La pandemia viene de la mano de una mayor exigencia sobre la rendición de cuentas y comienza a entenderse que, sin control sobre los gobiernos, peligran las garantías para el goce de los derechos humanos. Esta demanda social es una oportunidad pero -en Argentina y otros países de Latinoamérica- primero hay que resolver un problema de fondo: muchos de los actores políticos, sociales y gubernamentales relativizan, ignoran, eluden o niegan las leyes.
El jueves pasado participé de un webinario organizado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas-UNDESA y la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019-OPEN BUDGETS, titulado “De crisis a oportunidad: ¿cómo pueden medidas fiscales abiertas y responsables en respuestas al COVID-19 contribuir a la implementación de la Agenda 2030?”
El planteo es interesante ya que, en medio de una crisis de proporciones sólo comparables a la del ’30 (ver “Los desafíos de la gobernanza frente al COVID-19”), la exigencia de la población de un reporte sobre cómo se gasta cada peso para responder a la pandemia y atender sus consecuencias, puede acelerar el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA – CIDH) hizo un señalamiento clave, que resulta particularmente relevante para los que ejercemos el control de la cuentas públicas: en la actual situación de pandemia, para garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos es indispensable que los gobiernos fortalezcan los mecanismos de rendición de cuentas.
Sin rendición de cuentas, no se puede garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos.
Este llamado de atención se fundamenta en la falta de criterios claros para rendir las cuentas sobre los gastos realizados, tal como surge de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019, que muestra una débil transparencia y supervisión del gasto público.
El hecho de que la lupa se haya puesto sobre el gasto público -y que además se esté comenzando a visibilizar la relación entre rendición de cuentas y derechos humanos- es un buen augurio.
En nuestra región, tenemos varios obstáculos para lograr transformar crisis en oportunidad, y algunos riesgos de que la crisis se transforme en hecatombe.
