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YPF y el relato K

Leer esta nota de Daniel Montamat publicada en Escenarios Alternativos ayuda mucho a entender la política del Gobierno de Cristina Kirchner con YPF

cristina-ypf-santa-cruz El debate sobre la posible reestatización de YPF lo instaló el Gobierno, y puede que más por su creciente preocupación por el balance de divisas del país y la necesidad de ajustar el relato a la búsqueda de nuevos culpables que por trazar un análisis estratégico de evaluación del tema. La política energética es la responsable primaria de la pérdida del autoabastecimiento y de las crecientes importaciones, sin perjuicio de la responsabilidad que se les puede atribuir a las empresas en el manejo de las áreas concesionadas.
La Presidenta tomó conciencia de que “importar energía para agregar valor como hacen otros países” -ése era el guión del relato hasta hace unos meses- ya no cierra, por el impacto del monto de las compras energéticas en las cuentas públicas y externas.
La producción petrolera argentina cayó un 32% de 1998 a hoy, y la de gas, un 13% desde 2004. Las reservas comprobadas de petróleo se redujeron un 18,3% respecto a las de principios de la década pasada; las de gas natural, un 50. Con demanda creciente y producción declinante, la Argentina fue consumiendo el stock subterráneo de barriles, cortando compromisos de exportación con países vecinos e importando cada vez más (gas natural, derivados, electricidad). En consecuencia, la balanza energética, que hasta 2010 era superavitaria en 1000 millones de dólares, pasó en 2011 a ser deficitaria en cerca de 4000 millones.
Uno puede afirmar que la mayor caída de reservas y declinación productiva en valores absolutos en el período corresponde a YPF, y, a partir de allí, estructurar un discurso nacionalista y reestatizador, haciendo a la empresa responsable del déficit energético. Es lo que ha procurado hacer el Gobierno, y de lo que se defiende YPF en sus últimos comunicados subrayando la inversión de los dos últimos años, la planificada para los próximos ejercicios y la tasa de recuperación de reservas apuntalada por los nuevos desarrollos de recursos no convencionales.
Recuperar la propiedad de una empresa emblemática para los argentinos generaría grandes réditos políticos presentes, aunque tendría complicaciones legales, políticas y económicas inmediatas. Hoy son las provincias las titulares del poder concedente, por lo que ellas demandarían una parte en la propiedad y el control de la nueva empresa renacionalizada, sin comprometer recursos en el hipotético costo de la expropiación. Supongamos que se obtenga un acuerdo de Repsol y el nuevo gobierno español para hacerlo, e incluso que se pueda acordar un precio de compra y un mecanismo de pago (algo al contado y el resto en cuotas). ¿Con qué recursos adicionales el Estado va a recapitalizar la empresa y a desarrollar las potencialidades del petróleo y del gas no convencional, que requieren ingentes inversiones?
Algunos piensan que la apropiación de la renta petrolera (diferencia entre precios y costo por barril) de las reservas remanentes, y la posible colocación de deuda o capital que no comprometa el control en la medida de lo posible, permitiría superar la estrechez financiera. El razonamiento está bien encaminado (en el negocio petrolero lo que cuenta es la apropiación y distribución de la renta de un recurso natural), pero es falaz, porque asume que las petroleras se estuvieron llevando todos estos años la parte del león de la renta.
La renta promedio año de la explotación creció al compás de la suba de los precios del petróleo y su incidencia en los precios del gas natural. El barril promedio de petróleo en el trienio 2002-2004 fue de 32,9 dólares; subió a 64,8 dólares en el trienio 2005-2007 y promedió los 80,4 dólares entre 2008 y 2010. Pero la Argentina está divorciada de esas referencias internacionales de precios por retenciones, congelamientos y controles. Esto determinó que la mayor parte de la renta no fuera a parar al bolsillo de las empresas que exploran y explotan el petróleo y el gas; fue a los bolsillos de los consumidores de productos petroleros y sobre todo de gas natural, favorecidos con menores precios (subsidio económico).
