En la nueva edición del Portal que edito desde hace varios años, Escenarios Alternativos, hay notas verdaderamente interesantes. Por caso, además del habitual panorama político, está el análisis de la coyuntura económica de José María Fanelli donde se analiza la sostenibilidad de la situación y los posibles impactos de la dinámica política y, entre otros, un análisis del Profesor Juan Gabriel Tokatlián sobre los resultados de la llamada “guerra contra las drogas” y, en consecuencia, la necesidad de construir un nuevo paradigma transformador y realista.
Categoría: Política
Uno de los procesos políticos que distingue la dinámica de los asuntos globales en la segunda mitad del siglo pasado es la democratización. En efecto, entre 1960 y 2004 se registran 123 episodios de democratización en 88 países.
En América del Sur, la instauración democrática Argentina de 1983 abrió el camino en el resto de los países de la Región que, hasta entonces, de la mano de la Doctrina de la Seguridad Nacional en el contexto de la la Guerra Fría entre las superpotencias, estaban sumergidos en la noche de los autoritarismos.
Guillermo O’Donnell – como el dice- dedicó “ buena parte de su vida académica al estudio de un tema que detesto, los regímenes autoritarios, y más tarde a otro que me produjo gran alegría: la terminación de esos regímenes” y es, sin duda, una referencia insoslayable cuando de pensar el estado de la democracia en América Latina se trata.
De ahí la relevancia de la visita del Dr O’Donnell a la sede de la UCR donde señaló que “los partidos políticos tendrán un duro desafío para transitar la transición desde una democracia delegativa hacia una democracia plena”.
En este plano destacó que “ la UCR presenta una notable reactivación y exhibe importantes figuras para llevar adelante este proceso”.
“Nuestro país necesita de partidos políticos serios, organizados y comprometidos. No alcanza sólo con liderazgos personales para alcanzar una democracia plena”, enfatizó O´Donnell y destacó “Alfonsín ha dejado una marca indeleble en el proceso de la recuperación de la democracia”.
“La Argentina tiene que ir superando las terribles desigualdades que enfrenta y para ello en necesario un partido político fuerte, que aprende y se desarrolla, no alcanza con un conglomerado de voluntades” explícó el destacado polítólogo.
El video del Diálogo abierto entre O’Donnell y Ernesto Sanz está disponible en la web del Partido, http://ucr.org.ar/contenidos-especiales/confirmar/video-odonnell/50/1186662414/jesusr@ucr.org.ar
A 25 años del Juicio a los ex Comandantes – verdadero hito y punto de inflexión en la trayectoria social de la Argentina- el diario La Nación trae, en su edición de ayer, una producción especial verdaderamente interesante.
Sobre la decisión del Presidente Alfonsín – a pocas horas de asumir- de dictar el decreto por el cual se ordenaba enjuiciar a los máximos responsables del horror se ha escrito mucho, aquí y en el mundo.
Ahora bien, hay un aspecto poco valorado en los análisis – aunque Carlos S. Nino ya lo había desarrollado en su libro Un País al Margen de la Ley- como es la contribución del Juicio a evitar la justicia por mano propia.
En un libro – verdadera obra monumental llamada Posguerra: Una Historia de Europa desde 1945- del recientemente fallecido autor británico Tony Judt se estima que en Francia, en un breve aunque sangriento ajuste de cuentas, alrededor de 10000 personas fueron ejecutadas mediante procedimientos extrajudiciales y en Italia las represalias y los castigos extraoficiales alcanzaron una cifra de aproximadamente 15000 muertes durante los últimos meses de la guerra y continuaron, de forma esporádica, durante al menos tres años más.
Así puede decirse que el Juicio no sólo terminó con la impunidad en la Argentina y aseguró la irrepetibilidad de los hechos, sino que también por aplicación del principio de legalidad evitó que la falta de justicia justificara las acciones individuales.
La región de América Latina no sólo es la más desigual del planeta sino que, además, el país menos desigual lo es en mayor medida que cualquier otro de los países del mundo desarrollado. Esa desigualdad social es en América Latina, y también en nuestro país, un riesgo para la estabilidad democrática y la convivencia pacífica.
