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El Congreso y el Fondo: crisis profunda, alta responsabilidad

Imagen: Ricardo Pristupluk, reportero gráfico Diario La Nación.

Introducción

El 28 de enero, el Presidente Alberto Fernández anunció un acuerdo con el FMI y ese mismo día hizo efectivo un desembolso de U$S 731 millones, que complementa los U$S4.491 millones pagados en concepto de intereses, cargos y sobre tasas del préstamo del año 2018.

El convenio es, a diferencia del “stand by” del año 2018, un Acuerdo de Facilidades Extendidas de 24 meses de duración. El financiamiento convenido -por el total desembolsado en el programa anterior- incluye la reprogramación de los vencimientos que se repagan en 10 años con un periodo de gracia de 4 años y medio.

Cuando este acuerdo se concrete, será el número 22 de la lista iniciada en el año 1958 y el primero diseñado y firmado por una administración kirchnerista.

Los anuncios del Ministro de Economía en relación a lo que podríamos denominar “principio de acuerdo” se refieren a las trayectorias esperadas de algunas variables clave como el déficit fiscal, la emisión monetaria y la acumulación de reservas internacionales.

Los anuncios indican que el déficit primario (esto es, descontando el servicio de los intereses de la deuda) esperado en este año es del 2,5% del PIB y un 1,9% en el año 2023. Si comparamos estas metas con los resultados fiscales bien medidos, esto es considerando el déficit inercial del año 2021, entendido como el que se produciría de no mediar correcciones en el gasto, el desequilibrio fiscal de este año debería reducirse en más de dos puntos porcentuales del PIB en relación al año anterior. Es así, además, porque este año no estarán disponibles los ingresos extraordinarios de los DEG’s, resultado de la ampliación de capital del FMI, y del llamado impuesto a las grandes fortunas que rindieron 1,4% del PBI el año pasado.

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¿Ir rápido o llegar lejos?

Una hoja de ruta para el futuro de Juntos por el Cambio

1. Introducción

La Argentina exhibe -como la matrioska, esa tradicional muñeca rusa- crisis envolventes que se agregan y superponen alimentándose unas a otras.

La primera, de raíz estructural, está dada por el estancamiento que distingue a nuestra economía desde el agotamiento del patrón productivo de la industrialización sustitutiva de importaciones, a mediados de la década del 70. Ese estancamiento, que se verifica en la dramática constatación de que la riqueza generada en el año 2021 es la misma que una década atrás, nos condujo a un retroceso relativo que puede medirse en en el dramático dato de que en los últimos cincuenta años nuestro país cayó del puesto 25 al 60 en el ingreso por habitante de los países del mundo.

A esa primera categoría se suman las consecuencias de una gestión oficial de la pandemia improvisada, vacilante, especulativa y prejuiciosa. Y con escaso apego al cuidado de la calidad democrática y de los derechos individuales. Si nos guiamos por la combinación de resultados sanitarios y económicos, la gestión de la pandemia por parte del gobierno nacional llevó a nuestro país a las posiciones menos honrosas en la región con tremendas consecuencias económico-sociales y educativas[1].

Abordar con éxito los desafíos de la pospandemia está condicionado por la evolución de dos variables decisivas: la dinámica de los asuntos globales y el desempeño del sistema político.

En relación a la primera, la “desoccidentalización” de la globalización abre las puertas a la intensificación de la disputa estratégica entre las dos superpotencias, incluida la competencia por la primacía tecnológica, que repercute en dos precios claves para nuestra estructura productiva: los “commodities” y la tasa de interés internacional, ahora puesta en jaque por el reaparición de tensiones inflacionarias desconocidas en los últimos 40 años. El proceso se desenvuelve además en un contexto de retroceso de las calidad democrática aún en países que creían haber consolidado sus instituciones. Los años venideros serán cruciales en los tres planos: la disputa por la hegemonía global, los vaivenes de la economía mundial y la solidez de los cimientos de la democracia.

En cuanto al desempeño del sistema político, es claro el déficit de gobernabilidad democrática de nuestro país, en tanto no ha sido capaz de promover eficazmente progreso económico y social incluyente, sostenible y equitativo.

