La razón y la pasión

Reproduzco aquí el texto de la presentación que realicé la semana pasada en un seminario interno del radicalismo.

Me propongo en esta presentación dos objetivos, nacidos de la profunda convicción en la validez del camino de la democracia republicana para la Argentina y en la necesidad de fortalecer las instituciones, incluidos los partidos políticos. En primer lugar, un balance del gobierno y de la acción política de Cambiemos, inmerso en el contexto histórico de su nacimiento: la necesidad de generar una alternativa al populismo rancio que luego de 12 años de gobierno dejó a nuestro país estancado, maniatado y con la pobreza estructural sin resolver. En segundo lugar, procuro responder a la pregunta “¿Y ahora qué?” para Juntos por el Cambio -y en particular para el radicalismo como integrante de la coalición-, teniendo en cuenta las cartas del mazo que ha mostrado en las primeras semanas el gobierno de Alberto Fernández.

La octava elección presidencial después de la inauguración democrática de 1983 repuso en el gobierno al peronismo y tuvo como novedad auspiciosa que otro presidente electo, perteneciente a una fuerza política diferente a la surgida con el golpe de estado de 1943, terminara su mandato de acuerdo a las normas establecidas, episodio que no ocurría desde que Marcelo T. de Alvear fuera sucedido por Hipólito Yrigoyen, hace casi un siglo, en el año 1928.

El registro de ese invaluable activo histórico no debe eludir el necesario análisis crítico del gobierno de Cambiemos que ayude a entender el proceso político de los últimos años y también a establecer una base para la acción política de la UCR en el futuro inmediato. Ese es el propósito de este texto.

Cambiemos proveyó una alternativa al continuismo con vocación hegemónica, mezcla de rancio revisionismo histórico, estilo de protesta setentista y aroma bolivariano rioplatense.

La finalización del gobierno de CFK en el año 2015, que con doce años en el poder fue el más extenso experimento político desde el golpe militar de 1930, dejó a la Argentina enredada en una extravagante política internacional, maniatada por mayúsculos desequilibrios macroeconómicos, sometida por el estancamiento productivo y con uno de cada cuatro hogares argentinos sumidos en la pobreza.

La construcción de Cambiemos respondió a la necesidad de ofrecer una alternativa al continuismo con vocación hegemónica, mezcla de rancio revisionismo histórico, estilo de protesta setentista y aroma bolivariano rioplatense. Sin embargo, para el propósito del pasaje del populismo hegemónico del siglo XXI al republicanismo popular, no estaba disponible ni el razonamiento teórico, ni casos prácticos concretos, como sí lo hubo al momento de la transición democrática de principios de los ochenta en la región de América Latina, que se nutrió de trabajos académicos y de la historia inmediata de la Europa mediterránea.

El Gobierno de Cambiemos

Entre 2015 y 2019 el gobierno de Cambiemos, sin hoja de ruta probada disponible, afrontó múltiples hipotecas con una combinación de displicencia política, un desacertado diagnóstico y la decisión de posponer la obligación republicana de ofrecer información completa del estado de los asuntos públicos tras la gestión peronista.

Por un lado, calibró mal sus propias debilidades -dadas por su condición de minoría en el Congreso y la escasez de administraciones provinciales- al tiempo que el socio mayoritario de la coalición subestimó a sus aliados.

Por otro, decidió aceptar un incompleto y superficial diagnóstico que relativizó las complejidades del estancamiento secular de la Argentina y, al mismo tiempo, minimizó la triple dimensión del conflicto distributivo en nuestro país: funcional, regional e intertemporal.

Además, la universal tensión entre la democracia y el capitalismo tuvo, en el caso de nuestro gobierno, el agregado de un momento de cambio y transformación en las coordenadas del poder global y, no menos importante, la actitud política del peronismo que, desde el primer minuto, trató como intrusos en el poder al gobierno surgido de la voluntad popular libremente expresada en las urnas.

Sin embargo, a pesar de la conflictiva realidad económico-social y de la fragilidad del gobierno; de la acción opositora -en el Congreso y en las calles- y del adverso e incierto contexto externo, Cambiemos tuvo la capacidad para superar el test electoral de la renovación parlamentaria del año 2017 lo que, infelizmente, realimentó el ensimismamiento político, peculiar y perjudicial rasgo del estilo presidencial.

La gestión estatal sin eficacia política es, en el mejor de los casos, saber tecnocrático sin rumbo conceptual.

Al tercer año de Cambiemos en la Casa Rosada, la convergencia del diagnóstico impreciso y desactualizado, los errores políticos y económicos, la turbulencia financiera internacional y la mala fortuna de la gravosa sequía, expusieron de manera dramática las vulnerabilidades del gobierno.

