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Construir esperanza: el desafío opositor y la necesidad ciudadana

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La oposición es un actor clave frente a la crisis política actual y un componente crucial para el funcionamiento de la democracia; es la oposición la que tiene el poder de mover al gobierno y a la sociedad en una dirección diferente.

Invitado a debatir sobre “Los desafíos de la oposición” en la reunión de socios del Club Político Argentino, pude exponer junto a Miguel Angel Pichetto y Hernan Lombardi algunas ideas que quiero compartir.

¿Cuál es el papel de la oposición en el contexto actual?

Como paso previo a definir el papel opositor, hay que tener un diagnóstico adecuado sobre la situación en la que se encuentra el gobierno actual. Tres situaciones definitorias atraviesan su gestión: una virtual parálisis política, incertidumbre recargada y un marcado bloqueo institucional.

Las razones de este estado de las cosas son por todos conocidos y van más allá de las limitaciones impuestas por la pandemia: liderazgo ejecutivo débil y legitimidad relativa, mando político bicéfalo y múltiples actores con capacidad de veto.

Antes de definir el lugar de la oposición, hay que entender la situación en la que se encuentra el oficialismo: parálisis política, incertidumbre recargada y bloqueo institucional.

La oposición ante este escenario debe constituirse como una fuerza política capaz de transmitir esperanza en un contexto de apatía ciudadana.

Con Jorge Sigal de moderador, expuse (minuto 02:00) enel Club Político Argentino, 5/7/21. Participaron también Miguel Angel Pichetto y Hernán Lombardi.

¿Qué características debe tener la oposición?

Sabido es que el miedo actúa como paralizante y que su contracara es la esperanza, motor que moviliza a las sociedades en busca de cambios para su bienestar.

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La calidad de las instituciones importa

Foto por @franjianhua en Freepik

La democratización y la globalización –entendida como la creciente integración de los mercados de mercancías y servicios, tanto reales como financieros– son procesos que distinguen la evolución de los asuntos globales desde la segunda mitad del siglo pasado. En América Latina, caracterizada durante décadas por la existencia de gobiernos dictatoriales, la oleada democrática se inicia con la presidencia de Raúl Alfonsín y hoy casi nueve de cada 10 latinoamericanos viven en países con gobernantes elegidos por la voluntad popular.

La pandemia que azota al mundo –aun sin saber cuándo termina y cuántas víctimas deberemos lamentar– además de provocar, entre otras desventuras, por primera vez en los treinta años de su existencia un retroceso en el Índice de Desarrollo Humano, construido por las Naciones Unidas, también impacta en el funcionamiento institucional de todos los países.

Según Freedom House, organización basada en Washington D.C. que realiza mediciones sistemáticas globales sobre libertades civiles y políticas desde 1970, el año pasado se redujo la puntuación en 73 países que reúnen al 75% de la población mundial. Ese registro incluye, entre otros países, a China, la India y Estados Unidos.

Del mismo modo, en el último Índice Democrático, que publica The Economist, 2020 es el año de mayor retroceso mundial en las libertades individuales en épocas de paz. En el Índice, que clasifica los países en cinco categorías, cae la calidad democrática en todas las regiones.

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Opinión

Corrupción y derechos humanos: desafío del siglo 21

Foto por Marko Milivojevic en Pixnio

El siguiente texto es una reflexión sobre la relación entre corrupción y derechos humanos con la que contribuí al documento “Democracia, derechos humanos y control público: el rol de los trabajadores”, publicado por la Asociación  de Personal de Organismos y Control (APOC). 

Hasta no hace mucho tiempo, la problemática vinculada a los derechos humanos y el fenómeno de la corrupción eran abordados independientemente el uno del otro, al punto tal que ninguno de los principales instrumentos internacionales en materia de los derechos fundamentales hacía mención a la corrupción y los efectos devastadores que provocan en las sociedades. 

Ni la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos trataron el tema de la corrupción. 

Será con la llegada del nuevo siglo, al reconocerse la necesidad de un abordaje global en la lucha contra la corrupción, que se aprueba la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en la Asamblea General del 31 de octubre  de 2003; allí en su preámbulo se alerta sobre la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea este tipo delictual para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley.  

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Economía General Internacional Opinión Política U.C.R.

