Para Vencer, Convencer

“Si la confianza en las instituciones desaparece, nuestra civilización se vendrá abajo.” Yuval Noah Harari

A mediados de los años setenta, al tiempo que nuestra sociedad vivía en el paroxismo de la violencia política, se agotó el patrón productivo que nos distinguió por décadas -la industrialización sustitutiva de importaciones-, esquema que no fue reemplazado por otro mejor y más sostenible, tanto en términos económicos como sociales.

El deterioro se ilustra en un reciente estudio del Real Instituto Elcano, publicado en ocasión del inicio de la presidencia española de la Unión Europea, que registra el pobre desempeño de la economía argentina en el periodo 2000-2023. Sus principales datos son:

• 10 años de crecimiento negativo
• 16 años de inflación anual superior al 10%
• 2 años de déficit fiscal superior al 3% del PBI
• 9 años de déficit fiscal superior al 5% del PBI
• 13 años de la ratio deuda pública-PBI, mayor al 50%
• 2 años de la ratio intereses de la deuda pública-ingresos públicos superior al 15%

Con estos datos, Argentina se convierte, junto con Venezuela, en la triste excepción de América Latina, una región que puede mostrar éxitos en evitar desbordes inflacionarios, merced a la combinación de una comprobada prudencia fiscal y flexibilidad cambiaria, lo que reduce los riesgos de crisis en la balanza de pagos de los países. Estas condiciones no garantizan el desarrollo económico, pero sí son una condición necesaria para el progreso social.

La extraviada política exterior del kirchnerismo ha afectado negativamente la credibilidad de la Argentina como socio confiable, algo imprescindible en el particular contexto de reconfiguración del poder global. 

Con relación al funcionamiento de las instituciones, otra condición necesaria del crecimiento económico, la Argentina tampoco es un ejemplo a imitar. El principio fundacional de la efectiva división e independencia de los poderes está afectado por el empecinamiento oficial por controlar la Justicia.

Esa voluntad de disciplinar la justicia pretende instrumentar una definición política ofrecida por destacados líderes del oficialismo por la cual los principios de la revolución francesa de 1789 son ejemplo de un anacronismo que, a esta altura de la historia, debe ser superado.

La afectación de la calidad institucional ciertamente impacta sobre los derechos de los ciudadanos y, también, sobre la previsibilidad de las normas, condición necesaria para la inversión productiva del sector privado.

Del mismo modo, la extraviada política exterior oficial, al tiempo que enajena las credenciales democráticas y de promoción de los derechos humanos que distinguen a la Argentina desde 1983, afecta negativamente la credibilidad y la percepción de socio confiable, algo imprescindible en el particular contexto de reconfiguración del poder global.

Con este telón de fondo, los argentinos vamos a elegir presidente por décima vez desde 1983.

El actual gobierno finaliza su administración en diciembre, sin que ninguno de los integrantes del “ticket presidencial” intente, siquiera, renovar su mandato. Esta situación es prácticamente inédita en la historia de los cuatro países de América Latina que, además del nuestro, admiten la reelección inmediata: Brasil, Ecuador y República Dominicana.

El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner -el del populismo movimientista en la acción política y el facilismo cortoplacista en la política económica-, será recordado por:

• Intentar un injustificado juicio político a los integrantes de la Corte Suprema basado en la extraviada idea que el resultado favorable de una elección otorga derechos sin limitaciones a la circunstancial mayoría.
• Ser la administración que ha generado el mayor número de decretos de contenido legislativo de la historia.
• Provocar una inflación de tres dígitos por primera vez en el siglo y haber triplicado el incremento de precios en relación al último año de la gestión anterior.
• Empobrecer a la sociedad argentina cuya riqueza por habitante es menor a la del inicio de su mandato. Además, en el primer semestre de este año se estima que el 43% de las personas, más de doce millones, y el 58% de los menores de 14 años, casi dos millones, viven en hogares pobres. Esto implica un incremento en el contingente de ciudadanos pobres en áreas urbanas de 2 millones de personas en el gobierno de Fernández- Kirchner.
• Empeorar la distribución del ingreso. De acuerdo al INDEC, la participación de los salarios en la renta total se redujo del 51,8% al 44,9 % del ingreso, entre 2017 y 2022. Esa caída de casi 7 puntos porcentuales se transfirió a las rentas del capital que aumentaron del 39% al 45,3% en el mismo periodo.
• Ser el Gobierno que más incrementó la deuda a lo largo de toda la historia argentina, a razón de 25.000 millones de dólares al año.

