Categorías
Política

La Sombra de Pinochet sobre la Política Argentina

El golpe del 11 de setiembre de 1973 entronizó en Chile y por diecisiete años al general Augusto Pinochet. Durante ese tiempo, en la Argentina se sucedieron nueve presidentes: Raúl Lastiri; Juan Perón e Isabel Martínez, hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976; luego los generales del Proceso y, más tarde, Raúl Alfonsín y Carlos Menem.

El gobierno justicialista de entonces, dentro de los cambios políticos sucedidos en los países de la región y en el contexto de violencia política que sacudió la Argentina, adoptó una actitud cooperativa y cómplice con los regímenes autoritarios vecinos de Uruguay y Chile.

En el caso de Chile esta complicidad se montó sobre la ambigua posición política de nuestro país frente al golpe, aún en vida de Perón. Por un lado se decretaron tres días de duelo por el asesinato de Allende y a menos de una semana del golpe, y antes que lo hiciera el principal promotor del mismo —el gobierno norteamericano—, se reconoció al régimen de Pinochet.

El trato a los exiliados también fijó la posición de ese gobierno. De acuerdo con las denuncias de legisladores de la UCR, de las cuatrocientas personas refugiadas en la embajada argentina en Santiago, cerca de trescientas, poseedoras del salvoconducto otorgado por la Junta Militar de Chile, no podían salir del país por la falta de autorización del gobierno argentino.

Un calvario similar vivieron unos cien exiliados chilenos alojados en el Hotel Internacional de Ezeiza, quienes pese a contar con un fallo favorable de la justicia argentina, fueron impelidos por las autoridades políticas a abandonar el país en un plazo de 24 horas.

Las relaciones políticas entre el gobierno justicialista y la dictadura chilena incluyeron el encuentro, en mayo de 1974, entre Perón y Pinochet en la Base Aérea de Morón; la condecoración al dictador con la Gran Cruz de la Orden de Mayo al Mérito Militar, otorgada por una delegación argentina encabezada por el ministro de Defensa, Adolfo M. Savino; y la visita del propio Pinochet, en abril de 1975, en la que públicamente propició la cooperación bilateral entre las FF.AA. para la represión de la guerrilla.

Esas coincidencias políticas incluyeron la ayuda de la aislada dictadura chilena. En la ONU, Argentina emitió uno de los pocos votos que rechazaron proyectos de condena a la violación de los derechos humanos en Chile que, sin embargo, obtuvieron la mayoría requerida en las Asambleas Generales de 1974 y 1975.

Ya en tiempos de la dictadura argentina, la diplomacia militar se distinguió, según Roberto Russell, por su “intervencionismo occidentalista”. En esa categoría se inscribe la intervención en el golpe militar en Bolivia, el asesoramiento militar en contrainsurgencia a los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, y el entrenamiento a fuerzas irregulares nicaragüenses en lucha contra el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Todo esto se realizó bajo el conocimiento y aliento de la administración republicana de Ronald Reagan y continuó hasta fines de 1983.

La acción represiva ilegal del Proceso tuvo, también, escala regional, a través de la conocida Operación Cóndor, que dispuso la persecución, asesinato y captura de personas percibidas como “subversivas” por las FF.AA.. Pero esta iniciativa tuvo su partida de nacimiento entre el 25 de noviembre y el 1º de diciembre de 1975 cuando la DINA invitó a todos los países del Cono Sur a la Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional con el propósito de coordinar acciones en la represión ilegal.

En esta reunión nació el Sistema Cóndor que formalizaba acciones de terrorismo de Estado a escala internacional que, en el caso de Argentina y Chile, tuvo como antecedente la llamada Operación Colombo, cuyo fin fue el asesinato y el ocultamiento de la muerte de cien opositores chilenos, en el invierno de 1975. Así, se sustituyeron las identidades de más de cien cadáveres con cuerpos de desaparecidos argentinos a quienes se les atribuía la identidad de opositores chilenos, supuestamente asesinados por sus propios compañeros en suelo argentino. Esta maniobra se publicitó a través de la ignota revista argentina Lea —financiada por José López Rega—, que fue utilizada como fuente por importantes diarios chilenos.

