Jesús Rodríguez
La semana pasada estuve en Brasilia en ocasión de una reunión de la OLACEFS, el organismo internacional que aglutina a las instituciones de auditoría gubernamental de la región latinoamericana.
En representación de la Auditoría General de la Nación, presido la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza, desde donde buscamos impulsar un proceso de mejora en la gestión de los recursos públicos que va más allá del tradicional control fiscal.
La semana pasada en el Colegio de Auditores aprobamos una serie de informes de gestión de áreas muy diferentes del Estado, pero que tienen en común la falta de concreción de los objetivos buscados. La ausencia de planificación y de mecanismos de control sobre el uso, destino e impacto de los fondos públicos son en gran medida responsables de que esto suceda.
En la sesión del Colegio de Auditores Generales del miércoles 24 de agosto, se aprobó una auditoría sobre el Programa “Seguridad y rehabilitación del interno” del Servicio Penitenciario Nacional que aborda temas vinculados a la administración del organismo, a la sanidad de los internos y a la seguridad y traslados.
El Servicio Penitenciario Federal es una fuerza de seguridad a cargo la administración de los 39 establecimientos penitenciarios federales y de los programas criminológicos destinados a disminuir la reincidencia, desalentar la criminalidad y contribuir a la seguridad pública.
La producción de pasta celulosa es una actividad industrial contaminante. El impacto ambiental negativo más profundo e inmediato está dado por el vertido de efluentes químicos en los cauces hídricos, siendo las provincias que tienen pasteras instaladas en su territorio Misiones, Jujuy, Santa Fe, Tucumán, Buenos Aires y Río Negro.
En el Colegio de Auditores Generales del 10/8/16 aprobamos una auditoría sobre la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) y el avance de las obras para ampliar la cobertura de agua potable y cloacas.
El informe, que cubre el período 2012- 2014, reitera observaciones anteriormente señaladas por la AGN y consideradas en el Congreso Nacional, sin que se verifique una respuesta del Poder Ejecutivo tendiente a subsanar los problemas informados.