¿Cómo puede explicarse este decepcionante resultado? Pasemos revista a la pertinencia de las argumentaciones oficiales que pretenden justificar su desempeño, para luego presentar las bases conceptuales que fundamentan la propuesta política de la UCR y, por último, señalar algunos rasgos salientes del resultado electoral.

Las excusas

Excusa 1: “La guerra” / Realidad: los precios internacionales para nuestro comercio exterior durante el mandato de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner han sido los más favorables desde la inauguración democrática de 1983.

Como lo ratifican las propias estadísticas oficiales, la actual administración: consolidó el retroceso relativo de la Argentina con respecto a los otros países de latinoamericanos, degradó a más compatriotas a sobrevivir bajo la línea de pobreza, alimentó con nuevos bríos la espiral inflacionaria, incrementó como nunca en la historia la deuda pública y agravó la desigual distribución del ingreso.

Sin embargo, el oficialismo recurre a la remanida partitura de todos los populismos y niega toda responsabilidad respecto a los resultados y efectos de sus propias políticas.

Un primer ejemplo de esta actitud es atribuir las crecientes dificultades económicas de nuestro país (particularmente las del sector externo) a la criminal invasión ordenada por Putin a Ucrania.  Aquí es también imprescindible recordar la renuencia oficial a reconocer la brutal violación de Rusia a las normas internacionales y el personalizado ofrecimiento presidencial, pocos días antes de la invasión, para que nuestro país se convirtiera en la puerta de entrada rusa a la región latinoamericana.

El razonamiento oficial es completamente falso y no se sustenta en los datos oficiales. Los conflictos bélicos siempre tienen horrendas consecuencias en términos humanos, pero sus impactos económicos sobre cada país son dispares y se concatenan con otras situaciones del contexto internacional. Para la Argentina, los actuales términos del intercambio –es decir, la relación de los precios de los productos que exportamos versus los de los bienes que importamos-, han sido los más favorables desde el retorno de la democracia, a pesar del aumento de los precios del sector de la energía. Unos 10 puntos porcentuales más en 2022 en relación a 2019.

En otras palabras, la cuarta administración peronista de este siglo se benefició de un entorno de precios internacionales para nuestro comercio exterior como ningún otro gobierno desde la inauguración democrática de 1983.

El contexto internacional fue tan extraordinariamente favorable que permitió sobrellevar los efectos de la histórica sequía que nos afectó este año. En efecto, el valor de nuestras exportaciones en los 43 meses que median entre diciembre de 2019 y junio de este año alcanzaron los 261.000 millones de dólares, un incremento del 23% con relación con el mismo periodo de la administración de Cambiemos. Ese monto de exportaciones es, faltando seis meses, superior a los verificados en todo el periodo completo del gobierno anterior.

Excusa 2: “La pandemia” / Realidad: Todos los países sin excepción sufrieron consecuencias negativas en múltiples planos debido a la pandemia de COVID-19 pero en la Argentina fueron más profundas en términos relativos con los demás países de América Latina.

Otro pretexto oficial se vincula con las consecuencias de la pandemia que, por cierto, afectó a la humanidad sin distinción de región, condición social o ideología; y ante la cual todos los gobiernos reaccionaron.

Es cierto que América Latina, con menos del 10% de la población mundial, registró alrededor del 30% de las víctimas y, entonces, califica como una sindemia, esto es, una pandemia cuyas consecuencias negativas son retroalimentadas por adversas circunstancias económicas y sociales.