El largo brazo de la represión chilena llegó incluso hasta Washington, cuando el 26 de setiembre de 1976 fueron asesinados el ex embajador de Chile en ese país, Orlando Letelier, y su asistente, en lo que se considera el único acto terrorista extranjero en suelo norteamericano previo a los atentados del 11-S (2001).

La transición chilena no fue el resultado del derrocamiento del régimen, ni consecuencia de una negociación impuesta por la oposición, sino que se concretó en el contexto del dispositivo institucional que el propio régimen había fijado.

Fue el final de un camino recorrido por la oposición —denominado “aprendizaje” por el sociólogo chileno Manuel Garretón—, caracterizado por la protesta pasiva, las movilizaciones populares y la construcción de una alternativa que, mientras repudiaba la violencia como método de acción política, le daba a la oposición al régimen un sentido que evitaba el salto al vacío.

Este “aprendizaje” incluyó la lectura de la experiencia argentina y concluyó con la derrota en el plebiscito de 1988 del dictador Pinochet y el triunfo de Aylwin, un año más tarde.

Carlos Menem, que en 1993 condecoraría nuevamente a Pinochet en su carácter de Jefe del Ejército chileno, envió sendos mensajes de apoyo, tanto a Pinochet como a la oposición, en ese plebiscito clave de 1988. Al asumir Aylwin en un acto masivo en el Estadio Nacional de Chile —centro de detención emblemático de Pinochet— el entonces ex presidente Raúl Alfonsín fue ovacionado, en claro reconocimiento al apoyo que durante todo su mandato brindó a las fuerzas democráticas de ese país. Menem no asistió.

Categorías
Política

A 40 Años del Golpe de Pinochet

20130830-122330.jpg El 11 de Septiembre de 1973, como ha dicho Gabriel García Márquez, el drama ocurrió en Chile pero ha de pasar a la historia como algo que nos sucedió sin remedio a todos los hombres de ese tiempo, y que se quedó en nuestras vidas para siempre.

Ese golpe de Estado que derroco a Salvador Allende significó un quiebre en la respetuosa relación con la Constitución, las instituciones y las leyes que distinguía a Chile como una de las democracias más vigorosas del continente.

En efecto, hasta el golpe de 1973, Chile había experimentado un dilatado período republicano no exento de particularidades, como un gobierno de Frente Popular en 1939, único caso en un país de América Latina, en el cual Salvador Allende era Ministro del Presidente radical Aguirre Cerda

El golpe de 1973 fue el producto de un proceso político que había adquirido virulencia incluso antes de la llegada de Salvador Allende al gobierno y fue el colorario de la extrema polarización política originada en la formulación de proyectos globales excluyentes: la construcción del socialismo y el socialismo comunitario en la Unidad Popular y en la Democracia Cristiana respectivamente y, por otro lado, la intransigente posición de la derecha con su defensa doctrinaria a ultranza de la propiedad e iniciativas privadas.

Sin embargo, el proceso que culmina con la instalación del régimen pinochetista no puede ser explicado atendiendo únicamente a las condiciones políticas, económicas y sociales internas, sino que debe tener en cuenta el peso de la dimensión internacional en dicha dinámica.

En el marco de la Guerra Fría, Chile se convirtió en el terreno en el cual las superpotencias desplegaron sus estrategias antes, durante y después del golpe de 1973. Así como los Estados Unidos utilizaron todos los recursos – regulares e ilegales- para instalar una dictadura, para la Unión Soviética el caso chileno era una oportunidad para ejercer su influencia en el tablero político de los países latinoamericanos.

Para los Estados Unidos lo relevante en el caso chileno era evitar que gobiernos de izquierda pudieran gestar una experiencia exitosa de transición pacífica al socialismo con potenciales efectos demostrativos para el resto del hemisferio. Más aún, un gobierno de izquierda en Chile tendría, en la percepción de los Estados Unidos, repercusiones en Europa – especialmente en Francia e Italia- países que juntó con Chile contaban con los más poderosos e influyentes Partidos Comunistas de Occidente, lo que juzgaba no solo negativo sino con implicancias en el balance internacional de poder.

