Los argentinos tenemos una importante tarea por delante: inmunizar la inversión pública de la discrecionalidad de los funcionarios.
Los fondos recaudados por el Estado deben tener un destino previamente acordado por el Congreso y su aplicación debe hacerse según reglas preestablecidas, todo con plena trazabilidad.
Esto es, sencillamente, cumplir la ley. Hoy están en juicio cientos de funcionarios que no lo han hecho.
La pobreza, la baja calidad de la educación pública, la insuficiencia energética, la incapacidad del Estado de atender las necesidades de salud de la población, el abandono del sistema de transporte ferroviario, la escasez de viviendas (y aquellas mal construidas o sin escriturar), el incumplimiento del derecho a todos los habitantes a tener acceso a agua potable, entre otros problemas críticos de la Argentina, se deben en gran medida a que la plata no llegó donde tenía que llegar.