La democratización y la globalización –entendida como la creciente integración de los mercados de mercancías y servicios, tanto reales como financieros– son procesos que distinguen la evolución de los asuntos globales desde la segunda mitad del siglo pasado. En América Latina, caracterizada durante décadas por la existencia de gobiernos dictatoriales, la oleada democrática se inicia con la presidencia de Raúl Alfonsín y hoy casi nueve de cada 10 latinoamericanos viven en países con gobernantes elegidos por la voluntad popular.
La pandemia que azota al mundo –aun sin saber cuándo termina y cuántas víctimas deberemos lamentar– además de provocar, entre otras desventuras, por primera vez en los treinta años de su existencia un retroceso en el Índice de Desarrollo Humano, construido por las Naciones Unidas, también impacta en el funcionamiento institucional de todos los países.
Según Freedom House, organización basada en Washington D.C. que realiza mediciones sistemáticas globales sobre libertades civiles y políticas desde 1970, el año pasado se redujo la puntuación en 73 países que reúnen al 75% de la población mundial. Ese registro incluye, entre otros países, a China, la India y Estados Unidos.
Del mismo modo, en el último Índice Democrático, que publica The Economist, 2020 es el año de mayor retroceso mundial en las libertades individuales en épocas de paz. En el Índice, que clasifica los países en cinco categorías, cae la calidad democrática en todas las regiones.
Con la excusa de la emergencia sanitaria, muchos gobiernos recurrieron a medidas de excepción abusando de facultades extraordinarias por parte de la administración, afectando de ese modo el debido equilibrio entre los poderes.
La consecuencia de esas acciones fueron libertades individuales lesionadas y creciente opacidad en las decisiones oficiales, que fueron documentadas por Amnesty International en un reciente informe, en el que se reporta que solo siete de una muestra de 17 países de América Latina informan, aunque de manera incompleta, sobre los contratos de vacunas. Ese mismo informe reporta que en Cuba, Nicaragua y Venezuela no existen protocolos oficiales sobre la vacunación, solo declaraciones de funcionarios.
Es sabido que hoy nuestra región es, a más de un año del primer caso de muerte por Covid-19 en Brasil en febrero del año pasado, el epicentro de la pandemia. Con menos del 10% de la población mundial, América Latina registra una de cada cuatro víctimas por efecto de esa enfermedad, aunque con notables diferencias en la capacidad de los países para hacer frente a la pandemia.
Los datos son una muestra más de la importancia de las instituciones, incluso más relevantes que la propia dotación de recursos naturales, para comprender los resultados de las políticas públicas de los gobiernos. En ese sentido, Chile, Uruguay y Costa Rica son los únicos tres países de América Latina que integran la corta lista de democracias plenas del Índice de The Economist y poseen también los registros más altos en el concierto latinoamericano de la medición que efectúa Freedom House.
Si bien no son los únicos factores, esos atributos ayudan a entender por qué esas tres naciones han podido reducir sus tasas de pobreza, medidas por los ingresos monetarios, en 29, 24 y 8 puntos porcentuales respectivamente, entre 2003 y 2019, según datos de la Cepal. Ello permitió que, al inicio de la pandemia, los hogares que vivían por debajo de la línea de pobreza en esos países alcanzaran al 16,5% del total en Costa Rica; al 10,7% en Chile, y solo al 3,0% en Uruguay.
En relación con la pandemia, Chile es el país de América con el mayor porcentaje de población vacunada, superior a EE.UU., y más de seis veces que la Argentina. En igual sentido, Uruguay y Costa Rica se sitúan, a la fecha, entre las naciones con menos fallecidos por millón de habitantes, por debajo de EE.UU. y Canadá. En nuestro país ese registro es más del doble de la nación centroamericana y casi cinco veces el de nuestro vecino Uruguay.
Como dice el destacado cientista político Daniel Innerarity, las distintas expresiones populistas –que se potenciaron con la pandemia, en América Latina y en otras regiones– son ineficaces para atender la emergencia sanitaria porque coinciden en descreer del saber científico, relativizan las enseñanzas de las mejores prácticas internacionales y, al propiciar una sociedad tutelada desde el poder, rechazan los estilos de gobierno cooperativos.