Para la Unión Soviética, el otro polo de la disputa Este-Oeste en la Guerra Fría, América latina importaba no sólo por su peso en la ONU sino porque Chile –a pesar de ser el país más distante de sus fronteras geográficas– constituía una excepción, en el contexto de sus diferencias con la estrategia de la revolución cubana de la creación de “cien Vietnam” en la región, por la tipología europea de su sistema político, con un poderoso Partido Comunista que, además, dirigía la central de trabajadores

El dictador Pinochet se mantuvo en el poder casi diecisiete años y desde el primer día de su instauración, el Estado autoritario se caracterizo por institucionalizar la represión y la persecución de disidentes, tanto en territorio chileno como en otros países. En efecto, el aparato represivo establecido fue capaz, incluso, de actuar en el exterior a través del accionar conjunto con fuerzas de otros países, entre ellos Argentina, en la denominada Operación Cóndor, verdadera articulación regional de la represión ilegal.

La de Chile fue la última de las transiciones en el Cono Sur y fue, como titula su libro el ex embajador chileno en Buenos Aires, Luis Maira, de naturaleza interminable. Esa transición no sobrevino como consecuencia de un alzamiento militar, como sucedió en Portugal en 1974. Tampoco fue la consecuencia de la muerte del dictador, como ocurrió con la España de Franco en 1975, tan admirado por Pinochet por ser ambos “los únicos que hemos derrotado al comunismo”.

La transición chilena, iniciada con el triunfo de la Concertación en el plebiscito de 1998, tuvo lugar bajo las reglas sentadas por el propio régimen autoritario y fue sustancialmente distinta a la argentina, originada en la derrota en la Guerra de Malvinas en 1982, que no registró acuerdos entre la dictadura que se retiraba y los actores políticos democráticos.

Una vez recuperada la democracia, la experiencia chilena revela que la existencia de un Estado capaz de proveer certidumbre en las políticas públicas; el apego a la ley de los ciudadanos; la vigencia de un sistema político edificado sobre la base de amplias coaliciones políticas y una cultura de compromisos y acuerdos entre los actores políticos son condiciones necesarias, aunque no suficientes, para afrontar los desafíos de la globalización y la inclusión social.

Categorías
General Opinión Política

Ir por Todo

La visión kirchnerista del mundo, entre el relato y la realidad. Las consecuencias sobre la política internacional. Las encrucijadas de Daniel Scioli, Sergio Massa y Mauricio Macri, ante la Casa Rosada y las elecciones. Las paritarias en plena ebullición. Octubre ya está en la mira de todas las decisiones.

El jueves 27 se cumple un año de aquel encuentro en la ciudad de Rosario, en el que la presidente arengaba a sus seguidores – mientras la intendente Mónica Fein hacía uso de la palabra – asegurándoles a sus militantes enardecidos: “Vamos por todo”. Cinco días después del accidente ferroviario más luctuoso de la Ciudad de Buenos Aires, la presidente se ocupaba de mostrar fortaleza y decisión, ignorando la tragedia, al igual que hizo su marido con el caso “Cromagnon”.

Esa visión sesgada, navega entre las aguas del oportunismo y la épica revolucionaria, tiñendo todos los actos de gobierno de la era del matrimonio Kirchner, pero exacerbada en la etapa cristinista, tal vez por su afición a la tribuna y al abuso de su oratoria de barricada. Por las razones que fuere, el gobierno hace gala de una concepción del capitalismo, entendido como una bestia a la que hay que domar/regular, disciplinando al mundo empresario por vías de la fijación de la tasa de ganancia y no, como ocurre en general, por medio de un sistema tributario que redistribuya la riqueza sin afectar las expectativas de inversión y negocios de los distintos actores del mercado.

Profundizando, ciertos versículos de este evangelio – cuya autoría podría atribuirse a Axel Kicillof – completa esta perspectiva la idea de que el control del ejercicio de los derechos de propiedad es la mejor herramienta para regular los díscolos comportamientos de los empresarios. Por caso, recién “adentro” de YPF, l’enfant terrible pudo tomar dimensión de lo que allí ocurría. Por último, prima el concepto por el cual los precios domésticos no deben reflejar los precios internacionales, es decir, deben permanecer “desenganchados” de la realidad mundial, sin olvidar que el tipo de cambio también es un precio.