En el trienio 2002-2004, un 30% de la renta fue a las empresas, un 35% al Gobierno (Nación y provincias productoras) y un 34% a los consumidores. En el segundo trienio los consumidores recibieron el 50%; el Gobierno, el 31%, y las empresas, el 19%. De la renta del período 2008-2010, un 67% fue a los consumidores, un 25% al Gobierno (regalías, retenciones, impuestos) y un 8% a las empresas. En la medida en que los precios del petróleo fueron aumentando en el mundo, la transferencia de renta petrolera a los consumidores fue creciendo.
Puede sostenerse que, aun con esos niveles de renta, las empresas petroleras que operan en la Argentina siguen dando utilidades y que YPF ha girado la mayor parte de las utilidades al exterior (algo acordado y consentido por el Gobierno); pero lo que no puede desconocerse es que son las reglas que fija y controla el Gobierno las que determinan la gestión y no al revés. En función de estas reglas, el sector petrolero en estos años estuvo sobreexplotando lo que estaba en producción y haciendo mínima inversión para reponer reservas o descubrir nuevos yacimientos (varias bombillas en el mismo mate sin recargar el termo). A su vez, como otras geologías ofrecen condiciones más atractivas de reparto de la renta, no es de extrañarse que parte de la renta apropiada en la Argentina se haya reinvertido en otras latitudes.
Para explotar los hidrocarburos algunos países crean empresas del Estado monopólicas que sólo pueden operar con los privados mediante contratos de servicio (países del Medio Oriente, México, Venezuela, Nigeria). Otras naciones permiten la asociación de la empresa del Estado con empresas privadas en contratos de producción compartida, donde el riesgo exploratorio es asumido por la compañía privada (Colombia, Angola, Rusia y ahora de nuevo Brasil en el pre-sal). El tercer esquema se basa en el otorgamiento de licencias de exploración y concesiones de explotación a empresas privadas, que incluso pueden competir o armar asociaciones con la empresa pública, si ésta existe (Perú, Noruega, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Argentina). Hay empresas controladas por el Estado que son muy eficientes (Staatoil de Noruega); otras, muy eficaces (Petrobras de Brasil, y ahora, Ecopetrol de Colombia). Y hay empresas estatales con mucha interferencia política en su gestión (Pdvsa, Pemex). Los regímenes de exploración/explotación pueden variar y complementarse, pero en todos ellos está en juego la asunción de riesgos, la capacidad de inversión y el reparto de la renta.
Con la intervención discrecional y el cambio de reglas que dominó la apropiación y el reparto de la renta en estos años, la política petrolera entrampó a la industria en el corto plazo. Ninguna variante de gestión pública, privada o mixta puede sobrevivir en el “imperio de lo efímero”. En el contrafáctico es posible imaginar una YPF con control estatal (estilo Petrobras de Brasil) y management muy profesional (estilo Staatoil de Noruega), y concluir que la producción y las reservas de la Argentina hubieran evolucionado mucho mejor. Pero la realidad es que vendimos el control de YPF a España cuando el barril cotizaba 12 dólares, y que hoy se discute recomprarla cuando el barril cotiza 100 dólares. Vendimos barato y compraríamos caro. Todo bajo administraciones del mismo signo político y por razones coyunturales (financiar la maltrecha convertibilidad en los años 90, y tener un chivo expiatorio ahora). Sería para el libro de récords de Guinness.
La prioridad energética para revertir la declinación productiva y reponer más reservas es cambiar la política vigente, reinstitucionalizar el sector y generar certidumbre de largo plazo con políticas de Estado que reflejen los consensos básicos entre el oficialismo y la oposición.

