Subsidio a los menos necesitados

Este informe sobre el Sistema Único de Boleto Electrónico (“la tarjeta SUBE”), aprobado por la AGN el miércoles pasado, resulta útil para evaluar el desempeño de una política pública, interesante en su concepción, pero deficitaria en su implementación.

En el período analizado -los primeros cinco años desde su creación- el SUBE no había desplegado plenamente su potencial. Se había cumplido un objetivo: que en el área metropolitana de Buenos Aires, el 100% de los viajes en colectivo y subterráneo se realizara con tarjeta SUBE. Sin embargo, no se había logrado transformar el sistema en una herramienta para organizar el transporte público de acuerdo a datos de uso o para beneficiar a los usuarios más necesitados, tal como fuera explicitado en el decreto que le dio creación en 2009 (ver aquí una síntesis del informe).

Me interesa resaltar las fallas con respecto a la distribución de subsidios, uno de los aspectos más relevantes del SUBE en su estado ideal.

Se buscaba redireccionar los fondos nacionales desde las necesidades de las empresas hacia las necesidades de los usuarios. En particular, se definió un grupo de personas -entre ellos, los ex combatientes, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, los empleados de casas particulares y los jubilados- como prioritarios y sujetos centrales de los beneficios. Sin embargo, en el período auditado tan sólo 2,75% de los subsidios del autotransporte de pasajeros en el área metropolitana de Buenos Aires, llegaron a ese grupo de personas.

Lo que ocurrió con el SUBE está en línea con el destino general de los subsidios al transporte que, si bien entre 2004 y 2016 crecieron 251 veces, no fueron destinados a los sectores que más lo necesitaban. En efecto, el 10% más pobre de los usuarios fue beneficiado con tan sólo el 5,1% de estos fondos estatales en el caso de transporte colectivo y 3,3% para viajes en tren.

Esto muestra una regresividad funcional de los subsidios, a la cual se debe agregar una regresividad de naturaleza regional. A noviembre de 2016, la comparación de la tarifa mínima a escala nacional mostraba -por ejemplo- que un usuario residente en la Ciudad de Córdoba pagaba $9,15 mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la tarifa era de $6.

Luego de realizada la auditoría, algunas observaciones fueron subsanadas. Desde el 2015 en adelante, el SUBE progresó como herramienta de control. En 2016 hubo 704.000 nuevos beneficiarios con atributos sociales, pero todavía queda un camino por recorrer.