Más allá de que nuestra región fue particularmente afectada, la cifra de fallecidos, normalizada por millón de habitantes, nos ubica entre los quince países con peores registros del mundo.

Por otra parte, las restricciones dispuestas por los gobiernos para enfrentar la pandemia impactaron negativamente en la actividad económica de todos los territorios; en 2020, según datos del FMI, la caída global de la actividad fue del 3%. Sin embargo, Argentina triplicó ese registro y orilló el 10% de disminución del Producto Bruto Interno.

Una derivación de la retracción fue, por cierto, el incremento de la pobreza y la desigualdad. En ese caso también estamos peor en términos relativos: de acuerdo a la CEPAL, en la región se verificó en 2020 un incremento de 3,2 puntos porcentuales en el número de personas por debajo de la línea de pobreza, mientras que en nuestro país ese incremento fue más de tres veces superior y alcanzó 9,8 puntos porcentuales.

A este deterioro social se sumó un profundo retroceso institucional, algo que Naciones Unidas destacó en el análisis “Los efectos de la pandemia por COVID-19 en Argentina”, publicado en septiembre de 2021. Allí señala que:

“(…) desde el inicio de la pandemia y globalmente, los cuestionamientos respecto del uso indebido de datos personales, el aumento de noticias falsas, las acusaciones sobre vigilancia extensiva y las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos en medio de la COVID-19 han socavado la confianza en los procesos democráticos y el principio de igualdad ante la ley. Adicionalmente, las compras públicas en contexto de emergencia fueron cuestionadas en distintas jurisdicciones por la falta de transparencia y sobreprecios, como así también situaciones de abuso de poder e inequidad irrumpieron en los procesos de administración de las vacunas contra la COVID-19 (…)”.

Excusa 3: “La deuda heredada” / Realidad: El binomio Fernández – Fernández de Kirchner acredita el récord histórico de ser el gobierno que más endeudó al Estado Nacional.

La otra gran disculpa oficial para diluir su propia incompetencia, además de la guerra y la pandemia, se vincula con la deuda externa y, en particular, la relación con el FMI.

La cuestión de la deuda luego de que en el ocaso de la dictadura se decidiera, en el primer episodio de socialización de la Argentina, que los pasivos externos privados se transformaran en públicos, se convirtió también en un problema fiscal.

Efectivamente, para atender los vencimientos de capital e interés se hace necesario contar con pesos, surgidos del superávit operativo del sector público, que permitan comprar los dólares de una balanza comercial externa que también debe ser positiva.

La relevancia de la solvencia fiscal es primordial ya que, por definición, todo gasto público que exceda los ingresos tributarios debe ser financiado necesariamente a través de una de las siguientes tres formas: con emisión monetaria, colocando deuda pública en el mercado local, o recurriendo a fuentes de financiamiento internacionales, privadas o de los organismos multilaterales.

Es sabido que en política económica casi todo puede hacerse… salvo evitar sus consecuencias. Al optar por el financiamiento monetario del déficit, se acelera la inflación. Alternativamente, si se busca financiar el exceso de gasto con deuda interna se restringe o anula el acceso al crédito de las familias y las empresas y, por último, si se recurre al financiamiento externo es posible una apreciación del tipo de cambio, lo que conspira contra la competitividad externa de la economía.

La historia del desempeño fiscal de nuestro país no es desde ningún punto de vista envidiable, pero acentuó sus rasgos peligrosos en los primeros quince años de este siglo. En efecto, en números redondos, el gasto público primario consolidado -Nación, Provincias y Municipios- pasó de representar el 24% del PBI, promedio en el período 1961/2001, a más del 40% del PBI en el año 2015, concentrando ese aumento de 15 puntos porcentuales en tres partes aproximadamente iguales: aumentos en la partida de subsidios, ampliación del empleo público y mayores erogaciones de seguridad social.

La necesidad de financiar los déficits fiscales y externos llevó a que la deuda pública haya aumentado en los primeros quince años de este siglo, en 96.000 millones de dólares alcanzando a fines del 2015, según datos oficiales, un monto de 241.000 millones de dólares.