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De Vido, como Firmenich y Galtieri, contabiliza muertos

de vido Es sabido que Eric Hobsbawm caracterizó al Siglo XX como el más violento de la historia de la humanidad . Por otro lado, en nuestro país hay quienes sostienen que la idealización de la muerte impregna nuestra historia política, entre otras muchas y valederas razones, por el mandato de nuestros orígenes como Nación desde que  el Himno Nacional nos convoca a “con gloria morir”.

Esos razonamientos pueden permitir encuadrar algunas desgraciadas afirmaciones que jalonan nuestro pasado reciente como cuando Mario Firmenich  reconoció en un reportaje realizado en un avión por Gabriel García Márquez que no hicieron nada para impedir el golpe de Marzo de 1976 y “ que hicimos nuestros cálculos de guerra y nos preparamos a soportar, en el primer año, un número de pérdidas no inferior a mil quinientas bajas”.

O aquella otra del dictador  Galtieri que, en medio de la Guerra de Malvinas al enterarse del hundimiento del Crucero General Belgrano, sentenció “ Que nadie se confunda. Tengo 400 argentinos muertos y si es necesario, para salvaguardar el orgullo razonable, el orgullo histórico de la Patria, la Argentina esta dispuesta a 4.000 o 40.000 muertos mas, a 5 o 6 meses, o a 5 o 6 años de lucha. La Argentina de América latina no va arriar la bandera ni levantar la bandera blanca.”

Esas afirmaciones pueden caracterizarse como resultado de la “soberbia armada” nihilista y suicida o del manotazo de ahogado de una dictadura borracha de poder pero lo que no puede definirse como otra cosa que cinismo es la declaración del censor Julio de Vido que al referirse a la tragedia de Once habló de “los muertos que no se producen y nunca se contabilizan

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Hacerse Cargo

toto de macri y cristina La tragedia de Once revela la pobreza de las políticas públicas del peronismo. Negación de la responsabilidad y victimización: la estrategia de la soberbia. Pérdida de rumbo ante la crisis energética, el ajuste y la impugnación social. La tirria de la presidente con los docentes. Guillermo Moreno consolida su mando en la economía.

¿Alguien puede imaginar al destituido Jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra diciendo que la tragedia de Cromagnon era responsabilidad de “jóvenes descontrolados que hacían pogo con bengalas”? No, de ninguna manera. Tal vez porque no ostentaba el 54% de los votos que parecen eximir al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de cualquier responsabilidad ante la flagrante ausencia de políticas públicas sobre energía, transporte, educación y seguridad. O, tal vez, porque el ahora legislador de la Ciudad de Buenos Aires lidiaba con un electorado algo más sofisticado que el que sostiene al kirchnerismo en el poder desde hace ocho años.

Una consecuencia de esa falta de políticas es la muerte absurda de 51 personas al estrellarse un tren abarrotado de personas contra el para choque de la terminal de la estación terminal de Once. La sandeces que dijo el –rápidamente ex – Secretario de Transporte Pablo Schiavi en la conferencia de prensa, le fueron dictadas o inducidas como continuación de una estrategia del “relato” oficial que reta a los ciudadanos por comportarse mal o en forma inconveniente. Una semana antes del suceso, el segundo spot publicitario de la tarjeta SUBE trató a los argentinos de “dejar todo para último momento”, como si el plazo perentorio y la forma lamentable de gestionar la tarjeta –promocionada como un antídoto contra el tarifazo en ciernes – hubiera sido una decisión planificada y no una medida extemporánea de este gobierno desconcertado. La ministro de seguridad Nilda Garré excusó la impericia de las fuerzas de seguridad, que “olvidó” en un vagón del fatídico tren 3772, el cuerpo sin vida de un joven, porque el mismo “viajaba en un lugar indebido”.

Por su parte, los posteriores comportamientos conocidos del kirchnersimo, los mismos que ocurrieron cuando Cromagnon y el accidente de la mina de Río Turbio, buscan despegar de responsabilidad a quienes tienen la obligación de controlar –si la empresa es concesionada- o de gestionar correctamente, si la empresa es estatal. La consigna es no pagar un céntimo de costo político y el mejor obrar es el silencio.