Así y todo, afrontamos el desafío de la elección presidencial con una más que razonable cohesión interna de la coalición, luego de la ratificación institucional de la misma por la Convención Nacional del Radicalismo, por tercera vez consecutiva y con mayorías cada vez más amplias.

Sin embargo, por acción y por omisión, se facilitó la unidad opositora. En efecto, frente a la sorpresiva decisión de CFK de nominar como su compañero de fórmula en carácter de candidato presidencial a Alberto Fernández – un reconocimiento explícito y silencioso de su segura derrota en una eventual segunda vuelta- Cambiemos, en lugar de procurar alentar otra opción peronista de raigambre republicana, convalidó con su política que la primera vuelta se convirtiera en un balotaje anticipado sellando, de esa forma, su suerte electoral.

La magnitud de ese error estratégico, propiciado por dirigentes de todos los partidos integrantes de la coalición, es equivalente a la renuencia, en los inicios del gobierno de Cambiemos, a explicar las numerosas hipotecas de la gestión peronista.

Así, la coalición oficial enfrentó el escarpado camino de cornisa de la elección presidencial con un doble condicionamiento:

• • la fatiga de su base electoral afectada severamente por la muy complicada situación económica, por las perspectivas desalentadoras para el futuro inmediato y, en varios distritos, por las confusas acciones políticas de funcionarios del ejecutivo nacional.
  • la decisión de encarar la primera vuelta con el criterio de “todo o nada”, lo que implicaba un olvido múltiple. En primer lugar, olvidaba que en las PASO del año 2015 el Presidente que aspiraba a la reelección había obtenido algo menos del 25 % de los votos. Desconocía que el pase a la segunda vuelta de ese año había sido posible por la existencia de otra opción peronista en la competencia, que obtuvo alrededor del 20% de los votos. Finalmente, que en el único balotaje de nuestra historia se ganó por apenas algo más de dos puntos porcentuales. Y, no menos importante, que habían pasado cuatro años de gestión en medio de una crisis estructural y de larga data.

En rigor, la práctica política gubernamental estuvo atravesada desde el primer día por una creencia tan firme como equivocada: la necesidad de separar la gestión de la política. Esa noción ignora que la gestión estatal sin eficacia política es, en el mejor de los casos, saber tecnocrático sin rumbo conceptual.

La deriva natural de esa visión es el rechazo a todo intento de conformar mayorías estables en el Congreso que pudieran proveer de soporte político y horizonte temporal ampliado a las iniciativas públicas.

De ese modo, la única manera de obtener la sanción de normas legislativas fue mediante “microacuerdos” -procesados caso por caso- que, por un lado, provocaron mayores erogaciones a la tesorería y, por otro, potenciaron la valoración positiva de los dirigentes locales, opositores al gobierno nacional, en sus territorios.

La primera consecuencia de ese estilo de acción política es la holgura fiscal que exhiben casi todas las jurisdicciones subnacionales al culminar la gestión de Cambiemos, en contraposición a la apremiante situación financiera generalizada al inicio del gobierno. Este dato corresponde que sea contrastado con las penurias del Tesoro Nacional sometido a un duro programa con severas restricciones presupuestarias.

Adicionalmente, una derivación política decisiva fue que esa tranquilidad presupuestaria permitió grados de libertad extremos en la definición del cronograma electoral en las provincias, que se tradujo en perjuicio de los candidatos de la coalición Cambiemos.

La forma de negociación legislativa mediante “microacuerdos” drenó de recursos al Tesoro Nacional, sin recompensa electoral para Cambiemos ni avances en la gobernanza democrática de los territorios favorecidos.

El saldo de esa táctica de vuelo bajo y mirada corta es que casi ninguno de los dirigentes provinciales que fueron, hasta el último minuto, cortejados políticamente y beneficiados fiscalmente por el gobierno federal acompañaron la propuesta electoral de la coalición Cambiemos. Y tampoco engrosaron la otra opción peronista con lo que se reforzó, de manera inconveniente para nuestra coalición, el escenario de balotaje anticipado en la primera vuelta.

Más aún, no es posible inventariar, tal vez porque no fue planteado pese a las generosas concesiones del poder central, mejoras en la calidad institucional de las provincias y avances en la gobernanza democrática de territorios fiscalmente favorecidos.

Así, la llegada de las PASO exhibió la debilidad estructural de Cambiemos – con el agregado de sus errores tácticos y estratégicos-, un peronismo en acelerado proceso de reunificación y, como telón de fondo de la contienda electoral, una situación económica y social muy desfavorable para amplios sectores de la población.

