La semana pasada estuve en Brasilia en ocasión de una reunión de la OLACEFS, el organismo internacional que aglutina a las instituciones de auditoría gubernamental de la región latinoamericana.
En representación de la Auditoría General de la Nación, presido la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza, desde donde buscamos impulsar un proceso de mejora en la gestión de los recursos públicos que va más allá del tradicional control fiscal.
Uno de los proyectos principales a los que actualmente está abocada nuestra Comisión es el impulso y monitoreo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a los cuales se comprometió la Argentina junto a los otros 192 Estados Miembro de la ONU en 2015.
Ya en 2011, la ONU nos había asignado a los entes de fiscalización superior un rol preponderante en la mejora de la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión estatal. La calidad de una democracia se mide en gran medida por la robustez de estos mecanismos.
En este contexto, nuestra contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible es instrumental desde dos perspectivas:
1) Evaluar, a través de auditorías de gestión, el cumplimiento gubernamental de la plataforma de desarrollo sostenible.
Para cada objetivo, hay metas específicas a cumplir (son 169 metas en total). Por ejemplo, el primer objetivo enuncia “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo” (coincidente, en la Argentina, con uno de los principales compromisos de gobierno asumidos por la actual Administración).
Las metas de este objetivo incluyen, entre otras, la garantía de que nadie perciba ingresos inferiores a US$ 1,25 por día y que todos los habitantes tengan igualdad de acceso a los recursos económicos, los servicios básicos, la propiedad de las tierras, las tecnologías y la financiación.
La economía, eficiencia y eficacia de los planes y programas estatales orientados al cumplimiento de estas metas será objeto de nuestros estudios. A su vez, también debemos auditar la calidad de los sistemas estadísticos y de comunicación del progreso en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2) Ser ejemplo y agente de cambio en la implementación del objetivo 16 de la plataforma, que nos incumbe en forma directa.
Se trata de “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”.
Uno de los datos que brinda la ONU con relación a este objetivo es que la corrupción, el soborno, el robo y el fraude fiscal tienen un costo anual de alrededor de US$ 1260 millones para los países en desarrollo; esta cantidad de dinero podría ser utilizada para aumentar a más de US$ 1,25 dólares diarios el sustento de las personas que viven con menos de ese dinero durante al menos seis años.
El rol que tenemos las entidades de fiscalización superior en la concreción de este objetivo parte de la fortaleza de nuestra propia institución y de su capacidad ejemplar. A su vez, tanto en las auditorías de gestión como en las financieras, nuestra contribución debe estar orientada a reducir la corrupción, fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en los organismos auditados y garantizar el acceso público a la información.
Lograr los 17 objetivos es, para la Argentina al igual que para el resto de los países que se han comprometido, un desafío colosal. La buena gobernanza es una condición necesaria para ir afianzando de a pequeños pasos firmes cada una de las metas.