Este año se cumplen 30 años de la sanción de la Ley 24.156 de Administración Financiera, una norma vital para el control y la fiscalización del Estado. El aniversario llega luego de dos años en que la gestión estatal de la pandemia dejó entrever grietas en el sistema republicano en Argentina y con la perspectiva de un contexto global inestable.
El manejo de la pandemia es muy revelador…
La emergencia por la que transitó el mundo a raíz de la pandemia dio lugar a diversas acciones para contener sus efectos desde las administraciones centrales. En muchos casos, los gobiernos se equivocaron, actuaron a destiempo o abusaron de las excepciones en detrimento de las libertades. Argentina es un caso testigo, donde todo eso se confirma, debido en gran medida a su fragilidad institucional.
Si bien la emergencia exige medidas de excepción, algo no está bien cuando en un año hay más decretos de necesidad y urgencia de contenido legislativo que leyes sancionadas por el Congreso.
Es frente a situaciones extremas que nuestro sistema republicano se pone a prueba y nos preguntamos: ¿se confirma la separación de poderes? ¿existen los controles cruzados entre ellos?
Los cimientos de nuestro sistema de control
En este contexto y atento a que el sistema vigente de control del Estado cumple tres décadas, es oportuno revisar su contenido.
La Ley 24.156 estableció, en 1992, un sistema de administración financiera para el sector público nacional y sus correspondientes sistemas de control interno y externo.
En lo referente al control interno (en el seno del Poder Ejecutivo) creó la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) mientras que como ente encargado de control externo (por fuera del Poder Ejecutivo) creó a la Auditoría General de la Nación (AGN).
En la Universidad de Morón, conversando sobre el “Estado del Sistema de Control” con alumnos de la Escuela Superior de Leyes y el Observatorio de Políticas Públicas de la Carrera de Abogacía.
Con respecto a la AGN me parece importante hacer mención a la Reforma Constitucional que vino poco después, en 1994. Su espíritu de vanguardia republicana se ve reflejado en la incorporación de derechos de tercera generación y en el diseño de un sistema de pesos y contrapesos para atenuar el hiperpresidencialismo mediante la transferencia de poder al Congreso.
Es así como al mencionar a la AGN en su Art. 85, la Constitución Nacional jerarquiza al organismo, al tiempo que le brinda mayor independencia. En efecto, donde la ley 24.156 había establecido dependencia funcional del poder legislativo, el texto constitucional define a la AGN como un ente autónomo que le presta asistencia técnica. A su vez, establece que la presidencia del organismo corresponde al partido político opositor con más cantidad de bancas en el Congreso.
La AGN es, entonces, uno de los pilares del control en Argentina, dada su independencia y su papel en aportar herramientas para que el Congreso ejerza el control sobre las administraciones de turno.
El ejercicio de la tarea de control
Dentro del marco que establecieron la ley de administración financiera y, luego, la Constitución Nacional, se han ido desarrollando a lo largo de estas tres décadas las auditorías que ayudan a controlar el accionar del Estado, siendo de gran relevancia algunos hitos que me gustaría destacar.
En primer lugar, la forma en que la AGN establece su programa anual de auditorías; además de obedecer aquello que determinan las leyes o que explícitamente manda la Constitución -como en su necesaria intervención en el trámite de aprobación o rechazo de la cuenta de inversión de los fondos públicos-, los posibles sujetos a auditar son tamizados por una Matriz de Importancia Relativa que pondera los riesgos relativos y establece las prioridades de auditoría de cada año. A esta herramienta de gestión desarrollada por el organismo, se suma la ventaja de haber adoptado normas estandarizadas con base en las normas profesionales vigentes en nuestro país y a las ISSAI (International Standards of Supreme Audit Institutions), que reúnen las mejores prácticas internacionales.
También existe un deber autoimpuesto por la Auditoría General de la Nación y es el de auditar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), no solamente por considerar esta agenda relevante para el presente y futuro, sino porque nuestro país es uno de los países firmantes de este compromiso a nivel global.
Repasando los hitos de la Auditoría General de la Nación en las tres décadas desde su creación en el stand de APOC de la Feria del Libro.
En tercer lugar, también por iniciativa propia y de forma pionera en la región latinoamericana, la AGN protagonizó un hito fundamental en materia de construcción de confianza social en las instituciones a la hora de ofrecer a los ciudadanos y sus organizaciones la posibilidad de participar y mejorar el sistema de control argentino.