El resultado de las PASO del 11 de agosto, donde el peronismo le sacó quince puntos de diferencia a la coalición de gobierno, introdujo de lleno la incertidumbre en el escenario político, lo que provocó obvias y evidentes consecuencias económicas:

• • El miércoles posterior a la elección el peso se devaluó el 37% respecto al viernes anterior, al pasar de cotizar 46 a 63 pesos por dólar.
  • El riesgo país el lunes 12 superó los 1450 puntos básicos, 68% más que el último día hábil previo a la elección, alcanzando más de 2500 puntos básicos a fin de ese mes de agosto.
  • El valor de las empresas argentinas se derrumbó 40% en un solo día, tanto en la Bolsa local como en la de New York, y llegaron a cotizar a la mitad de su precio antes del comicio.
  • Se esperaba una inflación minorista menor al 2% mensual en agosto, la menor desde febrero del año anterior, consolidando cinco meses consecutivos de desaceleración. Y medida por los precios mayoristas –que en julio fue de 0,1%- registró en agosto un valor del 11,2%.

La reacción de la coalición oficial -ahora Juntos por el Cambio- promovida por los representantes de la UCR y el candidato a Vicepresidente Miguel Ángel Pichetto fue de procesar rápidamente el resultado y absorber el impacto saliendo al encuentro de la sociedad, desarrollando la acción proselitista basados en el trípode Escuchar/Entender/Explicar.

Tras el triunfo del peronismo en las PASO, en cuestión de horas el peso se devaluó 37%, el riesgo país aumentó 68%, la Bolsa se derrumbó 40% y la inflación -que había sido de 0,1% en julio- se disparó a 11,2% en agosto.

La respuesta social en la campaña, que se formalizó en una intensa y extensa acción proselitista en el marco de la iniciativa “30 días/30 ciudades/30 propuestas”, fue conmovedora.

No obstante el impacto directo en las familias del empeoramiento de las principales variables económicas como consecuencia del resultado electoral, millones de compatriotas movilizados pacíficamente en todo el país hicieron posible que, con más de 2,2 millones de votos incrementales, no sólo se redujera a la mitad la diferencia con la fórmula peronista en comparación con las PASO sino que con más del 40% de los votos, se consolidó una opción política republicana y popular.

De este modo, nuestro país, que sólo exhibe en toda su historia doce transferencias de mando entre ciudadanos elegidos por la ciudadanía, tuvo el cuarto traspaso de gobierno entre distintas fuerzas políticas desde la inauguración democrática de 1983 esta vez sin considerar “una capitulación” -como sucedió en el año 2015-  lo que constituye, en verdad, un sublime acto de respeto a la soberanía popular libremente expresada.

Millones de compatriotas movilizados pacíficamente en todo el país lograron reducir a la mitad la diferencia con la fórmula peronista en comparación con las PASO.

El balance de la gestión de Cambiemos tiene, como no podía ser de otra manera, luces y sombras y, sin duda, la dimensión económica es el rubro más notorio del pasivo ya que la conjunción de menor actividad, inflación y deuda, luego de casi dos años de recesión que muy probablemente se prolongará en 2020, hace que el impacto negativo alcance a todas las actividades productivas y particularmente a los sectores que tienen ingresos fijos.

A pesar de ello, es lícito afirmar que para el cumplimiento de los objetivos planteados por Cambiemos de integración al mundo, competitividad económica y cohesión social, hubiera sido deseable que los fundamentos macroeconómicos al inicio de su gestión fueran los que recibió en el año 2019 la administración peronista de Fernández y Kirchner .

Equilibrio fiscal y superavit comercial

En el plano fiscal se pasó de un déficit total nacional, en el año 2015, de casi 7 puntos porcentuales del PBI – considerando “esqueletos fiscales” como la deuda no registrada con proveedores, los impuestos cobrados anticipadamente, los juicios pendientes de resolución con las provincias, y los litigios judiciales con los “hold outs”-  a casi equilibrio primario sin haber afectado las prestaciones sociales, a pesar de la reducción de la presión tributaria total de cerca de tres puntos del producto.

Con relación al sector externo,  en caso de que se preserve el tipo de cambio efectivo en niveles competitivos – en términos reales 63% mayor al existente a fines del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el más alto en nueve años- es dable confiar en continuar la senda de cuatro años consecutivos de aumento de las exportaciones que permitan financiar mayores importaciones, y consolidar consistentes balances comerciales superavitarios, como en el año 2019 con aproximadamente 16 mil millones de dólares, en claro contraste con los recurrentes déficit de comercio verificados en la anterior administración peronista.

Impulso al sector energético e inversión en renovables

Ese doble déficit heredado -externo y fiscal- tuvo su principal explicación en la suicida política energética de la administración peronista que, con mucho esfuerzo social y muy débil e insuficiente explicación pública, pudo ser revertida.

Hoy, después de casi 10 años, hay equilibrio en la balanza comercial energética, cuando el déficit recibido superó los 5 mil millones de dólares anuales. El cambio se explica, básicamente, por los aumentos en la producción de petróleo -por primera vez en 20 años-, gas -el año pasado la mayor de la década- y en la capacidad de generación eléctrica -se inauguraron 29 centrales de generación térmica y se terminaron 12 que estaban en obra-.