A estas ideas se le suma la versión sui generis de sistema democrático, caracterizado por la ausencia de mediaciones, o de mediaciones formales; la preeminencia de la mayoría electoral para avalar todos los deseos del Poder Ejecutivo, en nombre del pueblo; la descalificación de los poderes Legislativo y Judicial rotulados de opositores cuando ejercen su facultad constitucional de balance de poder y, finalmente la persecución económica de medios que no comulgan con el evangelio K.

De estas dos vertientes, más o menos manifiestas en los discursos, pero aplicadas con eclecticismo y oportunidad, según el caso, se desprende el curso de la política en materia de relaciones internacionales. El “memorándum” – elevado a carácter de Tratado en su paso por el Senado – con el gobierno totalitario de Irán, a raíz del caso del atentado la AMIA, reflejan que en el campo internacional el kirchnerismo cree que la crisis económica global – de ese capitalismo decadente – y las fisuras y defecciones de algunos de los países líderes del mundo, abren la puerta para introducir cambios ensayando maniobras estrafalarias, so pretexto de hallar con este acercamiento un camino hacia la verdad de los hechos que, hay que recordar, tienen una responsabilidad primaria en el Estado argentino. El gobierno ya consagró en un juicio oral escandaloso, la impunidad para la llamada “conexión local”.

El canciller Héctor Timerman en su desopilante exposición en el senado, no

pudo responder a preguntas tan elementales como: ¿Por qué el cambio de postura? Mientras los últimos años Argentina exigía en los foros internacionales la extradición de funcionarios iraníes con pedido de captura, con el acuerdo se acepta una propuesta ofrecida por Irán en 2007 y que entonces fue desechada por nuestro país por improcedente y por desviar el curso de la justicia.

¿Por qué no hay indagatorias? El acuerdo reza taxativamente que habrá interrogatorio, pero nada dice de indagatoria. Es decir que no tendrá valor a los efectos de hacer justicia en nuestro país. Más aún, la propia Audiencia no tiene seguridades de llevarse a cabo si la Comisión de la Verdad entiende que no hay mérito para seguir la causa.

¿A qué se debe que siendo una causa judicial por un crimen perpetrado en Argentina, causa que Irán ha obstaculizado durante años negando la extradición de los funcionarios presuntamente implicados, en los interrogatorios participen funcionarios iraníes? ¿Será para custodiar el cumplimiento de la ley iraní?

¿Qué intervención tuvo la justicia argentina, puntualmente el juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman en el proceso de elaboración del acuerdo? Según el canciller no han participado. ¿Con quién ha firmado un acuerdo Timerman? El régimen iraní es uno de los gobiernos más desacreditados de la tierra. Es reconocido por su poca confiabilidad en el mundo y su crueldad fronteras adentro: persigue con saña a homosexuales, restringe los derechos de la mujer, niega el holocausto y amenaza periódicamente con borrar del mapa a Israel.

Quienes señalan que Estados Unidos también está abriendo un proceso de negociación con la República Islámica de Irán olvidan una cuestión fundamental: en un caso el tema se rige por el derecho interno, el de AMIA es un crimen imprescriptible, de lesa humanidad; mientras que el otro está enmarcado por el derecho internacional.

Es evidente por qué Irán quiere acordar con Argentina: este año tiene elecciones, algunos de los sospechosos por el atentado son candidatos y querrán limpiarlos de culpa y cargo. A su vez, un país con mala reputación, precisa mostrar gestos de apertura, transparencia y sensatez.

De todos modos, el cristinismo avanza a caballo de este conjunto de ideas y acciones en un año electoral sin perder de vista la, por muchos acariciada, posibilidad de la reelección indefinida. Varias espadas del oficialismo siguen atizando ese carbón y el inefable Ernesto Laclau volvió a defender la posibilidad de reforma de la Constitución Nacional que permita la reelección indefinida de la mandataria, abonando el particular concepto de democracia al que nos hemos referido: “La Constitución argentina que se estableció en el 94 es una Constitución que en realidad está dominada por los modelos neoliberales que predominaban en ese momento. Hoy tenemos que avanzar en una dirección diferente. Creo que tiene que haber la posibilidad de una reelección indefinida”; es “antidemocrático que si la gente quiere seguir votando por un candidato eso sea imposible por una valla legal”. Esta es la concepción kirchnerista de la ley, de las normas: “vallas” en el camino de un líder iluminado y ungido por su pueblo.