El rol de víctima es otro que parece haber elegido reforzar la presidente, aún aferrada al luto riguroso, presentándose el Estado nacional como querellante en la causa del tren de Once. Luego, al igual que con otros temas, el “relato” oficial verá en la quita de la concesión, la nacionalización y otros, la solución al problema. Como con Aerolíneas Argentinas, que pierde 2 millones de dólares por día, pero no se nota porque ningún avión se ha estrellado aún. El fondo del problema es la falta de políticas públicas serias, consistentes y duraderas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos de este país.

En el sentido de este momento disparatado de la política oficial, la frutilla del postre es el viaje del Super Secretario Guillermo “IAPI” Moreno hacia Angola, en un chárter variopinto de 360 personas en el que viaja el administrador de la feria “La Salada”, Jorge Castillo, para “transferir el know-how” de un negocio basado en el trabajo negro y la evasión fiscal. Esperemos que Moreno no traiga a cambio el know-how del presidente José Eduardo Dos Santos que desde 1979 ocupa el máximo cargo y no tiene miras de dejarlo.

Es claro que Moreno viaja a Angola, segundo productor petrolero de África, con la intención de paliar el déficit energético argentino, aumentando los 200 millones de dólares de intercambio actual, para acercarse a los 1200 millones de Brasil. Veremos cómo le responde el “compañero” Dos Santos, en un “viaje histórico” – en palabras de un siempre exultante Moreno.

En la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el discurso la presidente, bolivariano en extensión, con profusión de datos – no todos veraces – e inflexiones emotivas, señala la reafirmación de su personalidad política, a la que busca diferenciar de su extinto marido en muchos aspectos. De esos rasgos hay algo que sobresale: Néstor Kirchner lanzaba golpes, pero sabía retroceder, la presidente no parece tener freno una vez que toma envión sobre un asunto, tal como cuando durante el revés en el conflicto por “la 125”, en el que se dice, que Cristina Fernández amagó con renunciar y Néstor la detuvo.

Medidas a medias

La “sintonía fina” está estancada. Del apuro por generalizar la tarjeta SUBE se pasó a la prórroga indefinida del nuevo cuadro tarifario en el que el colectivo cuesta la mitad que el subterráneo, en la Ciudad de Buenos Aires. De la amenaza de nacionalización de YPF a la balcanización de ese conflicto, ahora delegado en manos de los gobernadores petroleros. Y la orden de no comprar productos ingleses ha recibido una dura réplica, ya no de Gran Bretaña, sino de la Unión Europea, un grueso revés de la política exterior del país.

El tema que parece más acuciante para el peronismo gobernante es el energético. La presidente dijo durante la apertura de sesiones ordinarias que “si no fuera por el aumento de importaciones de combustibles, la balanza superavitaria hubiera llegado a 15 mil millones de dólares”, remedando la frase popular aquella de “si me abuela tuviera ruedas…” y soslayando que el esfuerzo denodado por mantener los precios internos aislados de los externos es una tarea cada vez más difícil, bajo las actuales condiciones de déficit creciente.

La presidente reiteró sus reclamos por la escasa producción de crudo de YPF, sin tener en cuenta que los precios internos no son atractivos para tales inversiones, y con alguna información inexacta. Lo mismo ocurre con el gas. Producido en la Argentina recibe una remuneración 2,7 dólares promedio el millón de BTU; 10,78 dólares se paga el que se trae de Bolivia; y un promedio de 15 dólares el millón de BTU a los barcos cargados de gas licuado que se traen de Trinidad y Tobago.

La nueva edición nacional de “la guerra del petróleo” tiene así dos demonios: YPF y, en menor medida BP. El clima hostil sobre el primero motivó un llamado directo del Rey Juan Carlos a la Casa Rosada y la blitz visita del Ministro de Industria español, José Manuel Soria al Poder Ejecutivo. En tanto que la segunda sufrió la exclusión de la convocatoria de ENARSA para importar gas este año, en línea con el boicot a productos británicos, empresa que ya tiene adjudicados cinco barcos para este año. Dicha licitación pretende comprar a 13 dólares el millón de BTU.