Del mismo modo, hay que contabilizar el impulso a las energías renovables -hoy, el 10% de la generación eléctrica-, la mejora en los calamitosos índices de calidad y la normalización de los entes reguladores.

Por primera vez en dos décadas, se logró aumentar la producción de petróleo. En cuanto al gas, en 2019 se alcanzó un récord histórico. El impulso a la energía convencional vino de la mano de una gran apuesta a las energías renovables.

La política que penalizaba la producción local de energía y se abastecía con opacas contrataciones de barcos de gas licuado estuvo acompañada de onerosos subsidios que superaron holgadamente los 110 mil millones de dólares en el período peronista, y que solo en el año 2015 representaron casi 4 puntos del PBI y el 15% del gasto primario nacional.

La inevitable corrección de esa política insostenible y regresiva, tanto social como regional, llevó a que los subsidios que significaban el 86% de la factura de los usuarios residenciales de gas y energía eléctrica a fines de la administración anterior, se redujeron a 4% al momento de la elección de las PASO en el caso del gas y del 19% en la energía eléctrica en febrero del año 2019.

El resultado de esos desequilibrios macroeconómicos junto con precios relativos notoriamente desalineados mantuvo en el centro del debate público de nuestro país, entre otros, dos asuntos cruciales: la deuda y la pobreza. Estos temas están en la agenda pública desde hace tiempo y seguirán estando por su relevancia e implicancias y, también, por el involucramiento de múltiples actores: partidos, organizaciones sociales y, también, comunidades religiosas.

La intensidad de ese debate alcanzó cotas impensadas. Un sacerdote, por caso, vinculó los dos temas –deuda y pobreza- en una audiencia pública en el Senado, en ocasión del debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, cuando afirmó que “El FMI no ve con malos ojos que los pobres tengan menos hijos…. y promueve el genocidio del aborto en todo el mundo”.

Aumento de deuda para saldar viejos compromisos

Con relación a la cuestión de la deuda externa, el tema pasó a ser, adicionalmente, un problema de índole fiscal cuando en el ocaso de la dictadura se decidió, en el primer episodio de socialización de la Argentina, que los pasivos externos privados se transformaran en públicos. De tal modo, para atender los vencimientos -tanto de capital como intereses- se hizo necesario contar con pesos, surgidos del superávit operativo del sector público, que permitan comprar los dólares excedentes de una balanza comercial externa que también debe ser positiva.

Por definición, todo gasto público que exceda los ingresos tributarios debe ser financiado, ya sea con emisión monetaria, colocación de deuda pública en el mercado local o recurriendo a fuentes de financiamientos internacionales, privadas o de los organismos multilaterales.

Es sabido que en política económica casi todo puede hacerse, salvo evitar sus consecuencias y en el primer caso lo más probable es el aceleramiento de la inflación. Alternativamente, si se busca financiar el exceso de gasto con deuda interna se afecta negativamente la capacidad de acceso al crédito de las familias y las empresas y, por último, si se recurre al financiamiento externo es esperable una apreciación del tipo de cambio, lo que conspira con la competitividad externa de la economía.

Dos de cada tres dólares de la emisión de deuda durante la gestión de Cambiemos fueron a cancelar compromisos previos por reclamos de obligaciones impagas e intereses por la deuda exigible hasta el año 2015.

La historia del desempeño fiscal de nuestro país no es desde ningún punto de vista envidiable, pero acentuó sus rasgos peligrosos en los primeros quince años de este siglo. En efecto, en números redondos, el gasto público primario consolidado -Nación, Provincias y Municipios- pasó de representar el 24% del PBI, promedio en el período 1961/2001, a más del 40% del PBI en el año 2015, concentrando ese aumento de 15 puntos porcentuales en tres partes aproximadamente iguales: aumentos en la partida de subsidios, ampliación del empleo público y mayores erogaciones de seguridad social, aunque en cientos de miles de casos sin los correspondientes aportes previos.

La necesidad de financiar los déficit fiscales y externos llevó a que la deuda pública aumentara en los primeros quince años del siglo en 96 mil millones de dólares alcanzando a fines del 2015, según datos oficiales, un monto de 241 mil millones de dólares.

A pesar de los esfuerzos para poner en orden las finanzas públicas, y con un gasto primario consolidado que se redujo en más de 5 puntos porcentuales, no obstante haber multiplicado por nueve los juicios por haberes jubilatorios pagados en el año 2019 alcanzando casi el millón de sentencias, la deuda en el período 2016/2019 creció en más de 70 mil millones.

Dos de cada tres dólares de esa emisión de deuda fueron para cancelar compromisos previos por reclamos de obligaciones impagas (los “Holdouts”, el CIADI y el Club de París), además de intereses por la deuda exigible hasta el año 2015.