El juego electoral

Daniel Scioli y Sergio Massa, dos estrellas que brillan en el firmamento bonaerense – aquel que concentra el cuarenta por ciento del electorado nacional – se muestran juntos y no hablan más que de gestión de sus territorios. No los une el amor sino la desconfianza mutua y la necesidad de mostrar que son dialoguistas y afables, el reverso de la moneda kirchnerista. Su actitud de “pago chico” incluye no decir una palabra del acuerdo con Irán. Mientras el intendente coquetea con la Casa Rosada y su edad le permite darse el lujo del tiempo, Scioli sabe que el 2015 es su momento. Además, el moto nauta tiene en sus manos la gestión de una provincia con importantes dificultades económicas. Ya hizo pública su incapacidad para dar un aumento a los docentes – ofreció un veinte por ciento que tampoco estaría en condiciones de honrar – abriendo las puertas al “no inicio” de las clases en su territorio, punta del iceberg de las paritarias estatales.

El armado político de Scioli está calculando el momento de dar el salto, pero por ahora las cadenas del financiamiento los mantienen quietos. Ya adelantó que para las elecciones de este año necesita las listas de legisladores provinciales para garantizarse la gobernabilidad, en tanto que la de diputados nacionales será confeccionada desde Olivos.

Mientras que a Scioli y Massa la reelección posible de la presidente les resulta un escollo, a Mauricio Macri le resultaría indispensable. Para las elecciones de medio término sueña con ganarle a Alicia Kirchner – si fuera finalmente la candidata del FPV – y en el 2015 enfrentar a una Cristina habilitada, pero debilitada. Si no fuera ella, su candidatura se diluiría en el mar del peronismo.

A todo esto, el oficialismo mantiene la iniciativa y los resortes de la arquitectura electoral: podría ponerle a Sergio Massa el disfraz de delfín K, darle a Scioli el aire necesario para llegar a fin de año con la provincia más o menos en paz y obtener el porcentaje de votos mágico, ese 40 por ciento que mantenga con vida la llama de la reforma constitucional. Es probable que esa estrategia hubiera sido la de Néstor Kirchner, pero el entorno pretoriano creado por su viuda exige pureza ideológica, por lo que la alternativa de llenar las listas con cristinistas a costa del 40 por ciento, es una posibilidad cierta.


El cepo fiscal

De cepos y mazmorras la monarquía ha hecho gala siempre. Esa misma retórica que la presidente aplica a la Reserva Federal podría corresponderle a la perfección: “ellos tienen la máquina de los dólares”, chicanea para justificar el control de cambios. “Si el gobierno nos presta la maquinita…” declaró el senador Alberto de Fazio, creador de la Juan Domingo, y proponiéndolo como solución a los problemas de financiamiento de su gobernador. Es que la presión hacia las provincias es doble: dependen de la ayuda de la nación que a la vez les impide endeudarse en el exterior.

A diferencia del Estado nacional, el grueso de los presupuestos provinciales se va en sueldos y cualquier ajuste en las paritarias compromete gran parte de sus ingresos, como sucede ahora en la tensa negociación con los docentes.

Tal como está planteada la coparticipación, el distrito más independiente es la Ciudad de Buenos Aires que vive en un 88 por ciento de sus recursos propios – eso le permite hacer una oferta a los docentes que supera a la pauta nacional. En el otro extremo de los distritos grandes están Córdoba, y Santa Fe que dependen casi en un 60 por ciento de la coparticipación, en tanto que provincias como Formosa subsisten gracias a que el 92 por ciento de sus ingresos se deben a la coparticipación.

En un panorama en que la relación deuda pública/PIB se redujo tanto en las provincias como en la nación, al punto de ser la Argentina el segundo país con menos deuda de América latina. En una coyuntura en que los créditos externos resultan “baratos”, no se entiende, más que por el componente ideológico de la visión del gobierno, que se les vede a las provincias la posibilidad de recurrir al crédito internacional para financiar obras de infraestructura.