En el gobierno de Cambiemos, a pesar de los esfuerzos para poner en orden las finanzas públicas, y con un gasto primario consolidado que se redujo en más de 5 puntos porcentuales, (no obstante haber multiplicado por nueve los pagos de juicios por haberes jubilatorios en 2019, alcanzando casi el millón de sentencias), la deuda en el período 2016-2019 creció en más de 70.000 millones de dólares.

Dos de cada tres dólares de esa emisión de deuda fueron para cancelar compromisos previos por reclamos de obligaciones impagas (los “Holdouts”, el CIADI y el Club de París), además de intereses por la deuda exigible hasta el año 2015.

En la administración de Cambiemos las reservas brutas casi se duplicaron y pasaron de 25.000 millones de dólares en 2015 a 45.000 millones de dólares.

Más aún, las reservas netas, aquellas de “libre disponibilidad” por parte de la autoridad monetaria, que eran negativas en aproximadamente 500 millones de dólares al inicio de la gestión de Cambiemos, pasaron a ser positivas en alrededor de 15.000 millones de dólares cuando la gestión peronista inició su mandato en 2019.

En tanto, a lo largo del cuarto gobierno peronista del siglo, como resultado de la acumulación de desequilibrios fiscales, la deuda pública del Tesoro creció hasta junio del presente año en un monto equivalente a 90.500 millones de dólares y, posiblemente, a fin de año supere la barrera de los 100.000 millones de dólares.

Así, entonces, el binomio Fernández-Fernández de Kirchner ya acredita el récord histórico de ser el gobierno que más ha endeudado al Estado Nacional, alcanzando el equivalente a un total de más de 400 mil millones de dólares.

Peor aún, estos registros inéditos no incluyen obligaciones que seguramente habrá que afrontar debido a los recientes fallos judiciales en EEUU y en el Reino Unido referidos a la estatización de YPF de 2012 y al “cupón atado al PBI” por la adulteración de los datos de actividad del INDEC.

Del mismo modo, tampoco están considerados los créditos externos tomados por las empresas para financiar sus exportaciones como consecuencia de las restricciones impuestas por el gobierno para acceder al mercado de cambios.

En lo relativo a la situación del sector externo y tomando la información disponible a final del primer semestre del año, a pesar de una dinámica de las exportaciones favorecida por el amigable contexto internacional de precios, a pesar de los controles sobre las importaciones y el mercado cambiario, y a pesar de la reestructuración de la deuda pública con el sector privado, las reservas internacionales no aumentaron sino que cayeron un 42% desde diciembre de 2019, pasando de 44.800 millones a 25.800 millones de dólares.

Las reservas netas, por su parte, se redujeron de casi 13.000 millones de dólares en diciembre de 2019 para pasar a la zona negativa por alrededor de 7.000 millones de dólares.

El gobierno de Fernández-Fernández de Kirchner acredita el récord histórico de haber sido el que más ha endeudado al Estado Nacional.

El relato oficial identifica al préstamo con el FMI tomado en el gobierno de Cambiemos como el origen de todos los problemas de la Argentina contemporánea. Esa mirada ignora, para empezar, que desde que la Argentina se integró al Fondo, nuestro país suscribió 22 acuerdos, 8 de los cuales fueron firmados por gobiernos peronistas. También se desconoce que acceder a ese financiamiento concesional a tasas inferiores a las del mercado fue la instancia obligada para evitar el default o las consecuencias de los ajustes extremos que evitaran la cesación de pagos.

El argumento del actual gobierno, que presenta como único factor explicativo de la crítica situación socioeconómica el acuerdo con el FMI, oculta la relevancia de la restricción externa que no está justificada, como aduce el gobierno, en la debilidad de la balanza comercial (ya que, en los 42 meses que median entre enero de 2020 y junio de 2023, el saldo positivo del comercio exterior fue 34.000 millones de dólares)- sino por la formación neta de activos externos.