El Ministro Julio De Vido tiene pensado reunir a los gobernadores de las nueve provincias que integran Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), para delinear los pasos a seguir en este minué inflamable.

 

Macri descubre los subterráneos

No puede negarse que Mauricio Macri aprende. Primero descubrió que la política no es como una empresa. Ahora descubrió que ese hormigueo que hay bajo la Avenida de Mayo lo produce un tren que hace casi cien años va del puerto hacia el oeste.

Su primera campaña política prometía la construcción de kilómetros de subterráneos. Inauguró la ya iniciada línea “H” y otro par de estaciones. Nada más. Casi tan pobre como los casi 700 kilómetros de vías que la presidente dice que se tendieron merced a la política ferroviaria del kirchnerismo; una migaja si se considera que alguna vez el tendido total era de más de 47.000 kilómetros.

El juego del gobierno nacional de traspasarle el subte se ha convertido en un verdadero culebrón vergonzoso del que los usuarios son rehenes. Las constantes chicanas del kirchnerismo, luego de firmar el acta compromiso de traspaso, motivaron a que el Jefe de Gobierno se plantara para rechazar ese “fierro caliente”, aunque ya se encargó de aplicar un ajuste del que nadie va a dar marcha atrás.

El papel de Macri en sucesivas conferencias de prensa, desnudaron su poca cintura política y una rara ineptitud mediática, aspecto que siempre es cuidado.

En toda esta escaramuza se delinea la intencionalidad del kirchnerismo de instalar a Mauricio Macri como el referente de oposición para el 2015. Así, los primeros aparecerían como una alternativa de izquierda, mientras que el segundo lo haría por derecha. Si bien estos clivajes tienen poco asidero en la realidad, por lo menos, si tenemos en cuenta el discurso de la presidente en el que fustigó a los docentes con las mismas palabras y argumentos que utilizara Macri en su lidia con los sindicatos de maestros de la ciudad.

Esa alocución, la definición por decreto de la paritaria docente nacional y los paros desproporcionados en la provincia de Buenos Aires liderados por SUTEBA, son un capítulo más de la larga batalla personal que la presidente arrastra con ese gremio desde la provincia de Santa Cruz. Como en otros asuntos, la política de educación sigue relegada, porque más allá de la remuneración de los maestros, colocarse al frente de un aula de un establecimiento secundario del primer cordón bonaerense es una experiencia límite.

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Presentación del Libro “El Caso Chile”

foto Presentacion Libro El Caso Chile El martes 13 de diciembre se presentó  mi  libro “El Caso Chile” en el Centro Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), acompañado por un panel que generosamente comentó aspectos e impresiones de la obra.

En primer lugar el profesor Roberto Russell, quien ya había conocido los aspectos medulares del trabajo por haber sido jurado de la tesis de maestría que dio origen al libro, resaltó cuatro aspectos que hacen a lo que él considera el mérito de la obra, cual es el de mostrar el papel de la política exterior argentina en la transición chilena hacia la democracia. Esos cuatro puntos son, la complejidad explicativa para mostrar matices, cambios y rupturas de los actores durante el período de la transición chilena; la especificidad teórica de la relación entre régimen político y sus relaciones internacionales; el papel de los “presidentes” en la configuración de esas relaciones; y los aprendizajes políticos y sociales recíprocos que se desprenden de un período signado por la transición del autoritarismo a la democracia en Sudamérica.

Sucedió en la palabra, María O’Donnell, todavía emocionada por la presencia de su padre en el generoso prólogo de la obra, quien destacó el valor del libro en el que conviven la doble condición del autor: haber sido testigo directo de los hechos, con el estudio y el abordaje académico desplegado. Esa combinación da por resultado, según María  un texto ágil y preciso, a la vez.

El Embajador de España en nuestro país, Don Rafael Estrella, trajo al encuentro un sutil elogio del Príncipe de Asturias, de reciente paso por la región. Luego de hacer notar que el libro es austero en adjetivos como indicador de honestidad intelectual, iluminó importantes aristas del papel de su país en la misma transición, recordando, entre otros, el desempeño del joven abogado Felipe González en la defensa de perseguidos políticos en el país trasandino. Además, en su alocución, abundó en los aspectos de las relaciones internacionales de España durante su propia transición del franquismo a la democracia.