Publicado en Escenarios Alternativos

Categorías
General Opinión Política

El ”Caldo” Kirchnerista

El año cierra con varios frentes abiertos por el gobierno, empecinado en profundizar sus errores e ignorar los peligros. Los saqueos y la sombra de la crisis institucional. Los realineamientos del PJ ante la debilidad de Cristina Fernández de Kirchner.

Al igual que la cocción de las ranas, a las que se las sumerge vivas en un caldero con agua que se lleva en forma progresiva hasta el hervor, la sociedad argentina está siendo sometida a un lento calentamiento que no permite – como a la rana – reaccionar en forma inmediata. Del mismo modo que en los setenta la ola de violencia política fue creciendo hasta naturalizar la muerte diaria en las calles, este gobierno peronista – curiosamente reivindicatorio de aquél – esta naturalizando el abuso de poder, la inanición de la República, el desprecio por la Justicia y el bastardeo de la democracia, junto con la aquiescencia de la violencia social y las falsedades económicas. Este “caldo” kirchnerista nos ha venido cociendo desde el año 2003, con el leño de arcas públicas generosas y una situación inicial que actuó de “colchón” a la política desplegada por el matrimonio santacruceño.

Está más o menos admitido que son tres las condiciones necesarias para la ocurrencia de una crisis: desequilibrios económicos; debilidad del gobierno y un detonante. La primera condición se cumple en las actuales circunstancias en que los superávit gemelos han desaparecido y el gasto sigue creciendo – en un año electoral esa tendencia tenderá a acentuarse – con un panorama provincial y municipal que mostró durante este año graves problemas fiscales. Esto, en el marco de un proceso inflacionario que no ha sido atacado, ni la pérdida de competitividad abordada, no augura más que la profundización de los desequilibrios a los que se sumará la puja distributiva, complicada por la existencia de cuatro centrales sindicales y por una creciente conflictividad que lleva a sus dirigentes a pedir acuerdos salariales por semestre, acorde a una dinámica inflacionaria. Para comenzar el año, el transporte de ómnibus aumentó un 46 por ciento, los peajes un 60 y los combustibles un 7 por ciento.

La debilidad del gobierno es, también, ostensible, a pesar de que intenta sostener la iniciativa política, pero con acciones cada vez más costosas y erráticas. La expropiación de YPF marcó la huida hacia adelante del desastroso plan energético del gobierno. Su empecinada lucha contra el Grupo Clarín, lo ha llevado a enfrentarse con el Poder Judicial y con la misma Corte Suprema, la que no tuvo más remedio que decidir contra la voluntad presidencial en cuanto al per saltum que el oficialismo apuró en el Poder Legislativo para cerrar todos los caminos que impidan la plena aplicación de la Ley de Medios. La presidente arremetió nuevamente ante el revés, endilgando a los jueces la inseguridad y los males que emanan de una corporación conservadora que está asociada a la que detenta los “fierros mediáticos” golpistas. Tampoco ahorró metralla contra la Justicia de su socio político José Alperovich, montándose sobre el repudio que generó el fallo de la justicia tucumana sobre el caso Marita Verón y agitando el fantasma de la Justicia Popular.

Su relación con las fuerzas de seguridad es ambigua e inestable. Luego de decir que no enviaría la Gendarmería Nacional a contener desbordes sociales, cambió de opinión y dispone de ella en cuanto problema surge, encabezados por Sergio “Conintes” Berni. La Ministra Nilda Garré, por su parte, fue abucheada por familiares de los egresados de la última promoción de la escuela de cadetes de la Policía.

Tanto la Gendarmería como la Prefectura se insubordinaron a la Ministra en un hecho inédito en democracia, movilizados por razones gremiales. Y la expropiación del predio de La Rural se dio en medio de la ola de saqueos que sacudió al país en vísperas de Navidad, más como cortina de humo que como acción premeditada. Todas estas acciones a las que habría que cerrar con el fugaz paso anual de la presidente por la Sala de periodistas de la Casa Rosada – apenas 2 minutos y sin brindis como en otros años – marcan el deterioro de una forma de hacer política, pese a la cual, el kirchnerismo sigue alimentando la hoguera del caldero.

