El año pasado, sólo en la Ciudad de Buenos Aires, entre el casino flotante, las máquinas electrónicas del hipódromo y las salas de Bingo, se jugaron casi cuarenta y cinco mil millones de pesos. Sí, leyó bien, más de diez mil millones de dólares.
Para tener una idea de la magnitud relativa de este verdadero despropósito social, basta saber que el Presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires del año 2011 fue apenas la mitad de lo que se jugó en la ciudad en ese año, o que el monto jugado el último año en la Ciudad es superior a toda la obra pública del Estado Nacional, las erogaciones de la asignación por hijo – mal llamada universal- y las asignaciones presupuestarias del Conicet sumadas.
En los últimos cuatro años, durante los primeros mandatos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, la suma de dinero jugada en la Ciudad – solo en las tres variedades de juego verificadas- aumentó más del setenta por ciento.
La información disponible, cuya obtención es una verdadera misión imposible, permite saber que los ingresos del concesionario del casino, donde el monto jugado casi se multiplicó por tres desde el año 2007, alcanzaron en los últimos cuatro años una cifra que orilla los dos mil quinientos millones de pesos, más de seiscientos millones de dólares.
En el caso de las máquinas electrónicas, los ingresos del operador superaron en los cuatro años los tres mil trescientos millones de pesos, más de ochocientos millones de dólares.
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires percibieron el año pasado escasos ciento ochenta y cuatro millones de pesos cada uno, es decir menos del uno por ciento de lo que se jugó en el año en el casino y en las máquinas electrónicas.
En adición a la conducta socialmente disvaliosa que revela el auge del juego y, por otra parte, la exigua contribución fiscal con la que habitualmente se pretende justificar su promoción, corresponde consignar que el mismo es internacionalmente considerado como “una actividad financiera” de alto riesgo en relación con las prácticas delictivas del lavado de dinero.
Esa caracterización impone – de acuerdo a los criterios del organismo intergubernamental del cual forma parte nuestro país, el GAFI- la necesidad de conocer en detalle la composición accionaria y el origen de los fondos de los concesionarios de las salas de juego; asimilar los jugadores a los clientes de un banco que deben ser identificados y, por último, que las salas de juego presenten una detallada base de datos de sus operaciones. Los análisis y recomendaciones del GAFI tienen en cuenta el extraordinario volumen del movimiento de capitales ilegales que, según estudios recientes de las Naciones Unidas, han sido estimados en 10000 millones de dólares diarios.
Desde esa perspectiva, el desempeño de nuestro país ha merecido del organismo competente, el GAFISUD, en la última evaluación de Diciembre del 2010 una recomendación por la que se “debe implementar un régimen normativo y de supervisión de antilavado de activos para los casinos”, en especial porque “no hay autoridad competente para supervisar a los casinos”.
Esa recomendación se funda, entre otras razones, en que según los propios datos oficiales, de las 10712 denuncias de operaciones sospechosas de lavado de dinero recibidas por la UIF desde el año 2002 hasta el mes de Marzo de 2011, solo 26 fueron reportadas por salas de juego.
La Argentina cuenta, según un Informe específico del GAFI sobre la vulnerabilidad a delitos de lavado de dinero en los casinos de Marzo del 2009, con más de 80 salas de juego que debían aplicar las recomendaciones, una cantidad que se equipara al total de salas en todos los países de América del Sur.
La sociedad argentina no puede enfrentar la nociva y creciente actividad del juego privado con un Estado que alienta su desarrollo con inadmisibles exenciones tributarias y arbitrarias prórrogas contractuales. Los actuales gobernantes, al hacerlo, se hacen cómplices de una actividad privada altamente rentable y peligrosamente tóxica en términos sociales.
