La pandemia viene de la mano de una mayor exigencia sobre la rendición de cuentas y comienza a entenderse que, sin control sobre los gobiernos, peligran las garantías para el goce de los derechos humanos. Esta demanda social es una oportunidad pero -en Argentina y otros países de Latinoamérica- primero hay que resolver un problema de fondo: muchos de los actores políticos, sociales y gubernamentales relativizan, ignoran, eluden o niegan las leyes.
El jueves pasado participé de un webinario organizado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas-UNDESA y la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019-OPEN BUDGETS, titulado “De crisis a oportunidad: ¿cómo pueden medidas fiscales abiertas y responsables en respuestas al COVID-19 contribuir a la implementación de la Agenda 2030?”
El planteo es interesante ya que, en medio de una crisis de proporciones sólo comparables a la del ’30 (ver “Los desafíos de la gobernanza frente al COVID-19”), la exigencia de la población de un reporte sobre cómo se gasta cada peso para responder a la pandemia y atender sus consecuencias, puede acelerar el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA – CIDH) hizo un señalamiento clave, que resulta particularmente relevante para los que ejercemos el control de la cuentas públicas: en la actual situación de pandemia, para garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos es indispensable que los gobiernos fortalezcan los mecanismos de rendición de cuentas.
Sin rendición de cuentas, no se puede garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos.
Este llamado de atención se fundamenta en la falta de criterios claros para rendir las cuentas sobre los gastos realizados, tal como surge de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019, que muestra una débil transparencia y supervisión del gasto público.
El hecho de que la lupa se haya puesto sobre el gasto público -y que además se esté comenzando a visibilizar la relación entre rendición de cuentas y derechos humanos- es un buen augurio.
En nuestra región, tenemos varios obstáculos para lograr transformar crisis en oportunidad, y algunos riesgos de que la crisis se transforme en hecatombe.
Poco después del webinario de UNDESA – OPEN BUDGETS, el mismo jueves, estuve conversando sobre contrataciones públicas de emergencia por COVID-19, en un evento organizado por el Centro de Estudios sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Después de mi intervención, que fue en las líneas de lo que he ebocé en La buena política debe prevalecer, fue interesante el diálogo con la moderadora, María O’Donnell, y los otros disertantes, Martina Cirimele, Directora Ejecutiva del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica y Carlos Balbín, Director del Centro de Estudios sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Surgió la pregunta sobre si el Congreso y la AGN pueden hacer uso de poderes implícitos de control para balancear mayores controles del ejecutivo sobre las contrataciones de COVID-19.
Lo primero a decir es que está dañado el ecosistema del control. Hasta el mes pasado, en la Argentina no había un presupuesto nacional aprobado para este año que ya entra en su último trimestre. Esto no se debió a trabas puestas por la oposición sino a una decisión explícita del Poder Ejecutivo de no remitir el presupuesto a la consideración del Congreso. Segunda cuestión, la delegación de facultades y la emergencia son recursos al que acuden todas las administraciones justicialistas, desde 1989 hasta el primer día del Dr. Fernández. Esto parte de una concepción política que tiene que ver con la subestimación del funcionamiento institucional de los poderes en la Argentina. En tercer lugar, hay una baja concurrencia de los Jefes de Gabinete a rendir cuentas al Congreso.
El sistema de control en Argentina está dañado. Estuvimos 8 meses sin presupuesto nacional, por decisión del Poder Ejecutivo; la emergencia es una constante desde hace años y el Jefe de Gabinete rara vez aparece por el Congreso a rendir cuentas de la gestión.
Un relevamiento interesante que llevó adelante Poder Ciudadano sobre todas las contrataciones a lo largo de un par de meses de pandemia, identificó una gran serie de irregularidades y anomalías. La AGN recibió esa información y algunos de los auditores intentamos incorporarla al Plan de Acción, pero la mayoría del cuerpo colegiado -que es oficialista- lo impidió.
La situación de emergencia por la pandemia es aceptable, lo que no es aceptable es la renuencia al control, y eso es lo que está pasando en la Argentina, con consecuencias graves. Ya lo vimos cuando tuvieron que ser removidos funcionarios por sobreprecios en la compra de alimentos. ¿Cuál fue la decisión? Asignar partidas presupuestarias directas a actores no estatales para que hagan las compras; la peor de las soluciones porque no hay ningún control, los precios son mayores y no sabemos si se atienden las necesidades. Otro ejemplo: el IFE, la principal herramienta de contención social de la pandemia (ver “El IFE es tan necesaria como su control“), que si bien no fue posible incluir en el plan vigente, estaremos en condiciones de auditar dentro de pocos meses.
La emergencia es aceptable, lo que no es aceptable es la renuencia al control.
El problema no está en los dispositivos de control. El sistema es aceptable: control interno en la SIGEN, control externo en el Congreso, con la AGN como organismo autónomo que le presta asistencia técnica. El problema está en el incumplimiento de las normas por parte de actores que descreen de ellas, y es más perjudicial para la vida social cuando ejercen responsabilidades en espacios institucionales.