Desvíos a corregir

La misión de la AGN reza que debemos buscar el perfeccionamiento del Estado en beneficio de la sociedad. En las auditorías que vamos realizando, encuentro que -lejos de la perfección- hay una serie de vicios recurrentes que van en detrimento de la sociedad.

En la anterior entrada, me referí al manejo discrecional de fondos. A ese gran desvío de las normas se suman otros dos -también de frecuente aparición- sobre los que quisiera llamar la atención: la falta de rendición de cuentas y las contrataciones irregulares. Este combo dispersa los fondos públicos e impide que se canalicen hacia el logro de los objetivos sociales para los cuales fueron recaudados.

En lenguaje llano, sucede lo siguiente: a criterio propio, los funcionarios deciden a qué causas, personas, organizaciones, empresas y localidades le dan la plata. Luego hacen una de dos cosas: contratan proveedores en forma directa, evitando concursos de precios o licitaciones; o bien -si las obras o servicios están a cargo de terceros- se desentienden por completo, sin controlar que efectivamente se haya hecho lo debido.

Destaco informes aprobados recientemente que exhiben algunos de estos comportamientos. Se trata de auditorías que cubren el período 2013 – 2015.

Correo Argentino

Correo de la República Argentina S.A. es una empresa estatal creada por decreto del Poder Ejecutivo en noviembre de 2003. El decreto determinó que se volvería a privatizar dentro de los 180 días, pero el plazo se prorrogó sucesivamente y hace 14 años que está bajo la órbita del Estado Nacional. A pesar de ser una sociedad anónima regida por el derecho privado, por su condición de estatal está sujeta al control por parte de la AGN. Entre varios temas auditados sobre el ejercicio 2013, la AGN revisó los procedimientos de contratación. El análisis de una muestra representativa de expedientes demostró que el 63% del valor de las compras realizadas en 2013 correspondían a contrataciones directas sin comparaciones de precios. En los casos en que sí hubo concurso de precios (36,9% del valor de las compras), la apertura de sobres se realizó en un acto privado con la participación exclusiva de las mismas tres personas, situación que no garantiza transparencia alguna.

Programas de vivienda en la Cuenca Matanza Riachuelo

La AGN realiza auditorías periódicas sobre la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) desde que en 2008 la Corte Suprema Nacional de Justicia falló a favor de los vecinos que demandaron al Estado por la contaminación en la zona. El último informe sobre la ejecución presupuestaria del Programa Integral de Saneamiento Ambiental analizó varios programas de viviendas y urbanización de villas en la Cuenca. Así, se determinó que -a fin de 2015- se habían entregado sólo el 19% (3.337) de las 17.771 viviendas comprometidas en el 2010. 8.709 viviendas (49%) ni siquiera se habían iniciado. A pesar de estos resultados y de la casi nula rendición de cuentas por parte de los municipios que debían encarar las obras, la ACUMAR continuó transfiriendo el dinero sin realizar cuestionamientos o aplicar sanciones previstas en la normativa.

Contrataciones en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo

Otro de los informes referidos a la Cuenca tiene que ver con cómo se realizan las contrataciones por parte de la ACUMAR y otros organismos nacionales con jurisdicción en la zona. Allí se destaca lo siguiente:

• Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR): La celebración de convenios con universidades para el diseño y ejecución de planes, proyectos y obras de envergadura que exceden el objeto de las casas de altos estudios, se tornó un recurso para eludir licitaciones públicas y diluir el control de los fondos públicos. La ACUMAR permitió que las universidades postergaran indefinidamente la rendición de cuentas y utilizó un procedimiento de desembolsos que favoreció la dilación.
• Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA): El organismo no controló las obras que financió a los municipios. Un ejemplo, muestra las consecuencias de esta omisión: para licitar el sistema de redes cloacales en General Las Heras, el municipio desdobló la obra en cuatro contratos y se los otorgó todas a una misma empresa que cobró sobreprecios de hasta 400%. El ENOHSA comprobó, en el transcurso de la auditoría, que las obras tenían escaso grado de avance y -el diciembre pasado-, realizó una denuncia judicial. La respuesta del Juzgado fue una advertencia al propio organismo: si se desentiende del control del gasto público y del destino de los ingresos, está propiciando la arbitrariedad en su empleo y asignación.
• Agua y Saneamientos Argetninos (AySA): Las actividades que realiza esta empresa estatal son las que más directamente pueden incidir en el saneamiento de la cuenca y el mejoramiento de la calidad de sus aguas. La expansión de la red de agua potable y saneamiento cloacal –a cargo de AySA– concentra alrededor de un tercio de los recursos del plan de saneamiento. Se observaron significativas demoras en estas obras con relación a lo planificado, demoras en la aplicación de cláusulas de rescisión, falta de actas de ampliación de plazo de obra, inconsistencia en la información y -en el caso de los planes Agua más Trabajo y Cloacas más Trabajo– falta de documentación que respalde los procesos contratación, pagos y certificaciones de obra.

Estos ejemplos del período 2013-2015 demuestran que la vocación hegemónica tiende a evitar los controles. El equilibrio -entre los poderes del Estado, entre Nación y provincias- obliga a contrapesos y balances que permitirán reorientar la gestión para asegurar que los recursos se inviertan en beneficio de la población de manera más justa y equitativa.