Universidad de Guadalajara y el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, que contó con el auspicio de prestigiosas instituciones académicas, organismos internacionales, integrantes de la sociedad civil y público interesado en el tema, como la AMEXCID (Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo), la Red por la Rendición de Cuentas, Friedrich Ebert Stiftung, el Instituto Nacional Electoral de México, la GIZ y el World Justice Project.

En este seminario se pusieron a consideración diversas experiencias y abordajes referidas a la problemática de la corrupción en la región.

Tan distintos, tan iguales

Los países de América Latina presentan diferencias muy marcadas en algunos aspectos, no obstante lo cual existe una tríada de males que nos hermana en términos políticos, institucionales, sociales y económicos: la violencia, la desigualdad y la falta de instituciones sólidas.

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La trampa de la falsa antinomia

La Argentina lleva 13 meses de emergencia pública y no tiene por delante un horizonte claro de retorno a la normalidad. En este contexto se hace imperioso agudizar la mirada y exigir que el Estado obre con transparencia, criterio, equidad, eficacia y rendición de cuentas. Las falsas antinomias, como “salud vs. economía” o “salud vs. educación” solo nos hacen perder valioso tiempo para gestionar la pandemia y disminuir sus múltiples efectos negativos. 

Que no se quiebre

Luego de que, en enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declarara la existencia de una emergencia de salud pública de importancia internacional, gobiernos de todo el mundo fueron decidiendo estados de excepción con el fin de brindar rápidas respuestas a la crisis.

Los estados de excepción pueden tomar diversas formas  pero en todos los casos tienen al menos dos grandes costos asociados: 1) la concentración de poder en el órgano ejecutivo, y 2) la restricción de libertades individuales.

La lógica detrás de los estados de excepción es que durante un período limitado -según la duración y el desarrollo de la crisis -, la respuesta rápida y prioritaria a la emergencia tiene un valor mayor para el conjunto de la población que la afectación de las reglas democráticas.

Mas allá de la justificación racional del caso, lo cierto es que 2020 fue el año de mayor retroceso mundial en libertades individuales del que se tenga registro en épocas de paz. Las voces globales debaten hasta qué punto la democracia -cuya calidad venía en disminución desde hace más de una década- puede soportar tamañas concesiones sin quebrarse. Se observa una suerte de “recesión” democratica.

Peligro en el alargue

En América Latina, todo es peor. Con tan sólo 8% de la población mundial, da cuenta de alrededor de 30% de los fallecidos por COVID a nivel global. Epicentro de la pandemia, la región además padece “comorbilidades”, como pobreza o desigualdad, que profundizan y prolongan la crisis socioeconómica. Así, los estados de excepción -que por propia definición deben ser transitorios- amenazan con extenderse en el tiempo.

La emergencia pública en Argentina fue decretada en marzo del año pasado (Decreto 260/2020) y luego extendida hasta el 31 de diciembre de 2021 (Decreto 167/2021).

La evolución de la pandemia en nuestro país al día de la fecha -con cerca de 300.000 infectados activos, más de 5.000 fallecidos en las últimas dos semanas y tan sólo 3% de la población con la vacunación contra el COVID-19 completada- permite suponer que el  Poder Ejecutivo intentara extender el estado de excepción  más allá de los plazos establecidos.

Aún cuando la pandemia finalmente esté relativamente bajo control, es decir cuando hayamos alcanzado la hoy lejana “inmunidad de rebaño” con al menos 70% de la población vacunada-,  las secuelas socioeconómicas que ya estamos padeciendo se profundizarán. Estas demoras en la salida de la crisis -la sanitaria, primero, y la socioeconómica, durante y después- nos colocan frente al riesgo de propiciar un alargue peligroso de la emergencia pública.

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Corrupción y derechos humanos: desafío del siglo 21

Foto por Marko Milivojevic en Pixnio

El siguiente texto es una reflexión sobre la relación entre corrupción y derechos humanos con la que contribuí al documento “Democracia, derechos humanos y control público: el rol de los trabajadores”, publicado por la Asociación  de Personal de Organismos y Control (APOC). 

Hasta no hace mucho tiempo, la problemática vinculada a los derechos humanos y el fenómeno de la corrupción eran abordados independientemente el uno del otro, al punto tal que ninguno de los principales instrumentos internacionales en materia de los derechos fundamentales hacía mención a la corrupción y los efectos devastadores que provocan en las sociedades. 

Ni la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos trataron el tema de la corrupción. 

Será con la llegada del nuevo siglo, al reconocerse la necesidad de un abordaje global en la lucha contra la corrupción, que se aprueba la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en la Asamblea General del 31 de octubre  de 2003; allí en su preámbulo se alerta sobre la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea este tipo delictual para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley.  

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Nuestra salud en 2021: ¿cuánto invertirá el Estado?

Un análisis pormenorizado del gasto en salud presupuestado para 2021 despierta algunas alarmas. 

La semana pasada participé del encuentro virtual “Salud y Economía: Convergencia necesaria para enfrentar las emergencias sanitarias, sin limitar el camino del Desarrollo Sostenible”, por invitación de  Fundación HCV Sin Fronteras, Fundación Huésped, Todos Frente al Chagas y Salud para Todos Argentina. En mi intervención, hice algunos aportes respecto del Presupuesto Nacional 2021 a los efectos de mejorar la comprensión del problema en el que nos encontramos, llegando a finales de un año signado por la emergencia sanitaria global más graves de la historia reciente.

Nuestro sistema sanitario de base evidencia un muy serio problema de equidad, produciendo una extrema fragmentación, aún dentro del sector público. Estas características están fundadas en una asimetría en las capacidades financieras y de gestión dentro de las provincias cuando nos referimos a ese segmento del sector público. En el caso de los trabajadores formales, los pensionados y sus familias, ahí hay una cobertura adicional,  que también cuenta con asimetrías; y finalmente los voluntarios que forman parte de las empresas de medicina prepaga.

El presupuesto de salud previsto para 2021 presenta un ajuste significativo respecto del ejecutado este año. 

Se gasta alrededor del 10 puntos del PBI en el sistema, un porcentaje alto que es a la vez dramáticamente inequitativo e ineficiente. Este punto de partida presenta un enorme desafío con vistas a lograr una cobertura sanitaria universal. Se trata de un problema institucional, dado que la competencia en la prestación de los servicios de salud recae en los gobiernos subnacionales, pero eso no debe implicar -como de hecho lo hace- la ausencia de la Nación.

El presupuesto 2021 prevé un ajuste de los recursos correspondientes al Ministerio de Salud (contemplando a la administración central y los organismos descentralizados) equivalente a una caída real interanual de 9,3% (cálculo que contempla la hipótesis oficial de inflación de 29% para 2021). El crédito disponible para ser gestionado por la Superintendencia de Servicios de Salud que regula a las Obras Sociales Nacionales es inferior incluso en términos nominales al del año 2020, representando una reducción real aún más profunda .

Algunos programas presentan una reducción notable, por ejemplo, el Programa SUMAR-que brinda cobertura de salud a personas que no cuentan con obra social ni prepaga-, se reduce 13% en términos reales, el Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles disminuye sus recursos 9% valuado a precios constantes, y el Programa de Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra prevé una caída de 6% contemplando la inflación.

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