Ideas actualizadas para los Ideales de Siempre

La pandemia que azota el mundo -aún sin saber cuándo termina y cuántas víctimas deberemos lamentar- ya generó la peor crisis económica en un siglo, produjo el primer retroceso registrado en el Índice de Desarrollo Humano que la ONU realiza desde hace treinta años y consolida una nueva década perdida, en términos económicos y sociales, en la Región de América Latina.

Las consecuencias de la Pandemia son múltiples.

Para empezar, nuestras sociedades serán más pobres y más desiguales. Según la CEPAL, en América Latina, al tiempo que el número de pobres se incrementará en 45 millones de personas, casi 3 millones de empresas -una de cada cinco- habrán dejado de existir.

Por otro lado, las demandas sociales crecientes presionan por mayores prestaciones del sector público sumando exigencias a estados que a sus debilidades estructurales le agregan, en el mundo en desarrollo, las dificultades para financiar estos mayores requerimientos presupuestarios.

También, los miedos individuales y las incertidumbres sociales son ambiente propicio para la emergencia o consolidación de liderazgos autoritarios en todos los continentes. De allí que la Internacional Socialista denunciara el  uso  de la pandemia “como pretexto para restringir libertades” y que destacados líderes democráticos y progresistas de América Latina alertaran sobre “los riesgos de una regresión democrática en la Región”.

A continuación, se presentan algunos rasgos distintivos del esquema de poder del movimiento que gobierna nuestro país y las consecuencias de las políticas seguidas por la administración. En el capítulo siguiente se describen los pilares de una propuesta para superar el estancamiento secular y el rumbo de decadencia en la post pandemia y, finalmente, se señalan algunos puntos de la hoja de ruta para la UCR, el partido más antiguo y el más actualizado de nuestro país.

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Informes AGN Opinión

Nuestra salud en 2021: ¿cuánto invertirá el Estado?

Un análisis pormenorizado del gasto en salud presupuestado para 2021 despierta algunas alarmas. 

La semana pasada participé del encuentro virtual “Salud y Economía: Convergencia necesaria para enfrentar las emergencias sanitarias, sin limitar el camino del Desarrollo Sostenible”, por invitación de  Fundación HCV Sin Fronteras, Fundación Huésped, Todos Frente al Chagas y Salud para Todos Argentina. En mi intervención, hice algunos aportes respecto del Presupuesto Nacional 2021 a los efectos de mejorar la comprensión del problema en el que nos encontramos, llegando a finales de un año signado por la emergencia sanitaria global más graves de la historia reciente.

Nuestro sistema sanitario de base evidencia un muy serio problema de equidad, produciendo una extrema fragmentación, aún dentro del sector público. Estas características están fundadas en una asimetría en las capacidades financieras y de gestión dentro de las provincias cuando nos referimos a ese segmento del sector público. En el caso de los trabajadores formales, los pensionados y sus familias, ahí hay una cobertura adicional,  que también cuenta con asimetrías; y finalmente los voluntarios que forman parte de las empresas de medicina prepaga.

El presupuesto de salud previsto para 2021 presenta un ajuste significativo respecto del ejecutado este año. 

Se gasta alrededor del 10 puntos del PBI en el sistema, un porcentaje alto que es a la vez dramáticamente inequitativo e ineficiente. Este punto de partida presenta un enorme desafío con vistas a lograr una cobertura sanitaria universal. Se trata de un problema institucional, dado que la competencia en la prestación de los servicios de salud recae en los gobiernos subnacionales, pero eso no debe implicar -como de hecho lo hace- la ausencia de la Nación.

El presupuesto 2021 prevé un ajuste de los recursos correspondientes al Ministerio de Salud (contemplando a la administración central y los organismos descentralizados) equivalente a una caída real interanual de 9,3% (cálculo que contempla la hipótesis oficial de inflación de 29% para 2021). El crédito disponible para ser gestionado por la Superintendencia de Servicios de Salud que regula a las Obras Sociales Nacionales es inferior incluso en términos nominales al del año 2020, representando una reducción real aún más profunda .

Algunos programas presentan una reducción notable, por ejemplo, el Programa SUMAR-que brinda cobertura de salud a personas que no cuentan con obra social ni prepaga-, se reduce 13% en términos reales, el Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles disminuye sus recursos 9% valuado a precios constantes, y el Programa de Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra prevé una caída de 6% contemplando la inflación.

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