Hay veces que el Estado da pasos iniciales para proteger a los sectores vulnerables, pero la falta de definición de los detalles necesarios para implementar leyes, proyectos o programas, dejan truncas las intenciones.
En las últimas dos reuniones del Colegio de Auditores Generales, aprobamos varios informes que resaltan este punto débil de la gestión pública.
Un ejemplo es el de Garrafas para todos (y Hogares con Garrafas – HogAr, el programa que lo reemplazó a mediados de 2015).
El objetivo era garantizar la provisión de algo tan básico como el gas a una gran cantidad de hogares de la Argentina que no están conectados a la red. Para darse una idea de la magnitud: según el padrón provisto por el Ministerio de Energía y Minería en el marco de la auditoria, en marzo de 2016 había 2.401.109 beneficiarios. Mucha gente, pero sólo 45% de lo hogares sin gas de red aún existentes.
La auditoría sobre estos programas -que cubrió el período 2013 a 2015- muestra los efectos negativos de la indefinición.
En efecto, la falta de definición del término “Viviendas de uso social o comunitario”, limitó el acceso a los titulares de estos hogares a los beneficios previstos. A esto se sumó la ineficiente comunicación sobre la existencia del subsidio; en las encuestas realizadas a beneficiarios del programa se verificó que el 25% de la población en CABA y GBA, 7% en el NEA, 58% en el Sur y 19% en el NOA desconocían el programa. Al ignorar la disponibilidad del subsidio, los potenciales beneficiarios –inscriptos en un registro-, no ejercieron su derecho de reclamarlo. A su vez, la falta de retiro de los fondos durante tres meses es causal de suspensión de la persona en el registro y, en consecuencia, las entidades pagadoras deben devolver dichos montos a la ANSES. ¿El resultado? Entre abril de 2015 y marzo de 2016, el 26% del total transferido para el cumplimiento del programa había regresado a las arcas de la ANSES.
Otro ejemplo: el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios. La AGN auditó 6 años hasta principio de 2016 (ver informe).
La ley 26.509 creó este sistema en 2009 con el objetivo de prevenir y mitigar daños causados por factores climáticos y otros imprevistos naturales que pudieran afectar significativamente la capacidad de producción agropecuaria; poniendo en riesgo de continuidad a las explotaciones familiares o empresariales, y afectando a las comunidades rurales.
La ley estableció un piso presupuestario de $500 millones para financiar la ejecución del Sistema. Sin embargo, debido a que no se estableció ningún registro o sistema de asignación de los fondos, el monto siempre fue fijo, sin contemplar el grado de afectación de las producciones agrícola ganaderas del país y su impacto.
Más indefiniciones: no habían sido designados formalmente los cargos de ninguno de los tres responsables previstos para la Dirección Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios ni se había establecido un mecanismo para priorizar a los pequeños productores, es decir, aquellos que la ley principalmente buscaba proteger.
Dos ejemplos de cómo la falta de atención a los detalles de instrumentación pueden impedir que se cumplan los objetivos y que -a pesar de necesidades acuciantes de poblaciones vulnerables- los subsidios y beneficios les pasen cerca pero no les lleguen.
3 respuestas a «Indefiniciones»
Muy claro e interesante el tema del artículo. Coincido y agrego que no sabemos si fue por inoperancia o, justamente, para que al no conocerse el programa o no estar bien definido, se podía anunciar el “gran programa nacional y popular” y era una mera cáscara semivacía.
Sin embargo me consta que aún hoy, que hay una decisión firrme de llegar con los programas a esos sectores, es imprescindible que se difundan, pero no basta con los medios, hoy mucha gente vive conectada a auriculares con música y no ve programas o televisión, y menos diarios. Creo que debe haber una redistribución de tanto empleado publico de los municipios, por ejemplo, para que recorran el territorio con oficinas móviles que divulguen y faciliten la inscripción. Hay que facilitar la tarea, porque estos beneficiarios no son sectores que pueden autogestionarse, en su mayoría. Y esa es su mayor vulnerabilidad. Las escuelas también pueden ser un centro de difusión, no los docentes, no les encarguemos más tareas de asistncia social, que hagan bien la específica… Pero en las escuelas puede y debe haber agentes estatales difundiendo y relevando necesitados y programas.
Interesantes análisis de las falencias para concretar buenas iniciativas e intenciones plasmadas en la ley y programas asistenciales. Una red adecuada informativa , a través de las instituciones correspondientes, tiene la capacidad y responsabilidad necesarias para corregirlas. Tal vez no se ejerció el seguimiento o contralor adecuado .
Estimado Doctor como se ve hay muchos puntos flojos en todos los sectores y en todas partes de nuestro querido pais , hay un tema que nadie toca es en esta CABA donde gcba gestiona desde hace 11 años , han sido en este Colegiales luchas de muchos años , ya en los 90 quisieron ocupar terrenos de la mano de Claudia bello ( hija de Radicales) para hacer una villa , la lucha por los espacios verdes continuo en el 2007 los vecinos logramos frenar la ocupacion de un terreno y fue ley la plaza Clemente que seria plaza absorbente , hoy no tenemos donde acudir contra el desborde de este Gobierno . quieren hacer polo gastronomico y cocheras donde estaria la Plaza (terrenos de espacio publico ) la oms determino 10 m2 por habitante, en Colegiales hay 0.70 m2 , imposible ante el interes espurio de construir , cierran calles y veredas para ferias privadas sin posibilidades de libre transito del ciudadano , hable con ex correligionarios Rossi , negri etc que ahora integran este gobierno , imposible acercarse a muchos impresentables , seria bienvenido un consejo de que hacer , gracias Ruben J. Fuentes