Los desafíos de la gobernanza frente al COVID-19

El miércoles pasado estuve hablando sobre los desafíos de la buena gobernanza frente al COVID-19 en el ciclo de webinarios que lleva a cabo la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). 

Estamos frente a una emergencia sanitaria que ha derivado en una crisis humanitaria de escala global. Hasta ayer se podían computar más de 600 mil fallecidos y más de 15 millones de casos en todo el mundo.

Nuestra región de América Latina es hoy el epicentro de esta pandemia. Sólo Brasil computa más de 2 millones de afectados, el doble de la India.

La pandemia alcanza a todos los países, no discrimina por régimen político, ni por el nivel de desarrollo que ese país tiene, ni tampoco por el grado de su integración al mundo. Al mismo tiempo, afecta a todas las personas sin importar la ubicación en la escala social, la etnia, si practica alguna religión, ni cuál es la ideología que posee.

No sabemos cuándo concluirá la pandemia ni cuántas víctimas se cobrará. Tampoco sabemos cómo quedará el tablero geopolítico global. Entre tanta incertidumbre hay una certeza: ya, hoy, estamos frente a la crisis económica y social mas intensa desde 1930.

En este contexto podemos debatir muchas cosas. Podemos debatir cómo quedarán la estructura y la distribución del poder mundial; si se intensificará o no la “des occidentilización” de la globalización que ya está en marcha. Podemos discutir -hay opiniones encontradas- sobre cómo quedaran paradas las instituciones multilaterales. También hay puntos de vista divergentes sobre la rivalidad geopolítica entre las superpotencias: ¿cómo emergerán  China y Estados Unidos tras la pandemia? ¿afianzará alguno de esos países el predominio tecnológico?

Entre toda esta incertidumbre, hay algo que está fuera de discusión. Aún sin saber cuándo concluirá la pandemia y cuántas víctimas nos dejará, hoy ya estamos en condiciones de afirmar que estamos frente a la crisis económica y social más profunda e intensa desde 1930 a la fecha.

Dos indicadores dan cuenta de esta afirmación: 1) En la reunión de primavera del hemisferio norte del Fondo Monetario Internacional, la Directora Gerente nos informó que de los 189 países que componen esa institución, casi 100 habían iniciado conversaciones para requerir asistencia; 2) Según la OIT, la caída de las horas trabajadas en el segundo trimestre del año en curso equivale a la pérdida de alrededor de 300 millones de puestos de trabajo completos en el mundo. 

América Latina finalizará el 2020 con un ingreso por habitante similar al de 2010 y tendremos nuestra segunda década perdida en términos económicos.

En nuestra región, todo es peor.  La CEPAL estimó para este año una caída del PBI de 9% con respecto al año pasado y brindó una serie de datos muy alarmantes: habrá 45 millones más de pobres, de modo tal que concluiremos con 226 millones de nuestros conciudadanos bajo la línea de pobreza; se perderán casi 10 millones de empleos; habrá cientos de miles de empresas que cerraran sus puertas.

Ese impacto es resultado de la caída de los precios de nuestros productos de exportación, del comercio, de  las remesas de los migrantes y del turismo receptivo.  Así, hoy por hoy podemos afirmar que América Latina finalizará el 2020 con un ingreso por habitante similar al de 2010 y tendremos nuestra segunda década perdida en términos económicos en América Latina.

Con las lecciones que ya hemos aprendido y con la historia que hemos recorrido, es posible afirmar entonces que los desafíos de la gobernanza en América Latina -y el papel de las entidades fiscalizadoras superiores- en la pandemia, se vuelve crucial. El futuro de nuestra región depende, esencialmente, de dos cuestiones; en primer lugar, de la evolución de la economía mundial y, en segundo término, de la aptitud de los sistemas políticos de cada uno de nuestros países para atender los desafíos del progreso social y la sostenibilidad ambiental.

No hay mucho que podamos hacer, en el corto plazo, con respecto al primer punto; la caída de la actividad de este año -aún cuando haya un rebote como se espera en 2021-, hará que a nivel global sigamos estando por debajo del 2019.

Nos tenemos que preguntar cómo, desde los sistemas políticos, podemos contribuir a los objetivos de progreso y sostenibilidad. Y eso nos conduce al análisis de la gobernabilidad.

Al impacto de la pandemia, en América Latina se suman graves déficits. Estamos en la región más violenta y más desigual del mundo.

Según el BID la noción de gobernabilidad hace referencia a “la capacidad de los sistemas democráticos para aprobar, poner en práctica y mantener las decisiones necesarias para resolver los problemas sociales resultados de procedimientos democráticos institucionalizados que consideren plenamente los puntos de vista e intereses de los actores sociales y políticos relevantes”. Con esa mirada, se podría decir que a las consecuencias que la pandemia se suman a los graves déficits y falencias que nuestra región nos ofrece.

América Latina ha avanzado en prácticas democráticas, dejando atrás golpes de Estado y dictaduras, aunque no se puede ignorar que en los últimos años persisten matices autoritarios y se han producido destituciones de presidentes por fuera de los procedimientos institucionales que las constituciones prevén.

Nuestra región de América Latina es la región más violenta del mundo. Tenemos menos del 10% de la población mundial pero entre nosotros se registra el 25% de los homicidios que se cometen todos los años en el mundo; el promedio es 4 veces el promedio mundial, y muchas de nuestras ciudades están entre las más violentas del mundo.

Segunda cuestión de fondo: nuestra región es la más desigual del mundo.  El país menos desigual que tenemos, Uruguay, es más desigual que cualquiera de los países del mundo desarrollado y América Latina aporta ocho de los 20 países más desiguales del mundo.

La desigualdad, la violencia y la corrupción socavan la confianza social en las instituciones.

El tercer problema es el retroceso que se ha vivido en los últimos tiempos en capacidades para combatir la corrupción. La desigualdad, la violencia, la corrupción socava la confianza social en las instituciones y amenaza la estabilidad política y la vigencia del estado de derecho.

Quisiera instalar algunos principios que creo deben guiar el accionar de nuestras EFS en América Latina. Pienso al gobierno en sentido amplio, es decir, más allá de los que ejercen el poder ejecutivo, pienso en repúblicas, con los tres poderes que son parte del gobierno.

En primer lugar, tenemos que estar seguros de la existencia de una asociación positiva, una relación de causalidad, entre fortaleza de las instituciones y resultados económicos y sociales. Mientras más fuertes sean las instituciones, mejores resultados económicos tendrán nuestros países.

Propongo tres principios para guiar el accionar de las EFS como parte del gobierno en sentido amplio: 1) fortalecernos como instituciones, 2) rendir cuentas a los ciudadanos, 3) impulsar  acciones que permitan incorporar nuevos conocimientos.

Por otra parte, en sistemas políticos presidencialistas, como los de nuestra región, la rendición de cuentas es esencial, no solamente horizontal como estamos acostumbrados, sino también vertical: las instituciones y los funcionarios deben dar cuenta de su accionar a los ciudadanos. Para eso, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación social adquieren relevancia.

Finalmente, debemos impulsar el aprendizaje e incorporar buenas prácticas. La pandemia nos ha hecho reflexionar a las EFS de la región y hemos tenido iniciativas interesantes, como la de este ciclo de webinarios, para compartir experiencias. Sin embargo, por la magnitud de los desafíos que tenemos por delante, debemos potenciar todas las acciones que mejoren nuestro desempeño.