Por último, el senador Ernesto Sanz recorrió a manera de galería de puntos salientes, los hechos que por olvidados o poco recordados colocan al presidente Raúl Alfonsín como verdadero impulsor de la democracia en Chile y en la región, rescatando su dimensión de estadista con pocos precedentes. En ese accionar, Ernesto revalorizó el concepto de gestión, acotado en la actualidad a la mera administración, para colocarlo en el centro de la política, única manera de entender cabalmente la gestión de Alfonsín en los primeros y más difíciles años de democracia argentina.

No alcanzan los espacios para agradecer a tantos y prestigiosos asistentes a este acto, así como a los panelistas, que ha sido para mí de trascendencia en muchos planos, también afectiva. Gracias, otra vez.

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Una mirada sobre la elección del 14 de agosto del 2011

urna 1. Un análisis apropiado requiere indagar en las motivaciones del voto a CFK, así como las razones (o falta de) para acompañar otras opciones.

2. La historia argentina reciente muestra la relevancia de la situación económica en la consideración social, capaz de desplazar otras valoraciones. Buen ejemplo de ello es la “tablita cambiaria” del Proceso o, ya en democracia, el régimen de convertibilidad en los noventa.

3. La evidencia empírica en América Latina también acredita la afirmación de que en contextos económicos de crecimiento o estables, los oficialismos continúan en el poder, como lo demuestran los casos de Colombia, donde vemos la continuidad de Santos luego de Uribe-, de Brasil, país en el que Dilma Rousseff sucedió a Lula da Silva – que ya había sido reelecto, y también Uruguay con la ratificación del Frente Amplio, primero con Tabaré Vázquez y después con José Mujica.

4. La anomalía en la Región la constituye Chile donde la fractura de la coalición oficialista y el desgaste de veinte años de gobierno, abrieron la puerta a la Presidencia de Sebastián Piñera.

5. En nuestro país, en las elecciones distritales de este año, casi todos los gobiernos fueron ratificados en las urnas (Misiones, Córdoba, Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Salta, Chubut y Tierra del Fuego).

6. La excepción a la regla de los oficialismos exitosos en contextos económicos promisorios, sin importar mucho el registro ideológico de los gobernantes, es Catamarca donde, a pesar de que el gobierno provincial aumentó su caudal de votos, la ruptura de la coalición gobernante llevó a la reunificación peronista que, finalmente, se alzó con el triunfo.

7. Otra consideración relevante para comprender el triunfo de CFK es la apelación a sectores sociales con reivindicaciones temáticas específicas. El Gobierno nacional registró acertadamente que, en sociedades diversas y plurales, las señas de identidad son variadas y múltiples y no, exclusivamente, de pertenencias partidarias. En ese plano simbólico, la apelación a supuestos desafíos épicos tuvo particular aceptación en sectores juveniles.

8. En el mismo sentido, la creación de medios de comunicación, el desarrollo de programas oficialistas y la propaganda, contribuyeron no sólo a configurar una realidad acorde a los intereses y necesidades del Gobierno, sino también a ridiculizar la prédica de los dirigentes opositores y desacreditar medios de prensa no subordinados.

9. En ese contexto, un Gobierno que centraliza al máximo el poder, maneja de manera discrecional los recursos públicos y exhibe desapego por los procedimientos democráticos, obtuvo su máximo caudal de votos desde sus inicios en el año 2003.

10. No obstante los conflictos de raíz social que costaron más de una decena de muertes en el último año y de rampantes escándalos de corrupción, en la última elección se verificó un homogéneo acompañamiento al Gobierno Nacional. No únicamente en términos geográficos -sólo perdió en la Provincia de San Luis- sino también socialmente, a partir de haber recuperado el voto perdido en las últimas elecciones legislativas en los grandes conglomerados urbanos y áreas rurales.

