El discurso presidencial y el decurso de la economía. Medidas parciales deparan un futuro complejo. La introducción de la reforma al Código Penal. La crisis de Venezuela y la reacción regional: Brasil asume el liderazgo.
El contador y ministro de economía de Carlos Menem, Erman González hablaba de “deslizamiento de precios” para mencionar la inflación. Axel Kicillof habla de “variación de precios” luego de haber “sincerado” algunas variables y puesto a hacerlo con el resto, medidas a las que jamás llamará ajuste, tal vez las denomine “adaptación”.
En una opinión pública cambiante, voluble y ávida, los pasos del gobierno para frenar la corrida han dado sus resultados al precio de echar bajo la alfombra los problemas polvorientos que arrastra desde hace varios años. Porque “secar la plaza” de pesos con la elevación de la tasa de interés y devaluar, logró el efecto de un antitérmico en un paciente con una grave infección: la inflación. A la vez que no se ha acompañado de medidas fiscales necesarias para completar un plan antiinflacionario.
Se frenan los síntomas de una enfermedad que sigue menguando sin tregua la salud económica del país y el poder adquisitivo de los asalariados. Por caso, el mes de febrero registra la liquidación de divisas más grande de los últimos trece años. Los sojeros “antipatria” volcaron a la plaza casi 2000 millones de dólares. Paradójicamente, en el mismo período el Banco Central – conducido nominalmente por Juan C. Fábrega – perdió 200 millones de dólares. ¿Qué ocurrirá cuando esta entrada excepcional llegue a su fin en abril?: volverá la fiebre. Tampoco cede la caída de depósitos.
La combinación de torniquete monetario y devaluación, que ha logrado una calma aparente, trepida además, ante el resultado de las negociaciones salariales en curso. Cuando se conozca el índice de inflación de febrero, la puja distributiva volverá a acelerarse con resultados insospechados. En principio, no se sabe cuándo se iniciarán las clases este año, un panorama patético para un gobierno que se jacta de haber hecho el mayor gasto público en educación – principalmente en salarios – a la vez que exhibe los peores indicadores en cuanto a la calidad de los aprendizajes de sus alumnos.
El horizonte de retracción de la actividad económica – más severa que la actual – es inevitable con el alto costo del crédito, el encarecimiento del consumo y la carrera entre precios y salarios.
Ninguna de estas consideraciones ocupó el discurso propagandístico de la presidente Cristina Fernández de Kirchner en su último mensaje de apertura de sesiones del Congreso. Esto significa que deberá afrontar – pese a las maniobras de “compra de tiempo" – las consecuencias de doce años de políticas económicas facilistas con un contexto apropiado para ello. El deterioro fiscal causado por negar la inflación, congelar las tarifas y retrasar el tipo de cambio, para no generar mayor presión sobre el índice de precios, está haciendo eclosión.
El círculo vicioso que operó durante los dos gobiernos de la actual presidente, llevó los subsidios y el problema cambiario a un punto insostenible para el BCRA, única fuente con la que cuenta el gobierno para financiar un tesoro que no da abasto con el aumento del gasto. En todo el 2013 el BCRA emitió pesos equivalentes al 3,5 por ciento del PBI para financiar el déficit fiscal y, al mismo tiempo, perdió 13.000 millones de sus reservas, burlando al cepo. En 2014, durante el turbulento enero perdió 2.800 millones hasta la devaluación.
Pero el discurso inaugural no tuvo referencias a la devaluación, ni a la inflación, aunque pidió a los trabajadores que moderen en las paritarias sus pretensiones, que para la peculiar dupla “Coquicillof” debería ubicarse por debajo de la inflación esperada. Para que la devaluación del 25 por ciento y las tasas de interés al 30 por ciento anual actúen como una nueva ancla de la economía, los salarios deberán crecer menos que una inflación que se baraja en torno a un 40 por ciento. Los jubilados y pensionados ya han sido “puestos en caja” por un aumento que no alcanza para recuperar la pérdida de poder adquisitivo del año pasado.
La otra variable que depende pura y exclusivamente del gobierno es la reducción del gasto público, que al revés de lo aconsejado, se ha elevado en un 45 por ciento en el último mes. Probablemente, una vez fijados los niveles salariales, se aplicará la pospuesta “sintonía fina” de reducción de subsidios que golpeará nuevamente a los asalariados.
