Los números del 2015

En la sesión del Colegio de Auditores Generales de la semana pasada tratamos el informe de auditoría sobre Cuenta de Inversión 2015. Esta tarea anual, encomendada a la AGN en forma expresa por la Constitución Nacional, consiste en analizar los Estados Contables y la ejecución presupuestaria que presenta la Administración Nacional.

El dictamen técnico de la AGN sobre Cuenta de Inversión es un antecedente imprescindible para que el Congreso pueda evaluar la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo en el manejo de los fondos públicos.

No es una evaluación de la gestión sino de cumplimiento y razonabilidad de la información expuesta en la Cuenta de Inversión.

Para el ejercicio 2015, la AGN emitió un dictamen favorable con salvedades con respecto a los Estados Contables.

Esto quiere decir, por un lado, que se considera que las cifras provistas por el Poder Ejecutivo expresan razonablemente la situación patrimonial. ¿Cuál es esta situación patrimonial? Son muchos los números y gráficos contenidos en el informe de los Estados Contables 2015, a lo largo de centenares de páginas. A modo de ultra síntesis: el resultado de las cuentas públicas mostró, por séptimo año consecutivo, un resultado deficitario y el patrimonio neto fue negativo, es decir, los pasivos -compuestos en un 96% por deuda-, superaron al conjunto de activos del Estado.

Por otra parte, el dictamen hace referencia a “salvedades”, es decir que no se trata de una aprobación lisa y llana, sino que existen limitaciones al alcance, incertidumbres, problemas de exposición, inconsistencias en la valuación y falta de uniformidad de criterios en algunos aspectos.

Junto con el informe del auditor sobre los Estados Contables, la AGN acompaña una opinión sobre la forma en que el Poder Ejecutivo ejecutó el presupuesto aprobado por el Congreso. En este capítulo no hay dictamen de aprobación sino que se suele hacer una serie de comentarios.

Surge de ahí, al contrastar el presupuesto aprobado por el Congreso con lo efectivamente devengado, que hay diferencias en varias partidas, algunas por debajo de lo autorizado y otras por encima. Neteando las diferencias, en 2015 el Gobierno Nacional se excedió -por vía de un Decreto de Necesidad y Urgencia- en 14,4% sobre lo autorizado por el Congreso. Por ejemplo, la inversión pública se retrajo en términos reales con relación a 2014, ya que se realizaron menores gastos de capital. En algunas áreas-como la del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva- se erogó menos de lo disponible, mientras que en otras la ejecución presupuestaria fue mayor. Tal es el caso de las partidas de Prensa y Difusión, donde se utilizó el doble del crédito autorizado originalmente por el Congreso.

Otro aspecto relevante de la ejecución presupuestaria fue el peso que tuvieron las transferencias de fondos al sector privado y a las provincias sobre el gasto total. Este es un proceso que se fue dando en forma creciente en los últimos años, liderado por los subsidios tarifarios. Si analizamos las Cuentas de Inversión del período 2003 a 2015 vemos que, por ejemplo, en los servicios sociales, las transferencias aumentaron el 1.600% en términos nominales mientras que las vinculadas a subsidios energéticos aumentaron el 46.000%.

También hay un comentario a hacer sobre cómo se decide la asignación de estos fondos nacionales. En 2015, tres de cada cuatro pesos que recibieron las provincias y los municipios en concepto de transferencias del Tesoro Nacional obedecieron -no a criterios normativos- sino a decisiones subjetivas del poder administrador.

En cuanto a los proyectos de inversión, se observa algo sobre lo que he escrito previamente (ver post La plata que no llega): no se respeta la Ley de Inversiones Públicas. Más aún, del plan que votó el Congreso, hubo 728 proyectos en todo el país por un valor de $3.300 millones en los que el Poder Ejecutivo decidió no gastar un peso. Las inversiones que sí se realizaron, por otra parte, no cumplieron con el procedimiento de evaluación previsto para proyectos que superen los $50 millones y, también, se eludió esta obligación a través del pago de anticipos financieros a proveedores. En conclusión, en 2015, más de 8 de cada 10 pesos se gastaron a discreción de los funcionarios, sin respetar normas preestablecidas.

En el Colegio de Auditores me pareció oportuno complementar la formalidad de la aprobación de la Cuenta de inversión, destacando las salvedades sobre los Estados Contables, así como las observaciones sobre la ejecución presupuestaria y otros aspectos de análisis que grafican vividamente el ciclo político del cual el 2015 fue el último ejercicio.