Duplicación de reservas

Sin embargo, las reservas brutas, casi se duplicaron en la administración de Cambiemos y pasaron de 25 mil millones en 2015 a 43 mil millones de dólares a fines del año que acaba de terminar.

Más aún, las reservas netas, aquellas de “libre disponibilidad” por parte de la autoridad monetaria, eran negativas en aproximadamente 500 millones de dólares al inicio de la gestión de Cambiemos, mientras que el nuevo gobierno peronista afronta una situación exigente, pero con reservas netas de alrededor de 10,5 mil millones de dólares y, a diferencia del 2015, con una posición de futuros equilibrada.

Pobreza: en 2019 como en 2007

Así como la deuda no es una creación reciente, la otra realidad que nos acompaña vergonzosamente desde hace años es la pobreza en la que están inmersos millones de nuestros compatriotas y que constituye, en verdad, una gigantesca frustración para esta generación de argentinos.

Si bien es cierto que en términos relativos con respecto a los otros países de América Latina no estamos entre las sociedades más empobrecidas, es una dimensión social difícil de tolerar en un país que supo ser faro de atracción de millones de inmigrantes por, precisamente, sus niveles de desarrollo.

Según un indicador construido por Naciones Unidas para comparar de manera homogénea entre países agrupando la población por niveles de ingresos -extremadamente pobre, muy pobre y pobre según sean sus ingresos de 1,90; 3,20 y 5,50 dólares diarios- Argentina es de las naciones con menos pobreza, después de Uruguay y Chile, entre los 18 países de la región considerados.

Sin embargo, el estancamiento económico relativo de la Argentina, que entre 1983 y 2019 sólo incrementó su ingreso por habitante a una tasa anual inferior al 1% anual acumulativo, genera condiciones para la existencia de una pobreza persistente y elevada a lo largo de este siglo que, por otro lado, tiene un marcado sesgo por edad, ya que alcanza a la mitad de los jóvenes de menos de 15 años.

En efecto, si usamos el criterio usual en nuestro país -en línea con otros países de la región- que valoriza el consumo de la canasta básica total de acuerdo a la metodología del INDEC utilizando la ENGHo 2004/05 y lo compara con los ingresos de los hogares, se comprueba que para el total de aglomerados urbanos en los años 2007 y 2019 el nivel de pobreza fue casi idéntico: 36,5% y 36,8%, respectivamente. Y el que se verificó al final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner era de 32,4%, bien lejos del 5% que publicaba el INDEC intervenido y era difundido por la propaganda oficial.

El menor valor de la serie, salvando la falsificación sistemática de las cifras oficiales en la anterior administración peronista que se mantuvo por nueve años consecutivos, es en el segundo semestre del año 2017 cuando se registró 25,7% de argentinos bajo la línea de pobreza, piso histórico de las últimas dos décadas. Por esas horas, bueno es recordarlo, el Congreso estuvo sitiado y agredido con 14 toneladas de piedras arrojadas por manifestantes opositores en ocasión del tratamiento de la ley que modificó el mecanismo de actualización previsional.

Otro indicador relevante de la dramática persistencia de la pobreza es que, solo en la Provincia de Buenos Aires, entre los años 1991 y 2015, se incrementó un 82% el número de villas y asentamientos. Y el número de hogares en villas y asentamientos pasó en el mismo período de 117 mil a 328 mil, sólo en el Gran Buenos Aires.

En este plano es imprescindible rescatar la iniciativa legislativa de los presidentes de los bloques legislativos de Cambiemos que propició la regularización dominial en los 4416 barrios populares, donde viven 804.053 familias en terrenos que ocupan 395,15 km cuadrados en todo el territorio del país. Esta Ley, sancionada en octubre del 2018, fue posible porque antes se había concretado el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), un avance extraordinario para atender de manera ordenada la situación de emergencia de millones de ciudadanos.

Insuficientes esfuerzos para desarticular redes clienterales en el plano social

Al mismo tiempo, hay que consignar que nuestro gobierno no avanzó lo suficiente en la desarticulación de las redes clientelares que se consolidaron en la primera década y media del siglo. En efecto, considerando los años 2017, 2018 y hasta septiembre del 2019, un sólo Ministerio de la Nación transfirió a Asociaciones Civiles y Cooperativas casi 10 mil millones de pesos del año 2019. Estas transferencias -equivalentes a 160 millones de dólares- que tuvieron como destinatarios a actores sociales, en verdad colaterales de organizaciones partidarias, no siempre tuvieron una apropiada rendición de cuentas.