Según el estudio de una consultora que el Gobierno contrata con frecuencia la evaluación negativa del desempeño presidencial pasó del 15 por ciento, registrado a mediados del 2011, al 35 por ciento, en diciembre del 2012. En tanto que el desacuerdo con la gestión creció del 50,8 por ciento al 65,7 por ciento en los últimos seis meses, en tanto que el acuerdo cayó del 49,2 por ciento al 34,3 por ciento. El mismo estudio revela que, a un año de la gestión de su segundo mandato, cuenta con el 45,1 por ciento de desaprobación y un 25,4 por ciento de aprobación. Un 64,7 por ciento de los consultados afirman que la presidente ha perdido el apoyo que recibió en diciembre del 2011. Es decir, que la figura presidencial está sintiendo los rigores del desgaste político a pasos acelerados.

Siguiendo con el planteo de la factibilidad de la crisis, los saqueos, podrían haber sido esa chispa que enciende el fuego, el detonante, como en el año 2001. Por fortuna eso no ocurrió, porque el “pasto no estaba lo suficientemente seco”, reseco como en ese entonces.

Pero los saqueos dejaron en evidencia varias fallas del “modelo”. En dos días, en cuarenta ciudades y en casi 300 oportunidades según los datos que informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), afín al kirchnerismo, se vieron grupos de personas asolando negocios para robar lo que fuere. Por más que esos actos estuvieran organizados según causas locales diversas – las razones de Bariloche no son iguales a las de Rosario, ambas gobernadas por partidos diferentes – todos encontraron un sustrato social dispuesto a participar y sacar el mayor provecho del pillaje. Un conjunto de conciudadanos que sufren la pobreza, la regresión del ingreso, la tendencia a la baja de los salarios de los sectores populares y que habitan las periferias de las ciudades en condiciones de marginalidad social y con riesgo criminal.

Las fallas están asociadas a la falta de educación de calidad y al estancamiento del empleo privado, que a su vez generan el fenómeno de los jóvenes Nini (ni estudian, ni trabajan) que suman 900.000, según la Cepal, y son mano de obra disponible para saqueos y otras actividades delictivas, entre las que el tráfico de drogas ha crecido de forma exponencial. Por lo tanto, esto se entronca con la seguridad ciudadana y los hechos de robos seguidos de muerte, una de las principales preocupaciones en la escala de prioridades de todas las consultas y encuestas. Sin embargo, el gobierno no ha desplegado políticas serias en esos tópicos.

Ante los saqueos, la presidente mantuvo nueve días de silencio – como en casi toda conmoción social que ha sacudido su mandato y el de su marido – para luego arremeter con su consabido: “Les pido a los que no estén de acuerdo que formen un partido”. Así aconsejó a sindicalistas y a intendentes luego de responsabilizarlos por los saqueos, que habrían tenido el objetivo de desestabilizar a su gobierno. Antes, Berni y del Jefe de Gabinete Juan M. Abal Medina le habían puesto nombre y apellido a los desestabilizadores: Hugo Moyano y Pablo Michelli.

Es de esperar que el 9 de enero, un día antes de que Hugo Chávez debiera asumir la presidencia de Venezuela, la Fragata Libertad haga su entrada triunfal en el Puerto de Mar del Plata. ¿Se animará la presidente a ser el centro de un recibimiento popular?

Con el 2015 en la mira

Ante el olfateo de la debilidad presidencial, el PJ está procesando sus alternativas: Daniel Scioli surge como la figura estelar, esgrimiendo un discurso respetuosamente propio y protagonista del último reportaje del año del oficialista Página 12. Prolijo doctor de todos los heridos del peronismo por el rayo cristinista; cultor de la afabilidad, la escucha y el diálogo, el ex motonauta – augurado presidente por su mentor, Carlos Menem – sigue su camino hacia la meta Rosada.

En el amplio brindis de fin de año con la prensa, con la que el gobernador tiene trato diario, Scioli evitó tomar posición respecto de la estatización del predio de La Rural y volvió a alinearse al marcar a la Presidente Cristina Kirchner como la máxima conductora. Pero las diferencias, brotan por todas partes, tanto en los gestos como en las declaraciones. En esta oportunidad dijo: “Por el respeto que me merece la prensa y el trabajo que ustedes hacen, quería de esta manera recibirlos y decirles que para nosotros también son una guía de trabajo cuando se hacen eco de nuevas demandas ciudadanas o plantean quejas o problemas”.