Con reservas para sólo cuatro meses de importaciones – eran trece cuando Cristina Fernández asumió su segundo mandato – y 9000 millones de dólares de vencimientos de deuda, más otro tanto de importaciones de energía, el panorama de los próximos meses se presenta con grandes nubarrones. En caso de aceptar la existencia de esa tormenta, seguramente el gobierno estará pensando más en un culpable que en una solución razonable.
Código Penal
La presidente no fijó muchos objetivos para el año legislativo 2014. Sin traza de ideas económicas, salvo la meneada comparación con el 2001 – si comparara con el gobierno de su marido y su primer turno quedaría en desventaja – tres cuestiones quedaron planteadas: acotar la protesta social en un año en que estará a la orden del día y que no necesita más que la aplicación de la legislación vigente. Sin duda, el plato fuerte fue el anuncio de que se enviaría el nuevo Código Penal trabajado durante meses por especialistas de todos los partidos.
Sergio Masa fue el primero en rechazar de plano la iniciativa de reforma aduciendo ciertos asuntos que ameritan un análisis más sesudo. A partir de allí se abren dos lógicas: la que obedece al debate serio sobre su contenido y al de la oportunidad de encararla. La oposición quedó entrampada en estas dos lógicas y debería tener reflejos más atentos a eventos que requieren la toma de decisiones, de iniciativas y de actitudes propositivas.
Por último, además de reconocer que el memorándum con Irán fue un fracaso, la presidente apoyó al “pueblo de Venezuela” únicas líneas trazadas en materia de relaciones internacionales, además de la infaltable – casi de rigor – cita a la soberanía de las Islas Malvinas.
La pequeña Venecia
Acuciada por los resultados nefastos de una política económica facilista, Venezuela vive momentos difíciles en el plano político, debido a la eclosión de dichos problemas. Preocupados por el apresamiento de dirigentes, torturas y asesinatos no esclarecidos – más allá de los 10.000 homicidios anuales que registran las estadísticas del crimen – y por el tinte caótico que tomaron los acontecimientos, cuatro ex mandatarios de la región condenaron, en un comunicado, la delicada situación de los derechos humanos, causados por el chavismo, e instaron a que haya en ese país "un debate constructivo conforme a los cánones de la democracia reconocidos universalmente".
Firman el docuemnto Ricardo Lagos, Fernando Henrique Cardoso, Toledo y el costarricense Oscar Arias, premio Nobel de la Paz.
En el documento, los cuatro presidentes se declaran "amigos de la democracia venezolana" y manifiestan su "preocupación y alarma" por la violencia desde el 12 de febrero, cuando se iniciaron las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
En la declaración se pide a todas las partes que inicien un debate constructivo para sacar a Venezuela de la "extrema polarización e intolerancia" y se reclama, "muy especialmente", al gobierno chavista que establezca "sin demora las condiciones propicias para ese debate, con una agenda compartida y sin exclusiones".
Por último, hacen "un llamado a la comunidad internacional a sumarse a un esfuerzo concertado para el fortalecimiento de la democracia y la preservación de la paz en Venezuela". Según datos oficiales, al menos 19 personas han muerto y más de 200 han resultado heridas en los hechos de violencia que han rodeado las protestas, en su mayoría no aclarados.
En línea con una iniciativa regional para conjurar la crisis, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, lidera personalmente las negociaciones para la cumbre de Unasur en Chile trate el asunto esta semana, evitando así la intervención de la OEA.
El Planalto dejó trascender, además, que la reunión prevista en Santiago de Chile sumaría a su postura moderada a la flamante presidente – que vuelve a ese cargo – Michelle Bachelet, en contraposición a las más radicalizadas en favor de Maduro de los gobiernos de Ecuador y Bolivia.
Hasta aquí, Rousseff evitó pronunciarse sobre la situación en Venezuela y la única vez que lo hizo fue el mes pasado, durante una visita a la sede de la UE en Bruselas. Allí bregó por una solución consensuada entre el gobierno y la oposición del país caribeño, aunque siempre dejando en claro que un golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro tendría el mismo tratamiento que las autoridades paraguayas surgidas tras la deposición del ex presidente Fernando Lugo, en julio de 2012. Es decir, la expulsión del Mercosur.
Por su parte, el gobierno argentino mantiene con el chavismo un vínculo trenzado entre la ideología y los negocios que lo obligan a seguir siendo “compañeros de relato”. De allí las palabras de la presidente, el 1 de marzo, y el apoyo que vino a buscar hasta unas semanas el canciller – y presidenciable – Elías Jaua.
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