El programa de Participación Ciudadana -que en 2022 también tiene su aniversario, en este caso de 20 años- es relevante ya que agrega al control horizontal del mandato constitucional la promoción del control vertical, para que los ciudadanos -y las organizaciones que los representan- puedan incorporar su visión y propuestas al proceso de auditoría.
La participación ciudadana en el control ayuda a fortalecer la confianza pública y esto a su vez genera instituciones más fuertes y creíbles. Esto cobra aún más relevante frente a la apatía y el descreimiento que se extiende en la región latinoamericana, con los índices de desconfianza en las instituciones en máximos históricos.
La práctica política tuerce la voluntad de las normas
Volviendo a ampliar la mirada hacia todo el ecosistema de control y al quehacer institucional, vemos que las normas existen y que la voluntad legislativa oportunamente fue la de fortalecer el sistema republicano. No obstante, la práctica política en Argentina va generando fracturas en los cimientos del andamiaje insitucional.
La forma de gobernar por emergencia llegó a su extremo en la pandemia, con consecuencias nocivas para los fundamentos republicanos, pero no es nueva en la Argentina. Más bien es un método; nos podemos remitir a la emergencia económica, la emergencia energética, la emergencia ferroviaria, por solo citar algunos ejemplos. Muchas veces necesarias en origen, estas emergencias temáticas o sectoriales se extienden innecesariamente en el tiempo, o se naturalizan, dotando de poderes extraordinarios al Ejecutivo. Paradojicamente, se tuerce así la voluntad original de los legisladores del ‘92 -que buscaron el control cruzado- y de los convencionales constituyentes del´94 -que buscaron combatir al hiperpresidencialimo.
Así, el ejercicio del poder en Argentina -de la mano de formatos populistas que han sido lamentablemente tan frecuentes- elude la normativa y en consecuencia agrieta el sistema republicano.
La vía para el desarrollo económico es la fortaleza institucional
La singularidad de los tiempos que corren está marcada por un contexto de alta volatilidad, tanto económica como social, en todo el planeta; a la pandemia (que aún sigue entre nosotros) se le suman conflictos bélicos e inestabilidad financiera.
Ningún país está exento de recibir el golpe de estos dramáticos acontecimientos, pero dolerá más en aquellos cuyas estructuras de resiliencia estén más débiles.
Sin lugar a dudas la confianza social y la robustez de las instituciones del sistema actúan como coraza a los diversos embates de la realidad global, robustez que bajo ningún concepto puede ser concebida como un hecho de azar o arte de magia, sino, que muy por el contrario, se construye día a día con la previsibilidad, la ejemplaridad en el actuar gobernante, la apertura, la transparencia y las bases fuertes de control recíproco, tanto entre los poderes del Estado, como desde la ciudadanía.
Sabemos que el ordenamiento jurídico deseable funcional al propósito de lograr esa asociación positiva entre instituciones y desarrollo debe contener tres pilares fundamentales de naturaleza distinta:
- DEMOCRÁTICA para estar sostenido sobre bases legítimas.
- LIBERAL que proteja los derechos y libertades individuales con hincapié en las minorías.
- REPUBLICANA donde el control juega un rol central y las instituciones se imponen por encima de las individualidades.
Estos son los pilares que deben estar al servicio de una salida del estancamiento secular de nuestro país.
Debemos reparar las fracturas del sistema republicano, antes de que se desmorone. Estamos a tiempo para hacer esto que, más que una necesidad del sistema, se ha convertido en una urgencia social.
5 respuestas a «La República puesta a prueba»
Celebró este análisis por su capacidad de iluminar problemas político institucionales poco conocidos o no tratados por quienes tienen vocación democrática, hacen a la formación de la opinión pública y no los ven.
Muy interesante e instructivo. Muchas gracias por compartirlo. Gracias.
Es muy interesante el análisis
Político que realiza el Dr Jesús Rodriguez
La República Argentina, Nuestro País, experimenta nueva prueba, siendo una Democracia muy Joven, ¡con solo 39 años!
En materia de salud:
Estado de situación de la Pandemia por el COVID-19 en Argentina.
Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades respiratorias y afectan a algunas especies animales. El SARS-CoV-2, en particular, puede afectar a humanos. Es de transmisión zoonótica y generado principalmente a causa del avance de la mancha urbana sobre los ecosistemas naturales. Los primeros casos de coronavirus se detectaron en Wuhan, China, en diciembre de 2019, en personas que habían estado en un mercado de pescado de la ciudad, donde también se comercializan otros animales. Así Wuhan se constituyó en el epicentro del brote, que luego se extendió a otros países. El 9 de enero de 2020 se identificó el 2019-nCoV; el 30 de enero, la OMS declaró que el brote del nuevo coronavirus representaba una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) en el marco del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), y el 11 de marzo fue declarado pandemia. En este contexto mundial, Argentina inició la preparación para la respuesta, mediante la detección oportuna de personas enfermas que llegaban al país, para contener la enfermedad y mitigar la diseminación. Entre estas medidas, destaca el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en todo el país para aquellas personas que no trabajan en sectores esenciales de la economía, que entró en vigor tempranamente, el 20 de marzo. La cuarentena total y obligatoria es reconocida como la política más efectiva por parte de expertas y expertos que asesoran al gobierno. Si bien estas medidas han permitido que la curva de contagios permanezca aplanada durante varias semanas en su promedio y bien contenido en ciertas jurisdicciones del país, está aumentando de manera más acelerado en el mes de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos y la Provincia de Buenos Aires. Los próximos días serán decisivos a la hora de evaluar el curso de la pandemia en el país. Lo importante y urgente ahora es un escalamiento e intensificación de ciertas medidas clave de salud pública para poner presión al virus e interrumpir las cadenas de transmisión. Estas medidas son el testeo y aislamiento de casos positivos de COVID-19, y el rastreo exhaustivo de los contactos y su cuarentena durante 14 días, mientras se mantiene el compromiso comunitario para hacer su parte en la higiene de manos, etiqueta respiratoria y distanciamiento físico.
ANÁLISIS INICIAL DE LAS NACIONES UNIDAS COVID-19 EN ARGENTINA: IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL
Ley 26.122 sobre el régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de delegación Legislativa y de promulgación parcial de Leyes.
En 2006 se constituye la Comisión Bicameral Permanente, creada en la reforma constitucional de 1994, Su función es expedirse acerca de la validez o invalidez de los Decretos y la elaboración de Dictámenes, correspondiendo al pleno de cada una de las Cámaras del Congreso la adopción de las decisiones finales respecto a la aprobación o rechazo de los Decretos del Poder Ejecutivo sometidos a su control.
Las Cámaras tienen la obligación Constitucional y Legal de dar “inmediato” y “expreso” tratamiento al Decreto una vez remitido el Dictamen de la Comisión Bicameral.
La Constitución Nacional:
Sistema Presidencialista, fuerte en nuestra Nación:
El presidencialismo o sistema presidencial es en política, una forma de gobierno en la que, una vez constituida una República, la Constitución establece una división de poderes entre el poder Ejecutivo, el poder Legislativo, poder Judicial, y el jefe de Estado, además de ostentar la representación formal del país.
La Legislación:
Toda Ley es perfectible:
Ahora, corresponde proponer al Poder Ejecutivo, Organización que controla al Poder Legislativo.
A modo Ilustrativo:
El sistema político imperante entonces era el absolutismo. Un rey, Luis XV, mandaba en todo y todos, incluyendo en su Justicia. Porque era del monarca y se aplicaba de forma arbitraria, dando a los jueces un amplio margen de interpretación de sus leyes.
Las ideas de Montesquieu rompieron con todo.
Propuso una nueva división de poderes del Estado. Concretamente en tres partes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Tres poderes separados en tres ramas independientes y en tres áreas de responsabilidad distintas.
Tres poderes en el que ninguno mandara sobre el resto. En un sistema de pesos y contrapesos.
Judicial:
La aplicación de Justicia:
Si analizamos la Justicia en una gran síntesis, es tener el Poder de otorgar un beneficio, de lo contrario sería una Injusticia.
AGN
Sus facultades Legales de controlar y realizar Dictámenes de Gestión, con un Prestigio Internacional, y la Participación Ciudadana, le complementa con Legitimidad.
La práctica Política es dinámica:
Requiere adecuación, según la (RAE) Populismo,Tendencia política que pretende prestar atención especial a los problemas de las clases populares.
Según el diccionario de Oxford Política: Actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país.
Conclusión:
En nuestro País, está todo por realizarse, todo por hacerse, es evidente los conflictos de intereses, pero corresponde dar la discusión Política por todos los medios, Para una Soberanía Económica de carácter integral de Producción, Desarrollo y Distribución de las Riquezas.
Nuestro País, es un País Politizado, pero no hay Cultura Política.
Sr. Jesús Rodríguez: Coincido con usted en que la República está “puesta a prueba”. Lo aliento a que ese Organismo, que usted preside, continue sin claudicaciones su invalorable tarea de auditar los recursos y finanzas del sector público nacional y velar por la transparencia de su utilización.