A continuación se discuten las capacidades del gobierno para enfrentar con éxito los desafíos que se nos presentan y luego se arriesgan algunos criterios para contribuir, desde la UCR, a la construcción de la alternativa de gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) en la próxima elección presidencial.

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¿Aprendimos la lección?

CEDOC

El traumático final del régimen de convertibilidad -paridad fija, uno a uno, entre el dólar estadounidense y el peso argentino fijada por ley del Congreso, que rigió por más de diez años entre abril de 1991 y finales del año 2001- tuvo dramáticas consecuencias, y algunas de ellas llegan hasta nuestros días.

Las derivaciones fueron múltiples: en el plano institucional, la inédita situación de cinco presidentes en once días y la implosión de una parte significativa del sistema político; en la dimensión económico-social, el incremento de la pobreza, el cierre de innumerables unidades productivas y la pérdida de miles de puestos de trabajo; en lo referido a la vida cotidiana, las incontables tragedias familiares y la muerte de argentinos en ocasión de la represión policial a las manifestaciones en varias provincias argentinas.

El colapso del régimen de convertibilidad venía incubándose desde la “crisis del tequila” -por el impacto en las economías emergentes de la devaluación del peso mexicano en diciembre de 1994- con sus repercusiones locales que, por ejemplo, justificaron el incremento de impuestos (el IVA pasó del 18% al 21%), el salvataje de bancos y la disparada del desempleo (se acercó al 20% de la población económicamente activa), entre otras.

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Construir confianza social debe ser nuestra obsesión democrática

Los países de América Latina están azotados por tres males que se acentúan en tiempos de emergencia y gobiernos populistas: la violencia, la desigualdad y la falta de instituciones sólidas. Reconstruir la confianza social, desde la ejemplaridad de los gobernantes y la transparencia de los actos, es la principal condición para progresar y combatir esos males. 

Recientemente tuve el agrado de participar del “10º Seminario Internacional Corrupción y política en América Latina: pesos sin contrapesos” de la Universidad de Guadalajara y el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, que contó con el auspicio de prestigiosas instituciones académicas, organismos internacionales, integrantes de la sociedad civil y público interesado en el tema, como la AMEXCID (Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo), la Red por la Rendición de Cuentas, Friedrich Ebert Stiftung, el Instituto Nacional Electoral de México, la GIZ y el World Justice Project.

En este seminario se pusieron a consideración diversas experiencias y abordajes referidas a la problemática de la corrupción en la región.

Tan distintos, tan iguales

Los países de América Latina presentan diferencias muy marcadas en algunos aspectos, no obstante lo cual existe una tríada de males que nos hermana en términos políticos, institucionales, sociales y económicos: la violencia, la desigualdad y la falta de instituciones sólidas.

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Tercer triunfo

Datos, reflexiones, pronósticos y puntos de interés sobre el resultado de las elecciones legislativas 2021.

Argentina celebró su decimonovena elección de renovación legislativa desde la inauguración democrática de 1983. Esa saludable rutina democrática fue afectada por la pandemia, que ya se cobró más de 116 mil fallecidos, pero no impidió el libre ejercicio del derecho a elegir de los ciudadanos.

La primera comprobación es la confirmación de un “ bicoalicionismo imperfecto” compuesto por una fuerza -Juntos Por el Cambio (JxC)- que compite por cuarta vez consecutiva a nivel nacional y el oficialismo del Frente de Todos (FdeT), actual nombre de fantasía del Movimiento Nacional Justicialista y aliados menores.

Juntos por el Cambio compite por cuarta vez consecutiva en comicios nacionales, logra su tercer triunfo y consolida una representación del 40% del electorado. 

Otra resultante de la elección es que JxC obtiene, con una recurrente representación de alrededor del 40 % del registro electoral, su tercer triunfo y se convierte en un decisivo estabilizador del sistema político.

Al ser capaz de superar la derrota de la última presidencial y mantener su cohesión interna, JxC primero conjuró la ruptura alentada desde el oficialismo y luego evitó la fragmentación del arco opositor, experiencias que muestran sus negativas consecuencias en la situación política de nuestros vecinos Chile y Perú, por ejemplo.

Esa positiva situación es consecuencia de la defensa del mantenimiento de las reglas de juego vigentes, las PASO, a pesar de los intentos del oficialismo de su eliminación y de algunas desacertadas opiniones internas de la propia coalición de JxC.

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