Corrupción y estabilidad política

A fin de 2017, la Red Iberoamericana de Estudios Internacionales (RIBEI) organizó en la UNTREF de Buenos Aires su VII Conferencia, titulada América Latina y Europa: ¿miradas compartidas ante un momento de cambio? Participé en la mesa sobre corrupción, estabilidad política y regeneración democrática junto con el Director del IELAT de la Universidad de Alcalá, Daniel Sotelsek, los profesores Andrés Molano-Rojas y Francisco Jiménez García, y el presidente del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales, Sergio Abreu.

La corrupción se ha convertido en uno de los principales problemas de las sociedades latinoamericanas, tal como lo demuestran las repercusiones regionales del escándalo Odebrecht. Sin embargo, no se trata de un fenómeno circunscripto a la región, lo que nos lleva a preguntarnos si es posible una mirada comparada con Europa y también, por sus repercusiones, sobre la estabilidad política y la calidad democrática en general.

Queda planteada la pregunta acerca de si es posible tener una mirada comparada y compartida acerca de la corrupción entre Europa y América Latina. Si fuésemos estrictamente rigurosos en la respuesta podríamos decir que es posible encontrar en algunos sectores sociales, políticos, económicos y culturales de ambas regiones una mirada compartida. El primer punto a abordar en esta búsqueda de la respuesta es darle el marco general que es, a mi juicio, comprender y tener en cuenta los dos procesos que caracterizan y son el telón de fondo de la evolución de los asuntos globales de las últimas décadas: la democratización y la globalización o mundialización.

En el primer caso se verifica que en los últimos 40 o 50 años se desarrollaron procesos de democratización en más de cien países, lo que constituye un fenómeno relevante y decisivo en términos de perspectiva histórica que, además, abarca ambas regiones. Así, la dinámica de los años sesenta caracterizada por la descolonización del África primero; luego, la de Europa mediterránea; más tarde, en  los ochenta, la democratización de la Argentina y su irradiación hacia el cono sur, y finalmente, los caminos hacia la democracia en la postsoviética Europa Oriental.

En el segundo caso, nos referimos a una dinámica que tiene siglos, pero que en las últimas décadas ha tenido una aceleración de sus componentes básicos: la integración cada vez más sustancial entre los mercados, sean estos de mercancías y de servicios – reales y financieros-o de capitales.

La actual etapa de la globalización nos muestra que el producto bruto interno global crece, pero que el comercio crece a una tasa superior a la del producto. Y lo más llamativo es que los movimientos de los capitales transfronterizos crecen a una tasa superior a la del comercio. Esa dimensión de la financiarización viene acompañada también de cambios en la estructura productiva, en lo que se conoce como las cadenas globales de valor.

En el plano social, estos cambios generan o, más precisamente, actualizan la vieja tensión entre democracia y capitalismo. No me voy a animar, como algunos hacen, a decir que esa tensión es producto de una pulsión  antidemocrática del capitalismo, ni tampoco que hay incentivos muy fuertes de la democracia para tornarse anticapitalista. Pero sí creo que es posible decir que el capitalismo librado a su suerte, y sin reglas, contiene fuerzas disgregadoras de las sociedades.

De este modo, políticas mal gestionadas en estados gobernados por gobiernos -aun cuando sean estos surgidos de la voluntad popular- pueden anestesiar la capacidad de crear riqueza del capitalismo. Entonces, es innegable que la aceleración actual de la dinámica del capitalismo de hoy funcionando a escala global lesiona las capacidades del estado nación, tal cual lo conocimos históricamente, para establecer reglas que pongan un contrapeso a las consecuencias sociales no deseadas de sus fuerzas liberadas. Debemos entender, además, que esa globalización condiciona el funcionamiento de la democracia representativa por esa asincronía entre la velocidad del funcionamiento  del capitalismo a escala global, en términos de instantaneidad de las decisiones del mercado, con los tiempos más lentos, tan propios de los sistemas democráticos con sus procedimientos, normativas y, fundamentalmente, con la complejidad propia de la deliberación política.

No podemos soslayar, por último, que la globalización también genera resultados positivos en términos de reducción de la pobreza, no de la desigualdad hacia el interior de los países, como el ejemplo de China y la propia América Latina lo demuestran.  Aquí traigo a cuento la metáfora de Oxfam,  la organización de la sociedad civil basada en Londres, que dice que los ingresos sumados de la mitad de la población global, iguala la riqueza reunida por unas pocas personas -menos de una decena en rigor-  que, dicho de manera figurada, caben en un auto de tipo familiar.

A esas implicancias del funcionamiento del capitalismo a escala global, o en su problemática relación con la  democracia, creo que deberíamos incorporar la dimensión del populismo como rasgo muy presente en ambas regiones que estamos tratando de comparar, con sus distancias y diferencias sustanciales.