El análisis de los datos de la Argentina, a pesar de las manipulaciones oficiales, permite comprobar que de las personas cuyos ingresos familiares no superan la línea de pobreza, el 40% son niños menores de 15 años y que el gran Buenos Aires concentra el 46% de las personas pobres del país.
Esta dramática realidad , que desafía la conciencia social, se manifiesta a pesar de la recuperación económica y de los casi 10 puntos del PBI que aumentó el gasto público en los últimos ocho años lo que evidencia, al menos, un muy discutible orden de prioridades en la gestión del matrimonio gobernante.
De allí que resulta imperioso que en la inminente discusíón presupuestaria, el Congreso propicie normas que, alejadas de todo facilismo económico, atiendan el problema de la desigualdad.
Para ello, resulta indispensable consagrar por Ley la Asignación Universal por Hijo que recién a fines del año pasado implementó el Gobierno, de manera parcial, como resultado de la presión política, el reclamo social y la recomendación académica. Esta Asignación debiera ser más abarcativa y transparente – evitando errores de exclusión y minimizando el clientelismo- y, además, prever un mecanismo de actualización ya que la decidida en Diciembre lleva perdido hasta ahora un cuarto de su capacidad de compra por efecto del crecimiento de los precios de los alimentos.
Si recorremos este camino es posible que la Argentina empiece a dejar de ser “ el fracaso distributivo experimentado como pocos países del mundo” como lo señalo Leonardo Gasparini Director del CEDLAS, Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales, un centro de excelencia de la Universidad de La Plata , que cuando lo visitamos a principios de Julio nos informó que funcionando eficaz y plenamente la Asignación Universal puede llevar la situación de desigualdad de nuestro país a los niveles de mediados de la década del ochenta. Parece poco, pero dejar atrás las consecuencias, en términos de la estructura social, de la convertibilidad y los populismos -de los noventa y actuales- constituiría un avance extraordinario.
El compromiso electoral de la UCR en el tema se desprende del Programa de Acción Legislativa del Partido que fue tomado, de manera textual, en la Plataforma Electoral del Acuerdo Cívico y Social.
En esos documentos se propicia “ Reducir y segmentar las retenciones agropecuarias sin que ello comprometa la solvencia fiscal”
El primer antecedente sobre el tema es del año 1918 cuando la ley 10349 fijó un impuesto a la exportación sobre los “ frutos y productos de la agricultura” del 12% sobre la diferencia entre el precio efectivo de venta y los precios básicos que se establecían en la propia norma. Así, por caso, el precio básico establecido por la Ley de la tonelada de trigo era de $oro 45,08 y la del maíz de $oro 27,63
Los ingresos por derechos de exportación de productos agropecuarios, para el presente año, se estiman en 21000 millones de pesos, alrededor del 1, 4 % del PIB y algo más del 5% del total de la Recaudación Tributaria.
El tratamiento de este delicado asunto requiere de seriedad y prudencia, así como debe estar exento de caricaturas ideológicas. Por caso , los que llevan a alturas de dogma meros instrumentos, deberían recordar que de las primeras decisiones de la Revolución Libertadora fue el Decreto 2002 del 27 de Octubre del año 1955 por el cual, como consecuencia de la unificación del mercado de cambios, se impusieron retenciones a la exportación de productos agropecuarios.
Un agregado de racionalidad al debate podría ser el de tener en cuenta, por ejemplo, que los impuestos inmobiliarios, cuando no son expropiatorios, no alteran los precios relativos ni distorsionan la asignación de los recursos. En ese sentido, hay que tener en cuenta que los precios de las tierras agropecuarias han aumentado en los últimos años acercándose a valores comparables del Estado de Iowa en los Estados Unidos. No sería mejor sustituir retenciones que son distorsivas e ineficientes, además de decididas discrecionalmente por el Ejecutivo, por un gravamen -creado por ley- apropiado?