La estimación de ese concepto, que en los medios se discute como “fuga de divisas” o “salida de capitales”, en ese mismo periodo alcanza a los 36.000 millones de dólares. Allí radica el verdadero origen de la “falta de dólares” y no en los pagos al FMI.

El gobierno actual hizo pagos netos por 5.700 millones de dólares, incluyendo los pagos de la primera semana de agosto, una fracción menor – 16%- de la “fuga de divisas” en el gobierno de Fernández- Kirchner. Sin embargo, el próximo desembolso del organismo por 7,5 mil millones de dólares le permitirá al gobierno reponer estos pagos netos y financiar la mayor parte de los próximos vencimientos hasta final del mandato.

En definitiva, el nuevo turno del peronismo en el gobierno fue otra gran frustración que, así como dilapidó la oportunidad histórica de la primera década del siglo, ofrecida por la explosión del ciclo de precios de los “commodities”, desaprovechó el esfuerzo social de normalizar los equilibrios macroeconómicos y darles racionalidad a los precios de los servicios públicos encarados por el gobierno de Cambiemos.

Ese fiasco fue el resultado esperado de la anomalía institucional del “híper vicepresidencialismo” ensayado; de la idea de un poder liberado de control alguno; de una extravagante política exterior que desacredita la orgullosa historia de promoción de los derechos humanos en la región y de un clientelismo recargado en todas las políticas públicas.

En suma, se trata de un desenlace inevitable de la necrofilia ideológica, esto es, el amor por ideas muertas y fracasadas.

El punto de inflexión

La elección del próximo octubre será testimonio de la mayoritaria demanda de cambio y alternancia en la Argentina.

De ser así, a fin de año se concretará el quinto relevo de gobierno desde la inauguración democrática entre fuerzas políticas de distinto signo.

La selección de las candidaturas presidenciales no fue la consecuencia de acuerdos de “superestructura”, sino que surgió de la voluntad de la ciudadanía, como resultado de las elecciones primarias.

También por efecto de las PASO, el número de candidatos presidenciales, que en 1983 fueron 12, se redujo a 6 en 2019 y a 5 en la próxima convocatoria electoral, como consecuencia de que 22 fórmulas presentadas no superaron el mínimo requerido del piso de 1,5% de adhesión en las urnas.

Está claro que, para superar el estancamiento secular, consolidado en la administración de Fernández- Fernández de Kirchner, se requiere dejar atrás el modo populista de gobernar y las facilistas políticas económicas que lo distinguen.

El grado de probabilidad de éxito de este emprendimiento está dado por la dinámica de los asuntos globales y, de manera decisiva, por la aptitud del sistema político doméstico.

En relación a la situación mundial, aún antes de la invasión de Putin a Ucrania, había sido caracterizada por el Secretario General de la ONU -Antonio Guterres-, como “de débiles organismos multilaterales y varios países donde el ejercicio de la soberanía atropella la vigencia de los derechos humanos”.

En efecto, de acuerdo a recientes estudios académicos sobre la calidad democrática más del 72% de la población mundial vive en regímenes que son –en diferentes grados- autocráticos, reflejando en 2022 un retroceso en el nivel de la “democracia ciudadana” global a los registros de 1986. Este mismo estudio identificó un deterioro en la libertad de expresión en 35 países, con censura oficial en medios que empeoró en 47 países y con reducción en la calidad de las elecciones en 30 países.

En este contexto global signado por la volatilidad y la incertidumbre, el único camino posible para países como el nuestro es afirmar la voluntad de compartir un mundo gobernado por reglas aceptadas y respetadas por todos desde nuestra pertenencia a Occidente –con su carga valorativa de afirmación de la fe democrática, la promoción de los derechos humanos y la defensa de la paz–, y al Sur global,  con nuestro acervo cultural de economía mixta de base capitalista que propicia normas y regulaciones eficaces para el comercio y las finanzas internacionales.

Desde esa perspectiva, luce como una condición necesaria para nuestra racional integración al mundo que la próxima administración se proponga iniciar el proceso de ingreso a la OCDE y culminar con la aprobación legislativa del Acuerdo Birregional Mercosur-Unión Europea.