El populismo es, o  puede ser visto, como un fenómeno parasitario de la democracia representativa. Despliega una concepción donde el poder es un sitio a conquistar y, por ende, no es el resultado de una construcción. Es una visión de suma cero en la acción política. En este lugar del mundo podemos dar cátedra en relación a esto y  podríamos aspirar a varios posdoctorados en la materia. Francamente queda claro que esa concepción populista del poder lleva a la centralización y debilita el sistema de controles y contrapesos. Al mismo tiempo el populismo admite, desde el punto de vista económico, muy diversas prácticas y, de hecho,   en esta región del mundo hemos tenido varias oleadas populistas. En los años 40 del siglo XX hemos tenido una ola asociada a estrategias económicas de naturaleza estado céntricas, con grandes estatizaciones/nacionalizaciones de amplios sectores clave de la economía. En los años 90 tuvimos otra, más asociada al neoliberalismo, con privatizaciones y extendidas  desregulaciones, no solo en la argentina sino en otros países del cono sur. Por caso, Perú tuvo una estrategia que incluyó el cierre del Congreso en un periodo en el que combinaron el neoliberalismo y el populismo. En las primeras décadas de este siglo también tuvimos otra oleada, caracterizada – otra vez- por esa visión estado céntrica de la económica política.

Esa práctica populista que en América Latina tiene tanta historia, también existe en países desarrollados, independientemente de fraseos políticos de izquierda o de derecha. El populismo tiene en su raíz la subestimación de la democracia representativa, del todo o nada como portador de soluciones voluntaristas y sencillas, de la centralización del poder y la supresión de la deliberación política. Con un agregado que está ausente en América Latina y que es un asunto de la mayor relevancia: la xenofobia.

Entonces, con este contexto de las tensiones entre el capitalismo y la democracia acentuadas por las características de la globalización, donde a la par de las cadenas de valor proliferan las cadenas globales de corrupción, de nuevo con matriz europea y otras con matriz en Latinoamericana, parece que la evidencia permite construir una afirmación que confirma la existencia de una asociación positiva entre las fortaleza de las instituciones y el crecimiento económico. Existen evidencias, además,  que  esa fortaleza institucional es más relevante para explicar el resultado económico y social que la propia dotación de los recursos naturales.

En ese marco, la corrupción corroe de manera decisiva la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático y discrimina negativamente  a los países identificados con esas prácticas o permisividades. Qué otra cosa puede explicar, más que la fortaleza institucional,  como rasgo distintivo para decisiones de actores externos para invertir en Uruguay varios de miles de millones de dólares en la industria de pasta celulósica y que esas inversiones  no se hayan radicado en la Argentina.

Las consecuencias de tal debilidad son claras. Un número solo basta para señalar su cuantía. Según la consultora Latinobarómetro, hacia principios de la década de este siglo el 27 por ciento de la población decía conocer un hecho de corrupción en los últimos 12 meses, a mediados de esta década ese porcentaje subió al 38 por ciento. Uno puede pensar que hay razones para ello, que tiene que ver con la importancia que las redes sociales tienen en la información de los ciudadanos, a la mayor actividad de los grupos de ingresos medios de nuestras  sociedades, a la amplia percepción de que existen beneficios cuasi rentísticos de las elites gobernantes, a la desaceleración económica, a lo que sea, pero lo ciertos es que tenemos eso sobre la mesa.

Para terminar quiero expresar que hay dos maneras de no resolver un problema, una es negarlo y otra es tener un mal diagnóstico. Para afrontar este desafío creo que hay que pensar en cómo se fortalecen las capacidades estatales – entendiendo eso como la rendición de cuentas, la integridad, la transparencia y cómo hacemos para avanzar en la gobernabilidad global. En esta conferencia hemos hablado bastante acerca de la crisis del multilateralismo y vimos distintas señales o evidencias. Una que no se señaló, pero ayuda a echar luz sobre este asunto, es la comparación histórica de los vetos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: en la década del ’90, China, Estados unidos y Rusia habían producido nueve vetos, desde el 2011 subieron a treinta y cuatro. Esto nos da una idea de un multilateralismo con dificultades para procesar los conflictos.

El multilateralismo esta impactado por los cambios en la estructura del poder mundial,  también está influenciado por las nuevas interrelaciones que existen en nuestras sociedades, que en algunos sentidos pueden ser indicios de cambios de paradigma.

El debate acerca de la interrelación entre la sociedad, el estado y el mercado, se remonta a los inicios del capitalismo, junto con el de la corrupción en la conducta de los asuntos públicos y en su nada desdeñable dimensión privada. El desafío es pensar en cómo se fortalecen, en el nivel global, esas instancias que provean de gobernabilidad y en las que el G20 juega un papel central, tal como hemos visto a lo largo de las ponencias, sobre todo pensando que no hay muchas instancias en las cuales los países de América Latina tienen una voz para poder dar a conocer su punto de vista.

Otra iniciativa global importante son las metas ODS, iniciativa de las Naciones Unidas y de 192 Estados de tomar compromisos que incluyen el combate a la corrupción, específicamente en el Objetivo 16, abordando el problema de los Estados eficaces e íntegros.

Por último, es bueno saber que la corrupción es el resultado de una débil gobernabilidad en el nivel local, pero más allá de todas esas discusiones, categorizaciones, tipificaciones y sistematizaciones, a escala individual pesa, y mucho, la ejemplaridad de los gobernantes.