11. El mapa político que deja la elección muestra una preponderancia, de alrededor del setenta por ciento, de opciones de cuño peronista en tanto que los dos millones quinientos veinte mil votos obtenidos por la UCR revelan un notorio retroceso electoral que, al mismo tiempo, permite avizorar el riesgo de un deterioro aún mayor en el próximo comicio de octubre.

12 En efecto, en relación a la última elección presidencial del año 2007, con la candidatura de Lavagna-Morales, se perdieron alrededor de setecientos diez mil votos, equivalentes a casi cinco puntos porcentuales. (*)

13 En diez distritos, la fórmula presidencial obtuvo un resultado inferior al promedio general del país que fue del 12.17% (CABA, Buenos Aires, Chubut, Mendoza, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego).

14. En dieciséis distritos el binomio presidencial alcanzó la segunda posición, en seis (Buenos Aires, Chubut, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis) obtuvo el tercer puesto, en Santa Fe fue cuarto y en CABA llegó en quinto lugar. En el caso de que estas posiciones se repitieran en la elección de Octubre, y considerando las provincias que eligen cargos de senadores nacionales, la UCR renovaría sus bancas en juego y ampliaría su bloque en un caso: la Provincia de Misiones.

15. Si se contrastan los votos obtenidos por la fórmula presidencial de UDESO con las recientes compulsas provinciales de la interna abierta de Santa Fe y la general de Córdoba, la merma de votos es de casi ciento ochenta y cinco mil votos frente a los obtenidos por Mario Barletta y Oscar Aguad, respectivamente.

16. Resulta bastante obvio que la explicación del pobre resultado obtenido por la UCR no admite explicaciones monocausales ni simplistas. Por el contrario, tiene raíces mas profundas y es posible pensar que la simpatía recobrada por la UCR en algunos sectores sociales – luego del conflicto por la retenciones, el aniversario por los veinticinco años de la inauguración democrática y el fallecimiento del Presidente Raúl Alfonsín – llevó a muchos dirigentes radicales a confundirla con una auténtica recuperación de la confianza de la sociedad y, en consecuencia, a imaginar que la vuelta al ejercicio del gobierno era una formalidad que sólo requería del paso del tiempo.

17. El espejismo de la reconstitución partidaria imposibilitó la discusión profunda que los nuevos desafíos imponían a una fuerza política que pretende ser mucho más que una oposición testimonial. Mucho más cuando el mundo enfrenta una crisis sin precedentes desde 1930 y la Argentina todavía padece las consecuencias de la crisis política, económica y social de inicios del siglo: la más grave, profunda y extensa de toda su historia.

18. Esos déficits estructurales estuvieron acompañados por una serie de episodios recientes que contribuyeron a debilitar el desempeño institucional de la UCR.

19. Apenas constituidos los Bloques Legislativos surgidos de la elección ganada en el año 2009, se suscitó una inexplicable disputa por la conducción de los mismos que incluyó condicionamientos a legisladores que manifestaban su voluntad de incorporarse. Ello afectó la consideración social de lo que era unánimemente tenido en cuenta como uno de los pilares de la recuperación partidaria y tuvo como consecuencia inmediata la deslucida y contradictoria posición en el caso del uso de reservas y la composición del Directorio del Banco Central que expresó públicamente, por primera vez, la artificiosa controversia entre “progresistas y defensores del establishment”.

20. Al mismo tiempo, ya en Febrero del año pasado, en actividades organizadas por el Comité Nacional con los Bloques Legislativos, emergieron públicamente los cuestionamientos a la validez de las credenciales partidarias del Presidente del Senado.

21. Más aún, la constitución de nuevos agrupamientos internos a nivel nacional y provincial exteriorizó una controversia interna que llevó a la imposibilidad de programar actividades con la presencia simultánea de los más reconocidos dirigentes del Partido y se recurrió, inclusive, a otras fuerzas políticas aliadas para dirimir internas partidarias o para condicionar la constitución de eventuales coaliciones electorales.