Las buenas prácticas que guían las recomendaciones de la OCDE y, sobre todo, el Acuerdo con la UE son el camino que conduce a consolidar un patrón productivo, ausente desde antes de la dictadura, caracterizado por la decisión de incorporarnos a las corrientes más dinámicas del comercio mundial con creciente valor agregado en nuestra producción exportable.

Ese Acuerdo, además, tiene la virtud de acelerar el fortalecimiento del Mercosur, no sólo en términos comerciales sino como una vigorosa plataforma protagonista de la discusión geopolítica global a la que debemos sumarnos con sus contenidos de democracia, multilateralismo, respeto a las reglas, promoción de los derechos humanos y protección del medio ambiente.

El capitalismo tiene máxima aversión a la incertidumbre. De allí que el orden político debe ser apto para maximizar la certeza en un entorno, de por sí, volátil e incierto.

Esta verdadera recesión democrática global también se despliega en nuestra región. De acuerdo al estudio sistemático que desde 1995 realiza la Corporación Latinobarómetro, desde 2010 se verifica una reducción en el apoyo a la democracia y un incremento en la indiferencia ciudadana con el sistema republicano.

En este estudio, nuestro país ostenta la menor proporción de ciudadanos que son indiferentes al tipo de régimen político y una clara mayoría -62%- adhiere a la democracia sin tapujos. Sin embargo, también existe una minoría autoritaria y populista que representa un tercio de la población.

La relevancia de la calidad institucional está dada, por cierto, por fundamentales cuestiones valorativas y de principios. Además, la evidencia empírica demuestra una relación de causalidad positiva entre el desarrollo institucional y los resultados socioeconómicos de un país, superior al efecto positivo que puede tener su dotación de recursos naturales.

No es resultado del azar que – aún siendo nuestro país el iniciador de la ola democratizadora de Sudamérica hace cuatro décadas- las únicas tres democracias categorizadas como plenas en nuestra región de América Latina -Chile, Costa Rica y Uruguay- no sólo exhiben indicadores económicos y sociales satisfactorios, en relación al resto de los países latinoamericanos, sino que, además, afrontaron la pandemia con recursos institucionales más efectivos que sus vecinos.

En efecto, en los últimos años, según la CEPAL, esos tres países pudieron reducir significativamente los niveles de pobreza (Chile casi 30 puntos porcentuales entre 2008 y 2017; Costa Rica y Uruguay 11 y 15 puntos porcentuales, respectivamente, entre 2002 y 2021).

Con relación a la pandemia, esos tres países también tuvieron un mejor desempeño, ubicándose en las posiciones 27, 36 y 45, sobre 149 países, frente a la Argentina que integra el lote de quince países más afectados, de acuerdo al indicador de fallecidos por millón de habitantes según el sitio “Our world in data”.

Es sabido que, así como el riesgo es consustancial al modo de producción capitalista competitivo, el capitalismo tiene máxima aversión a la incertidumbre. De allí que el orden político debe ser apto para maximizar la certeza en un entorno, de por sí, volátil e incierto.

Por lo expuesto, resulta decisivo precisar las características del orden político requerido para avanzar en la superación del estancamiento, asegurando un dispositivo institucional asentado en tres pilares; uno democrático, donde la única fuente legítima de poder es la soberanía popular, libremente expresada en elecciones limpias y verificables; un segundo soporte, de naturaleza liberal, que asegure los derechos a todos y a cada uno, especialmente a las minorías; y un pilar republicano que garantice la independencia de los poderes, el equilibrio y control recíproco y, muy importante, la debida rendición de cuentas de los actos de gobierno.

Sobre esa infraestructura institucional se debe desplegar el programa de nuestra coalición, que fue el resultado del trabajo de los equipos técnicos de todas las fuerzas políticas que la integran.

