Nuestra salud en 2021: ¿cuánto invertirá el Estado?

Un análisis pormenorizado del gasto en salud presupuestado para 2021 despierta algunas alarmas. 

La semana pasada participé del encuentro virtual “Salud y Economía: Convergencia necesaria para enfrentar las emergencias sanitarias, sin limitar el camino del Desarrollo Sostenible”, por invitación de  Fundación HCV Sin Fronteras, Fundación Huésped, Todos Frente al Chagas y Salud para Todos Argentina. En mi intervención, hice algunos aportes respecto del Presupuesto Nacional 2021 a los efectos de mejorar la comprensión del problema en el que nos encontramos, llegando a finales de un año signado por la emergencia sanitaria global más graves de la historia reciente.

Nuestro sistema sanitario de base evidencia un muy serio problema de equidad, produciendo una extrema fragmentación, aún dentro del sector público. Estas características están fundadas en una asimetría en las capacidades financieras y de gestión dentro de las provincias cuando nos referimos a ese segmento del sector público. En el caso de los trabajadores formales, los pensionados y sus familias, ahí hay una cobertura adicional,  que también cuenta con asimetrías; y finalmente los voluntarios que forman parte de las empresas de medicina prepaga.

El presupuesto de salud previsto para 2021 presenta un ajuste significativo respecto del ejecutado este año. 

Se gasta alrededor del 10 puntos del PBI en el sistema, un porcentaje alto que es a la vez dramáticamente inequitativo e ineficiente. Este punto de partida presenta un enorme desafío con vistas a lograr una cobertura sanitaria universal. Se trata de un problema institucional, dado que la competencia en la prestación de los servicios de salud recae en los gobiernos subnacionales, pero eso no debe implicar -como de hecho lo hace- la ausencia de la Nación.

El presupuesto 2021 prevé un ajuste de los recursos correspondientes al Ministerio de Salud (contemplando a la administración central y los organismos descentralizados) equivalente a una caída real interanual de 9,3% (cálculo que contempla la hipótesis oficial de inflación de 29% para 2021). El crédito disponible para ser gestionado por la Superintendencia de Servicios de Salud que regula a las Obras Sociales Nacionales es inferior incluso en términos nominales al del año 2020, representando una reducción real aún más profunda .

Algunos programas presentan una reducción notable, por ejemplo, el Programa SUMAR-que brinda cobertura de salud a personas que no cuentan con obra social ni prepaga-, se reduce 13% en términos reales, el Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles disminuye sus recursos 9% valuado a precios constantes, y el Programa de Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra prevé una caída de 6% contemplando la inflación.

También se pierde cobertura y protección social con la discontinuidad de la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), y del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) (sobre el que escribí acá). Estas herramientas de asistencia social fueron diseñadas para proteger a las familias y a los trabajadores frente a la pandemia. Si bien su instrumentación puede ser controvertida -y, sin lugar a duda, mejorable-, lo cierto es que este año el ATP y el IFE han sido ejes presupuestarios y sostén de muchos argentinos para quienes no resultará fácil encontrar fuentes de ingresos que las sustituyan. ¿Habremos superado el COVID-19 en 2021? Eso parecería ser, de acuerdo a lo que está presupuestado.

Las herramientas de emergencia, como el IFE y el ATE, fueron eliminadas del presupuesto y se redujeron las partidas que solventan a las poblaciones más vulnerables.

Para agravar la situación, en este momento de crisis y desamparo, tanto la Asistencia Universal por Hijo (AUH) como la tarjeta ALIMENTAR presentan, en el presupuesto 2021, un crecimiento por debajo de la inflación prevista, es decir, una reducción en términos reales.

El gasto en vacunas es un ítem que llama la atención en el presupuesto. Desde ya, hay una previsión para afrontar el gasto en la eventual vacuna para el coronavirus. Ahora bien, fuera de esa asignación, el resto de las vacunas del calendario actual se deberá solventar con un incremento nominal del gasto de tan sólo 8% con respecto a este año. Con una inflación del 29%, que podría ser incluso mayor que la prevista en el presupuesto, se agiganta la necesidad de tener un nivel eficiente en el gasto público.

La eficiencia, entonces, será clave. En este aspecto, el Estado en años recientes llevó a cabo dos acciones que tuvieron un gran impacto. En primer lugar, un programa de compra pública coordinada de medicamentos oncológicos que permitió un ahorro del 50% en el gasto en drogas oncológicas.  Del mismo modo, en una sensible mejora de administración, en el PAMI fue posible depurar los padrones de 400.000 beneficiarios en exceso que no correspondían y eso permitió un ahorro importantísimo en términos de cápitas que se estaban pagando sin que correspondiera hacerlo.

Una reflexión respecto del papel crucial de la sociedad civil.  La labor de la AGN se ha visto enriquecida en la última década con la inclusión de peticiones de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para incorporar al plan de acción de la Auditoria. Recuerdo puntualmente dentro del ámbito de salud, un informe vinculado al Mal de Chagas que se hizo como respuesta al requerimiento de la Asociación Civil por la Independencia y la Justicia (ACIJ).

Finalmente, un último comentario. La superación de las consecuencias de la pandemia dependerá  de circunstancias internacionales, pero también de las aptitudes y capacidades del sistema político.  En ese sentido, es imprescindible mejorar el ecosistema de control en nuestro país. Para ello, la rendición de cuentas entre los poderes es esencial, pero también es necesaria la rendición de cuentas vertical donde los funcionarios hagan frente a sus responsabilidades frente a los ciudadanos.

Por esta razón, es inaceptable la opacidad en algunas de las contrataciones públicas. Un trabajo de Poder Ciudadano, otra Organización de la Sociedad Civil, relevó las contrataciones efectuadas entre marzo y septiembre en el sector público por razones de COVID, y llegó a la siguiente conclusión: de 330 adjudicaciones por un valor de 14.000 millones de pesos, el 14% de ellas fueron realizadas por fuera del sistema COMPRAR, abriendo las puertas a situaciones irregulares. Esa misma falta de transparencia en los actos públicos fue identificada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que en un estudio sobre 232 expedientes, detectó que 97 de ellos no fueron publicados ni en el Boletín Oficial ni por la Oficina Nacional de Contrataciones.

El desafío que nos deja la pandemia es muy grande: tenemos que mejorar la Gobernanza en nuestro país, ampliando la relación y la vinculación entre la Sociedad Civil y las instituciones, para hacer realidad un principio insoslayable: la rendición de cuentas horizontal y vertical que fortalezca la confianza social en la vida democrática.