La plata que no llega

Los argentinos tenemos una importante tarea por delante: inmunizar la inversión pública de la discrecionalidad de los funcionarios.

Los fondos recaudados por el Estado deben tener un destino previamente acordado por el Congreso y su aplicación debe hacerse según reglas preestablecidas, todo con plena trazabilidad.

Esto es, sencillamente, cumplir la ley. Hoy están en juicio cientos de funcionarios que no lo han hecho.

La pobreza, la baja calidad de la educación pública, la insuficiencia energética, la incapacidad del Estado de atender las necesidades de salud de la población, el abandono del sistema de transporte ferroviario, la escasez de viviendas (y aquellas mal construidas o sin escriturar), el incumplimiento del derecho a todos los habitantes a tener acceso a agua potable, entre otros problemas críticos de la Argentina, se deben en gran medida a que la plata no llegó donde tenía que llegar.

Dos herramientas encierran la llave para revertir la situación: el Presupuesto Nacional y el Sistema Nacional de Inversiones Públicas.

Durante los tres gobiernos kirchneristas el Presupuesto Nacional fue un documento nominal, elaborado sobre la base de estadísticas viciadas, aprobado en el Congreso de modo apresurado, y despojado de su valor central para llevar adelante la gestión.

El Presupuesto Nacional debería ser la hoja de ruta del plan de gobierno; es ahí donde se plasma cuánto dinero se asigna a los diversos planes y programas, y cómo se recaudará. ¿Pero cómo establecer las prioridades? ¿Quién puede decir qué es más “rentable” socialmente, si cuatro escuelas en Provincia de Buenos Aires o un hospital en Catamarca?

Para tomar esas decisiones de modo objetivo existe el Plan Nacional de Inversiones Públicas, resultado de un sistema sancionado por la Ley 24.353, que exige que las propuestas de proyectos elaboradas por las diversas dependencias del sector público nacional pasen por el tamiz del Ministerio de Economía. De ese modo se centraliza la información para establecer un orden de prioridades, de acuerdo a la tasa de retorno individual y social de cada proyecto. La planilla resultante es uno de los anexos al final del Presupuesto Nacional.

Nada de eso hicieron los Kirchner. Al igual que Nicolás Maduro en Venezuela, distribuyeron el dinero a su antojo, sin seguir ningún procedimiento, y dejando en evidencia un mecanismo discrecional de premios y castigos.

El Sistema Nacional de Inversiones Públicas prevé no sólo la forma de establecer prioridades sino que exige que cada oficina gubernamental mantenga un sistema con un inventario de proyectos, objetivos, metas, plazos, controles y evaluación posterior del éxito o fracaso de cada uno de ellos.

Esto tampoco se hace. La Auditoría General de la Nación (AGN) examina el presupuesto efectivamente ejecutado al finalizar cada año, es decir, la llamada Cuenta de Inversión. Prácticamente todos los años sin excepción ha producido un informe con opinión adversa en el acápite referido al cumplimiento de objetivos y metas. Resulta que si bien existen definiciones sobre cuánto dinero se gastará, la gran mayoría de las dependencias del sector público nacional opera sin establecer ningún tipo de meta física a alcanzar, o bien omiten vincularlas con las metas financieras. En los pocos casos en que sí se cumple con este requisito básico de cualquier sistema de gestión de proyectos, hay grandes desvíos. Por ejemplo, la AGN observó a lo largo de varios años que la Dirección Nacional de Vialidad cumplía el 100% de las metas financieras, pero en casi ningún ejercicio alcanzaba siquiera el 50% de las metas físicas. Incluso en 2005, 2006 y 2007 se usó toda la partida presupuestaria y no se cumplió nada de lo que se había previsto.

Además de estas dos herramientas sobre las que he hecho foco, existe una lista extensa de normas a cumplir para garantizar que el dinero llegue a los destinatarios, incluyendo las que rigen las contrataciones del Estado. La permanente elusión de las licitaciones públicas por medio de aludidas emergencias y el uso de excepciones administrativas, interfiere con los controles y abre las puertas a la corrupción.

El súmmum de la discrecionalidad son las obras antes conocidas como La Barrancosa-Cóndor Cliff rebautizadas como Complejo Hidroeléctrico Jorge Cepernic-Néstor Kirchner: en 2010 el gobierno adjudicó el proyecto a un consorcio argentino-brasileño; en 2012 anuló la licitación y otorgó las obras a otras dos empresas locales -una de ellas perteneciente a Lázaro Baéz- y una corporación china.

El monto de la adjudicación -$ 4.714 millones de dólares– consagra a este complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz como la obra más cara de la era Kirchner, y eso sin tener en cuenta el dinero a desembolsar para transportar a otros centros de consumo el excedente de energía (20 veces por encima de la demanda local, según el IAE General Mosconi).

Si se hubiera realizado un análisis comparativo racional de los 30 proyectos hidroeléctricos que figuraban en el inventario de la Secretaría de Energía, la represa Néstor Kirchner jamás hubiera sido elegida frente a prioridades en Mendoza, Neuquén y Chubut. Mismo dentro de Santa Cruz, probablemente habría otras cuestiones a atender con mayor urgencia, como la ampliación de cloacas o mejoras en vivienda y educación. Finalmente, tampoco se siguió el procedimiento previo de evaluación de impacto ambiental, a pesar de la sensibilidad de una represa de semejante magnitud en medio de un parque de glaciares que es patrimonio de la humanidad.

El problema argentino no se agota con perseguir a los ladrones. Necesitamos además incorporar dos máximas: las instituciones están por encima de los individuos y las reglas están para cumplirse.