El Vicegobernador Gabriel Mariotto – algo calmado luego de chocar varias veces con Scioli – despidió el año el año en la Cámara Senadores de la Legislatura provincial, faltando al ágape del gobernador.

Sergio Massa y el perseverante José Manuel de la Sota también están anotados en la carrera por la sucesión, el cordobés reemplaza sus pocas chances con un discurso más confrontativo, en tanto el intendente de Tigre suma adherentes dispuestos a colgarse de su excelente imagen pública.

Los tres candidatos tienen en claro que el “modelo” está agotado, que ahuyenta las inversiones, confronta demasiado, insiste con el aislamiento internacional, etc., o que necesita un cambio que el cristinismo no está dispuesto o en condiciones de dar. Junto con ese agotamiento, la imagen de la presidente se va difuminando y sólo alcanza algún destello de claridad cuando la furia la enciende.

Algunos especulan con la posibilidad de que una sucesión de reveses ponga a la presidente ante la opción que dicen estuvo a punto de tomar cuando la derrota de “la 125”. En aquel entonces Néstor estaba para contenerla, hoy la soledad es cada vez más grande.

Publicado en Escenarios Alternativos

Categorías
General Política

Chávez, los Derechos Humanos y el Mercosur

1201_cristina_chavez_g_tel.jpg_687088226 La Asamblea Nacional de la  República Bolivariana de Venezuela votó afirmativamente una propuesta gubernamental para estudiar la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los cuestionamientos del Gobierno de Chávez al desempeño de la CIDH no son nuevos y tienen un antecedente importante en el Informe que la Comisión produjo sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela a fines del año 2010.

El Informe, que dictamina  que en Venezuela se atenta contra la Democracia y los Derechos Humanos,  pudo realizarse a pesar que, desde el año 2003,  el Gobierno de Chávez viene impidiendo  la visita de la Comisión al país. Ese procedimiento de visitas en el terreno es algo que ha distinguido  el trabajo de la Comisión en los alrededor de 90 informes que ha realizado en diferentes países y circunstancias desde su creación, hace más de cincuenta años.

En los últimos años pude visitar Venezuela en varias oportunidades. En ocasiones  integrando la misión  de análisis de la situación política del país de la Internacional Socialista  y,  también,  como observador a las elecciones legislativas  y a las elecciones abiertas  de la coalición opositora, a principios de este año, donde masivamente surgió la candidatura de Henrique Capriles como candidato a Presidente para enfrentar a Chávez en la elección de Octubre de este año. En esas visitas comprobé la desnaturalización del sistema democrático y el impacto que el populismo político y el facilismo económico tienen en una sociedad con muchas asignaturas pendientes a pesar del “boom” petrolero.

Ahora bien, la iniciativa del Gobierno de Chávez de negarle competencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene implicancias de otro tipo y que alcanzan a nuestro país. Ello es así porque La concreción de esa iniciativa embiste contra el espíritu del Mercosur ya que, por el Protocolo de Asunción para Derechos Humanos del año 2005, los países miembros   se comprometen a la promoción y protección de ellos. En  efecto, en los fundamentos de dicho instrumento los países reafirman los principios y normas contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en el artículo séptimo de la parte dispositiva, determinan que el presente Protocolo es parte integrante del Tratado de Asunción.

Es de esperar, por muchas razones, que el Gobierno de Chávez no avance en su propósitos y que el Gobierno de Cristina Kirchner se esfuerce en disuadirlo. En primer lugar porque la defensa y promoción de los Derechos Humanos no debe reconocer fronteras y ,en segundo término, porque si lo hiciera afectaría, aún más de lo que está, al Mercosur .

Por último, y no menos importante, porque los Argentinos de bien tenemos una deuda histórica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA  que, cuando la dictadura asolaba nuestro país, nos visitó y produjo un Informe que constituyó un punto de inflexión en la lucha por la recuperación de la Democracia.