Nuestro partido, a través de la Fundación Alem, desarrolló durante casi dos años un esfuerzo inédito de análisis, estudio y reflexión de expertos, académicos y dirigentes políticos que se debatió en mayo pasado durante las dos jornadas del Encuentro Programático de UCR en Córdoba y que, finalmente, conformó nuestro programa de gobierno aprobado por unanimidad en la última Convención Nacional: PLATAFORMA ELECTORAL UCR 2023-2027.

Camino al ballotage

Es evidente que las elecciones primarias se desarrollaron en un estado de opinión pública, ampliamente justificado por las condiciones socioeconómicas, caracterizado por el descontento social (el Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la UTDT registra los mínimos desde 2010) y la apatía política (la concurrencia fue del 69%, apenas superior al 67,78% de las legislativas de 2021, una de las más bajas desde 1983).

El resultado de las PASO puso en tensión el “bicoalicionismo imperfecto” que caracterizó a las últimas elecciones presidenciales.

Las PASO también trajeron el inesperado resultado de un podio donde entre las tres fuerzas media una diferencia de 2,77 puntos porcentuales con un candidato que, al conseguir el primer lugar con el 30,04% de los votos, puso en tensión el “bicoalicionismo imperfecto” que caracterizó el escenario electoral de las últimas dos elecciones presidenciales.

Una novedad relevante es la diferencia en el comportamiento electoral entre el Área Metropolitana y el resto del País.

En efecto, el candidato que obtuvo el primer lugar en el resultado agregado salió tercero en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires donde obtuvo el 24,5% y el 17,7%, respectivamente. En la Ciudad, donde había competido en 2021, repitió el mismo porcentaje y obtuvo el mismo número de bancas, 2, en la Cámara de Diputados.

Otra situación que merece destacarse es que cuando se registra competencia para autoridades de gobierno en las jurisdicciones subnacionales, el registro del candidato que obtuvo el primer lugar es menor al promedio nacional. Es el caso de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca y Santa Cruz y, también, en la Ciudad de Buenos Aires.

El resultado de la elección marca una diferencia de apenas 656.000 votos entre el primero y el tercero, quedando Juntos por el Cambio a solo 418.000 votos del primero.

Nuestra coalición debe ser capaz de despertar las energías de una sociedad sacudida por amargos episodios de inseguridad y anestesiada por la ausencia de horizonte común.

La posibilidad de afrontar con éxito los desafíos mayúsculos que se vienen, luego de esta etapa caracterizada por el populismo recargado (ilustrado por los múltiples y repetidos embates a la división e independencia de los poderes) y el ultra facilismo económico (evidenciado por los desequilibrios de la economía) exige una dirigencia -política y social- con visión de futuro y pensamiento estratégico que evite el mesianismo, la recurrencia a la violencia retórica y el desprecio a los fundamentos del liberalismo político.

Juntos por el Cambio debe ser capaz de despertar las energías de una sociedad sacudida por amargos episodios de inseguridad y anestesiada por la ausencia de horizonte común.

Antes que la orientación ideológica de un gobierno está en juego la propia gobernabilidad democrática, único instrumento capaz de producir las transformaciones que la hora exige en el marco de la convivencia pacífica de una sociedad diversa y conflictiva.

Una responsabilidad adicional para los próximos gobernantes será exhibir una clara ejemplaridad en sus conductas, que permita reconstruir el prestigio internacional luego de haber retrocedido 30 posiciones en el índice de percepción de la corrupción entre 2019 y 2023, y que contribuya a legitimar la acción política frente a una ciudadanía impactada por la impudicia de muchos gobernantes.

Solo si somos capaces de convencer a los compatriotas desanimados o desilusionados, tendremos el derecho a vencer en los comicios, e iniciar el arduo camino de la superación del atraso y la decadencia que, asegurando la libertad y la igualdad, promuevan la realización individual y el progreso social.

Si estamos a la altura de la responsabilidad y el desafío, podremos afirmar que no es verdad que la Argentina, como razonaba Charles de Gaulle cuando se refería a América Latina, es la ¨región del futuro y siempre lo será¨.