La semana pasada en el Colegio de Auditores Generales de la Nación aprobamos un informe sobre el fondo fiduciario para la importación del gas cuya síntesis se puede leer aquí. A propósito de esto y motivado por el debate actual sobre la estructura tarifaria del gas, estuve revisando las auditorías relevantes realizadas por la AGN desde 2003.
Surgen allí algunas pistas sobre varios de los problemas que hoy afrontamos para recomponer de manera eficiente el abastecimiento energético y asegurar la equidad social del sistema tarifario.
- ENARSA fue un intermediario innecesario que importó gas caro
El Congreso Nacional aprobó, en 2004, la conformación de ENARSA (empresa perteneciente en 53% al Estado Nacional) con el propósito de producir, explorar, comercializar y realizar actividades diversas en el sector energético y de combustibles.
La empresa no realizó estas actividades de manera directa sino que se concentró en la importación de combustibles y en la contratación de terceros para la realización de obras de infraestructura.
Una auditoría de 2012 sobre el Programa de Energía Total (enero de 2008 y abril de 2010) demostró que ENARSA, como unidad de gestión de dicho programa, pagó precios injustificadamente elevados tanto en la importación de Gasoil como en la de Gas Natural Licuado (GNL).
Por el gasoil, ENARSA pagó precios de flete y seguro que llegaron a ser superiores en 200% al promedio del mercado.
El caso del Gas Natural Licuado surge luego de que el Estado Nacional delegara en ENARSA la importación y regasificación de GNL. Para llevar a cabo este mandato, ENARSA realizó acuerdos, entre ellos, con Repsol Comercializadora de Gas. La AGN señaló que ENARSA pagó por los cargamentos de GNL un precio cada vez mayor a pesar de que el precio de referencia internacional se mantuvo estable e incluso disminuyó durante el período auditado.
La AGN observó que ENARSA incumplió con su propio reglamento de contrataciones que exige llevar a cabo licitaciones o concursos privados para contratar a los proveedores de GNL y combustibles alternativos. La realización de operaciones eventuales (“spot”) están previstas “sólo en casos excepcionales y debidamente justificados, a precios de mercado internacional”. Lejos de seguir este criterio, las operaciones “spot” fueron la regla desde el 2008 en adelante.
ENARSA cobró durante el período honorarios de 1,5% de las operaciones en concepto de gestión de programas de gobierno, a pesar de que en la mayoría de los casos subcontrató a YPF para llevar a cabo las tareas (y le reconoció a su vez un 0,5% de comisión que también trasladó al Estado Nacional).
La auditoría aprobada la semana pasada muestra otra área en la que ENARSA no cumplió adecuadamente su función: la gestión de los ingresos para financiar las importaciones.
En 2008 el Poder Ejecutivo Nacional decretó la creación de un fondo fiduciario para afrontar gastos de la importación de gas. Los montos eran establecidos por el ex Ministerio de Planificación mientras que los recursos para financiarlas se incorporaron al Programa de Energía Total ejecutado por ENARSA (el mismo en el que se pagaron precios por arriba del mercado). Entre los hallazgos de la AGN se destacan la mala gestión del cargo fijo a cobrar a las empresas distribuidoras aportantes y una inadecuada rendición de cuentas por parte de ENARSA sobre este fondo que no contaba con balances aprobados desde 2010 hasta la fecha de cierre de la auditoría en 2015.
- Los consumidores excluidos de la red de gas fueron castigados con las tarifas más altas
Una auditoría de 2008, que cubrió el período de enero de 2009 a marzo de 2010, reveló que los usuarios cautivos de GLP (conocido como “gas en garrafa”) pagaban precios 577% más altos que los consumidores que estaban conectados a la red de gas natural.
El informe también señaló la falta de reglamentación del régimen de la Industria y comercialización de Gas Licuado de Petróleo (Ley 26.020), cuyo objeto es asegurar el suministro regular y económico del gas.
- El ENARGAS no controló a las empresas del sector ni informó a los usuarios
Las empresas licenciatarias de transporte y distribución del gas deben estar sujetas a controles estrictos para asegurar la correcta prestación de los servicios. Cuatro auditorías aprobadas entre 2004 y 2014 muestran que en ese período ocurrió lo contrario.
La primera auditoría sobre controles al servicio técnico, aprobada en 2004, concluía que –en lo que iba de la década- se habían reducido la cantidad de verificaciones a empresas. Cuatro años más tarde, un nuevo estudio encontró que el ENARGAS no había realizado un monitoreo sistemático de los indicadores ni había controlado la implementación de las mejoras comprometidas por las empresas. El informe aprobado en 2014 concluyó que el ente no había regularizado o corregido ninguna de las situaciones observadas en los años anteriores.
También se realizó en este período un informe sobre calidad del servicio comercial del ENARGAS. La principal conclusión fue que los indicadores estaban basados en información estadística incompleta y heterogénea. Por lo tanto, era imposible detectar cuáles empresas superaban los límites de tolerancia establecidos y debían ser multadas.
Las auditorías también hacen referencia a la falta de transparencia sobre los controles ejercidos, debido a que el ENARGAS incumplió con su obligación de publicar las estadísticas sobre los estándares de calidad del servicio alcanzados por cada empresa licenciataria.
He expuesto algunas de las conclusiones que surgen de haber auditado diversos aspectos de la gestión estatal de la energía en la última década. Para poner en contexto esta información es importante tener en cuenta que el Gas Natural representa el 53% de la matriz energética argentina y que es el principal insumo para la generación de energía eléctrica. La abundancia de gas natural a bajo precio transformó a la Argentina en un país líder a nivel regional en infraestructura y consumo residencial de gas con más de 8.7 millones de hogares como usuarios. Sin embargo, el congelamiento de los precios a partir de 2002, sumado a errores de gestión y regulación -algunos de los cuales fueron señalados por la AGN-, disminuyeron la inversión a tal punto que, en 2014, las reservas de gas natural habían caído 60% con respecto al 2000. Entre 2005 y 2015, mientras la producción de gas natural descendía un 20%, el consumo interno crecía en la misma proporción. La diferencia entre producción insuficiente y demanda creciente se cubrió mediante importaciones desde Bolivia primero y con gas natural licuado (GNL importado en barcos) después. Las importaciones de GNL crecieron 556% en el mismo periodo y hoy representan más del 20% del consumo total.
Esta es la encrucijada que debemos sortear ahora. Ideas sobre cómo hacerlo fueron esbozadas en una entrada anterior: Audiencia pública y hoja de ruta para salir de la hipoteca del gas.