22. Tempranamente, a mediados del año 2010, hubo sectores partidarios que desarrollaron acciones para posicionar candidaturas con equipos propios incumpliendo acuerdos explícitos por los cuales la definición del programa y la formalización de las alianzas estaba reservada al Comité Nacional partidario. Así, la dinámica interna adquirió un ritmo tal que, por ejemplo, el acto de un sector interno frustró la reunión anual de la Convención Nacional, cuya fecha de realización estaba fijada con varios meses de antelación.

23. Por otro lado, una evaluación tan errada como extendida en el Partido, que desconocía las nuevas y distintas reglas de juego creadas por la vigencia de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), llevó a que se verificaran muy amplias coincidencias para decidir la fórmula presidencial “lo antes posible”.

24. Este grueso error estratégico del Partido se justificaba en la absurda creencia de que no hacerlo daba ventajas al oficialismo y que era requerido por nuestros eventuales aliados. Sin embargo, ello no impidió que el marco de alianzas que el Partido había conformado en el año 2009 se desintegrara. A la temprana renuencia de la Coalición Cívica a ratificar la continuidad del Acuerdo Cívico y Social se sumó el cálculo estratégico del Partido Socialista, que daba por descontado -como Mauricio Macri- un triunfo oficialista y, en su evaluación, carecía de rentabilidad política acompañar una candidatura de otro partido. (**)

25. Una vez oficializada la candidatura presidencial, por desistimiento de los otros competidores frente al requerimiento público de liberar de obstáculos la campaña, la mayoría partidaria produjo un notable viraje político. Se abandonó la línea de “pureza doctrinaria” que confundía groseramente la apelación a diversos sectores sociales vacantes de representación política con la fijación de límites, expresados en términos personalizados, por definición infranqueables.

26. El sorprendente cambio antes que traer certezas introdujo confusión, reflejada dramáticamente en el resultado de la Provincia de Buenos Aires donde la candidatura presidencial obtuvo casi seis puntos porcentuales menos que la de gobernador.

27. La campaña electoral no sólo desaprovechó las potencialidades del candidato vicepresidencial nominado, Javier González Fraga, sino que se resumió en una serie de recorridas provinciales y presentaciones televisivas del candidato sin acertar a sensibilizar y movilizar sectores sociales tras una convocatoria que le diera sentido y orientación a la apelación por el voto a nuestra lista.

28. Hoy, luego del resultado y con vistas a la elección de Octubre, parece atinado concentrarse en un doble objetivo. En primer lugar, maximizar la potencial representación legislativa argumentando la necesidad de prevenir riesgos hegemónicos y apelando a las aptitudes de nuestros candidatos para ejercer el control republicano. Al mismo tiempo, procurar mantener la presencia territorial del Partido, tanto a nivel provincial como comunal, desarrollando un eje de reivindicación federal con los recursos apropiados por el gobierno central y sosteniendo la gestión exitosa de cientos de intendentes radicales en todo el país.

29. Esos objetivos no pueden relativizar el reclamo por la ausencia de valores propios de nuestra idiosincrasia que nos permita diferenciarnos de las otras candidaturas peronistas, tanto a nivel provincial como nacional. Por el contrario, ese reclamo debiera sugerir las consecuencias que para la sociedad tiene la disputa de poder hacia el interior del peronismo que, como lo indica la historia, se traslada a las instituciones del Estado y afecta la convivencia pacífica de la sociedad.


(*) Aunque la comparación no es pertinente, porque el Radicalismo integró la coalición Acuerdo Cívico y Social, es oportuno recordar que en la elección del año 2009 el porcentaje obtenido por el ACyS superó el 30%

(**) Más tarde, ese mismo criterio – endogámico y contradictorio con las oportunidades ofrecidas por las PASO- fue puesto en práctica en los otros cargos electivos y, cuando fue posible, fue utilizado como instrumento para “ajustar cuentas” en la vida interna partidaria.