Mercado laboral estancado y desempleo a niveles equivalentes al inicio de gestión

El estancamiento económico de la última década -medido por el ingreso por habitante- no permitió durante la administración de Cambiemos mejorar, aunque no empeoraron, las condiciones del mercado de trabajo. Aún habiendo reducido más de 20 mil cargos en el Sector Público Nacional, se crearon 1,250 millones de puestos de trabajo y se mantuvo sin cambios, en niveles del 10%, la tasa de desocupación. Esa información no puede ignorar que considerando la desocupación abierta, el subempleo y la informalidad, el número de compatriotas que afrontan problemas laborales orilla la mitad de la población. Otro indicador significativo y poco auspicioso es que 6 provincias muestran niveles de empleo público superiores a los empleos privados registrados.

Protesta social intensa, sin muertes 

Ese contexto de estrecheces económicas con fuerte polarización política y la conducta anómica de nuestra sociedad hizo que la conflictividad desbordara los límites naturales de la representación. En efecto, de acuerdo a un relevamiento en base a información periodística sobre más de 200 medios de prensa, a lo largo del período de gobierno de Cambiemos se produjeron 22.999 cortes de la vía pública. Y, sólo en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a información del GCBA, en el año 2018 hubo 796 piquetes, esto es más de tres por día hábil.

Esta práctica de acción política ciertamente no es nueva, pero sí constituye novedad que en el período del gobierno de Cambiemos no se registran muertes por saqueos, piquetes, ocupaciones de tierras o manifestaciones. Es una diferencia sustancial, ya que en el período 2003/2015 se verifican 65 casos de muertes en ocasión de esas movilizaciones.

Reducción de tasa de homicidios y de la inseguridad

Con idéntica protección de la vida humana, en materia de seguridad ciudadana, mientras que los enfrentamientos armados protagonizados por fuerzas de seguridad federales se redujeron a menos de la mitad de los ocurridos entre 2014 y 2018, los civiles intervinientes y los funcionarios policiales fallecidos mermaron un 67 % y un 33%, respectivamente. Esta información es consistente con la reducción de la tasa de homicidios dolosos, que pasó de 6,6 a 5,0 por cada cien mil habitantes, que es la manera de graficar la violencia según las Naciones Unidas.

El apego a la vigencia  de los derechos humanos no se redujo a su mera enunciación y se tradujo en acciones concretas en lo local, sin retrocesos de ninguna índole, y avances notables en su promoción, tanto a escala regional como global, como lo evidencia la firme posición frente a la generalizada y sistemática violación de los derechos  humanos en Venezuela donde, de acuerdo a la comprobación de Naciones Unidas, en 17 meses hubo casi 8 mil “ejecuciones extrajudiciales”, más que en los 17 años de dictadura de Pinochet en Chile.

De eso sí se habla: Interrupción Voluntaria del Embarazo

Por primera vez en la historia argentina, un presidente de la Nación pronunció la palabra “aborto” en el Congreso. Fue Mauricio Macri en la apertura de sesiones ordinarias de 2018. Dejó de lado su postura personal en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y reconoció que el debate sobre su despenalización o legalización era una deuda pendiente a tratar en el ámbito legislativo. Su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner, también compartía la postura anti aborto pero -a diferencia de Macri-, bloqueó el tratamiento de cualquier proyecto relativo al tema durante los ocho años que estuvo al frente del gobierno nacional.

El debate produjo resultados. No sólo se obtuvo media sanción al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Cámara de Diputados, sino que el tema reverberó en toda la sociedad y abrió camino para que la Argentina en un futuro cercano logre despenalizar el aborto, como ha sucedido en los países más avanzados del mundo.

Recuperación del prestigio internacional y firma del acuerdo con la Unión Europea

La política exterior, que dejó atrás la desquiciada estrategia del gobierno peronista, tuvo hitos relevantes como la Reunión Interministerial de la OMC y la cumbre del G20 que contribuyeron a la recuperación del prestigio internacional de nuestro país.

Además, la activa diplomacia presidencial, después de 20 años de negociaciones y aprovechando una ventana de oportunidad única, consiguió firmar el Acuerdo Birregional Unión Europea- Mercosur que constituye, sin ningún tipo de dudas, la condición necesaria para que Argentina supere el estancamiento económico que inhibe el progreso de nuestra sociedad.

Persistencia de la inflación

En el plano económico-social es claro el déficit -a pesar del esfuerzo social que hizo posible iniciar el camino para recuperar equilibrios macroeconómicos básicos- que se expresa en la tasa de inflación acelerada en la segunda mitad del período -especialmente después del resultado de las PASO- y el consecuente impacto en el nivel de actividad, en el poder de compra de los salarios y en la creación de empleo de calidad.

El gobierno de Cambiemos, si bien no es el culpable del escenario de estancamiento secular que sufre la Argentina, tiene la responsabilidad de no haber acertado en la formulación de las políticas que -dotadas del sustento político imprescindible- mejoraran el bienestar de los argentinos y evitaran la regresión populista. Sin embargo, pudo desairar la historia de fuerzas no peronistas que no concluyen con su mandato. Más aún, lo hizo con una extraña normalidad teniendo en cuenta los antecedentes locales y el contexto de turbulencias políticas que atraviesa la región. En efecto, en la representación política, por caso, el contingente legislativo es más amplio que al inicio de su gestión la que, por otra parte, se desarrolló con pleno respeto de los principios constitucionales, sin intervenciones a provincias ni universidades.

El Gobierno del Peronismo

El nuevo gobierno es la expresión de diferentes afluentes ideológicos que, al no ser una coalición sino expresión del persistente “movimientismo” argentino, exige un liderazgo aceptado y respetado al cual todos se subordinan.  Hasta que ese liderazgo no se consolide habrá conflictos que, como siempre cuando el peronismo está en el poder, implicarán tensiones políticas porque se transferirán a la estructura del Estado.

Desde la inauguración democrática y hasta ahora, el peronismo había exhibido dos tipos de presidentes: uno con definido liderazgo social, más allá de las autoridades constituidas del partido, como Carlos Menem y Cristina Kirchner; y otro como clara expresión de la estructura dirigencial del Partido Justicialista, como Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.

El liderazgo del presidente Alberto Fernández aún es una incógnita.

El caso es que el Presidente Alberto Fernández no responde a esas tipologías y, entonces, es un interrogante su capacidad para transformarse en el líder indiscutido de ese movimiento con tanta amplitud ideológica, no solo en su historia sino también en el presente momento político. En efecto, su trayectoria no registra paso relevante por la estructura política del peronismo, ni siquiera en su distrito, y tampoco se ha destacado como referente que haya superado la prueba ácida de la competitividad electoral.

Sin embargo, a pesar de esta novedosa incertidumbre es posible identificar algunas “regularidades” del peronismo en el gobierno.

La primera es el desapego al respeto por el orden republicano y el equilibrio entre los poderes, como lo prueba la recurrencia sistemática a sustraer facultades al Congreso. En efecto, la insuficientemente justificada delegación de facultades sancionada en la primera decisión legislativa del nuevo gobierno peronista, repite lo sucedido en los noventa y en la larga década kirchnerista.

Quitarle facultades al Congreso es una “regularidad” de todo gobierno peronista.

El desequilibrio institucional, está más que demostrado, abre las puertas a la discrecionalidad que sustituye a las reglas, y también a la prevalencia de procedimientos opacos que limitan la transparencia debida en los asuntos públicos.

Del mismo modo, el deterioro en el funcionamiento ordenado de las instituciones, aun cuando parezca tener bajos costos en el corto plazo, tiene comprobados efectos negativos en las inversiones de largo plazo y, con ello, sobre el crecimiento potencial de la economía.

Otra constante en las administraciones peronistas es el facilismo económico, que tiene en el atraso tarifario y en la apreciación cambiaria claros ejemplos.

En el primer caso, cuando había empresas públicas, estas se descapitalizaban y se afectaban sus planes de inversión junto con la calidad del servicio. Esa política, ya en este siglo, además de llevar al borde del quebranto a las empresas privadas concesionarias, comprometió la solidez fiscal con subsidios monumentales y, también, las cuentas externas por el saldo negativo de la balanza comercial energética.

Con relación al valor del tipo de cambio, la tentación por disfrutar de los supuestos efectos balsámicos de corto plazo -aunque signifique enormes costos estructurales- es algo que el peronismo, en sus distintas experiencias de gobierno, comparte con la gestión económica de, entre otras experiencias, Videla – Martínez de Hoz.

Las consecuencias negativas de la opacidad y discrecionalidad en las decisiones, por la vigencia de emergencias que se extienden a lo largo de todos y cada uno de los días de gobierno del peronismo, y la fijación de precios ficticios en variables claves de la economía -que finalmente deben ser sincerados- deben formar parte de nuestro análisis y seguimiento crítico de la gestión oficial.

El papel de la UCR

El resultado electoral consagró a Cambiemos como primera minoría en la Cámara de Diputados – lo que forzó al oficialismo a constituir un interbloque para acceder a la Presidencia de la Cámara- y su principal mandato es el de honrar a sus votantes siendo capaz de constituir un límite para las tentaciones hegemónicas del peronismo y construir una opción política republicana y popular cohesionada, consistente y competitiva. Para ello, es bueno tener en cuenta al ex senador italiano y destacado cientista político Gianfranco Pasquino cuando afirma que “la calidad de la democracia depende no solo de las virtudes de su gobierno, ni de las interacciones del gobierno con la oposición, sino en modo especial de la calidad de la oposición”.

Mandato principal: honrar a los votantes siendo capaz de constituir un límite a la pretensión hegemónica peronista y mediante la consolidación de una alternativa política republicana.

A esos efectos, Cambiemos -cuya unidad es la condición necesaria- debe producir un salto de calidad en su funcionamiento abriendo, por un lado, espacios de discusión y elaboración de propuestas y, por otro, construyendo instancias de decisión con métodos eficaces para la solución de las controversias.

Es una responsabilidad ineludible ya que, además de los 142 legisladores nacionales -sobre un total de 329- pertenecientes a Cambiemos hay:

• • 7 millones de ciudadanos que viven en los cuatro distritos que gobierna Cambiemos: 3 a cargo de la UCR (Mendoza, Corrientes y Jujuy) y uno del PRO (CABA).
  • 6 ciudades capitales de provincia donde viven más de 1,6 millones de vecinos que son administradas por Cambiemos: 5 bajo responsabilidad de la UCR (Corrientes, San Salvador de Jujuy, La Rioja, Mendoza y Rawson) y 1 a cargo del PRO (La Plata).
  • Otras 13 ciudades de más de 100 mil habitantes que tienen intendentes de Cambiemos, donde viven casi 3 millones de vecinos: 6 bajo responsabilidad de la UCR (San Isidro, Guaymallen, Las Heras, Godoy Cruz y Tandil) y 7 a cargo del PRO (General Pueyrredón, Lanús, Tres de Febrero, Bahía Blanca, Vicente López, Olavarría, Pergamino).

En estos tiempos, y para afrontar con éxito estos desafíos, el Radicalismo tiene una responsabilidad extraordinaria, dada su vitalidad con plena capilaridad social en todo el territorio del país.  Esa verdadera singularidad, en el país y en la región, debe mirarse a la luz de los datos que muestran que, en el Siglo XX, en 116 elecciones legislativas en América Latina donde compitieron alrededor de 1200 partidos, más del 80% de ellos dejaron de existir.

Esa vigencia, que atraviesa tres siglos de historia, fue posible porque siempre concibió la acción política alejada de la nostalgia, con visión de futuro y como acción transformadora de la realidad.

Por eso, es necesario asumir que la tensión tradicional entre el sistema político (democrático, liberal, representativo y de derechos e instituciones) y el sistema económico (mixto de base capitalista) hoy se complejiza con la globalización, la naciente sociedad de la información y las plataformas digitales, que impactan de manera directa en el orden social alterando las relaciones laborales, la fiscalidad y la protección social.

A esto se suma la creciente preocupación por el medio ambiente y los compromisos internacionales asumidos para disminuir el impacto negativo de la acción humana. Frente a este desafío, el radicalismo es el partido en mejores condiciones, por sus valores y su visión, para concebir el desarrollo como una articulación virtuosa entre progreso económico, desarrollo social y sustentabilidad ambiental.

Del mismo modo, es necesario comprender que la complejidad, diversidad y conflictividad de las sociedades modernas conduce a que las identidades políticas no se reducen, como en el pasado, a la ubicación de cada ciudadano en las cadenas productivas.

Por el contrario, hoy la identidad política está signada, también, por el peso de otras inquietudes o preocupaciones, como las cuestiones de género, las desigualdades de todo tipo, los tópicos ambientales, entre otros.

La complejidad, diversidad y conflictividad de las sociedades modernas deriva necesariamente en la necesidad de armar coaliciones.

De allí que este sea el tiempo de las coaliciones y la UCR debe comprometerse plenamente en el desafío de aportar al fortalecimiento de Juntos por el Cambio desde su perspectiva socialdemócrata moderna y universalista del progreso humano, inspirados en las ideas “regeneradoras” de nuestro fundador L. N. Alem: libertad política, honradez administrativa y sentimiento nacional.

Y lo debemos hacer siendo conscientes que no nos está permitido traspasar riesgosas líneas rojas, tales como contribuir a la fragmentación en la representación ni consentir la personalización en la acción política.

Y lo debemos hacer sabiendo que el estancamiento económico secular de nuestro país antes que nombre y apellido tiene causas, que son las interrupciones institucionales, el populismo político hegemónico y el facilismo económico, que han conducido a que el mundo tenga con la Nación una relación de desconfianza, tanto en el plano político como económico.

Y lo debemos hacer comprometiendo el esfuerzo en la construcción de una mayoritaria coalición social favorable a la integración al mundo con base en una plataforma exportadora diversificada, tanto en productos como mercados.

Y lo debemos hacer sabiendo que debemos procesar adecuadamente la tensión entre ideales, convicciones, valores y restricciones, ya que conviven con una apremiante demanda de eficacia para superar el estancamiento y recorrer un sendero de progreso social.

Y lo debemos hacer, por último, apasionados por la búsqueda permanente de los ideales de libertad e igualdad, siguiendo a Bertrand Russell cuando afirmó que “La razón no es la causa de la acción. Es la pasión su única causa, y la razón su regulación”.