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Memoria para no olvidar, acciones para seguir

La semana pasada divulgamos la memoria institucional 2020 de la Auditoría General de la Nación, donde rendimos cuentas a la ciudadanía de lo que hicimos el año pasado. A propósito de esto, algunas reflexiones…

La pandemia

De un tiempo a esta parte el mundo pareciera estar viviendo una película de esas que podemos disfrutar en la multiplicidad de nuevas plataformas que ofrecen servicios de entretenimiento.

Como he remarcado en anteriores entradas en este blog, las medidas preventivas que se tomaron en nuestro país a raíz de la pandemia, reconfiguraron la vida de todos los argentinos y los organismos de control no fueron la excepción.

A solo dos días de haber asumido formalmente la conducción de la auditoría general de la nación, se declaraba el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, situación que por su tiempo, consecuencias y extensión es inédita en los 29 años de historia del organismo.

Las consecuencias de la crisis

La crisis sanitaria, producto de la pandemia COVID-19, ha devenido en una crisis humanitaria y socio-económica global de proporciones semejantes a la Gran Depresión de los años ‘30.

La emergencia sanitaria provocó una crisis sin precedentes en el mundo entero y golpeó fuertemente a la sociedad con millones de personas infectadas y fallecidas, y agravada por sus consecuencias socioeconómicas, como la profunda caída del PBI y el crecimiento de la pobreza, la desocupación y la desigualdad social.

Con este cuadro de situación, teníamos dos alternativas: dejar que el miedo a lo desconocido y la incertidumbre paralizara un órgano vital para las cuentas públicas, o avanzar con la plasticidad necesaria para poder seguir actuando durante esta situación.

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La trampa de la falsa antinomia

La Argentina lleva 13 meses de emergencia pública y no tiene por delante un horizonte claro de retorno a la normalidad. En este contexto se hace imperioso agudizar la mirada y exigir que el Estado obre con transparencia, criterio, equidad, eficacia y rendición de cuentas. Las falsas antinomias, como “salud vs. economía” o “salud vs. educación” solo nos hacen perder valioso tiempo para gestionar la pandemia y disminuir sus múltiples efectos negativos. 

Que no se quiebre

Luego de que, en enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declarara la existencia de una emergencia de salud pública de importancia internacional, gobiernos de todo el mundo fueron decidiendo estados de excepción con el fin de brindar rápidas respuestas a la crisis.

Los estados de excepción pueden tomar diversas formas  pero en todos los casos tienen al menos dos grandes costos asociados: 1) la concentración de poder en el órgano ejecutivo, y 2) la restricción de libertades individuales.

La lógica detrás de los estados de excepción es que durante un período limitado -según la duración y el desarrollo de la crisis -, la respuesta rápida y prioritaria a la emergencia tiene un valor mayor para el conjunto de la población que la afectación de las reglas democráticas.

Mas allá de la justificación racional del caso, lo cierto es que 2020 fue el año de mayor retroceso mundial en libertades individuales del que se tenga registro en épocas de paz. Las voces globales debaten hasta qué punto la democracia -cuya calidad venía en disminución desde hace más de una década- puede soportar tamañas concesiones sin quebrarse. Se observa una suerte de “recesión” democratica.

Peligro en el alargue

En América Latina, todo es peor. Con tan sólo 8% de la población mundial, da cuenta de alrededor de 30% de los fallecidos por COVID a nivel global. Epicentro de la pandemia, la región además padece “comorbilidades”, como pobreza o desigualdad, que profundizan y prolongan la crisis socioeconómica. Así, los estados de excepción -que por propia definición deben ser transitorios- amenazan con extenderse en el tiempo.

La emergencia pública en Argentina fue decretada en marzo del año pasado (Decreto 260/2020) y luego extendida hasta el 31 de diciembre de 2021 (Decreto 167/2021).

La evolución de la pandemia en nuestro país al día de la fecha -con cerca de 300.000 infectados activos, más de 5.000 fallecidos en las últimas dos semanas y tan sólo 3% de la población con la vacunación contra el COVID-19 completada- permite suponer que el  Poder Ejecutivo intentara extender el estado de excepción  más allá de los plazos establecidos.

Aún cuando la pandemia finalmente esté relativamente bajo control, es decir cuando hayamos alcanzado la hoy lejana “inmunidad de rebaño” con al menos 70% de la población vacunada-,  las secuelas socioeconómicas que ya estamos padeciendo se profundizarán. Estas demoras en la salida de la crisis -la sanitaria, primero, y la socioeconómica, durante y después- nos colocan frente al riesgo de propiciar un alargue peligroso de la emergencia pública.

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Economía General Internacional Opinión Política U.C.R.

Ideas actualizadas para los Ideales de Siempre

La pandemia que azota el mundo -aún sin saber cuándo termina y cuántas víctimas deberemos lamentar- ya generó la peor crisis económica en un siglo, produjo el primer retroceso registrado en el Índice de Desarrollo Humano que la ONU realiza desde hace treinta años y consolida una nueva década perdida, en términos económicos y sociales, en la Región de América Latina.

Las consecuencias de la Pandemia son múltiples.

Para empezar, nuestras sociedades serán más pobres y más desiguales. Según la CEPAL, en América Latina, al tiempo que el número de pobres se incrementará en 45 millones de personas, casi 3 millones de empresas -una de cada cinco- habrán dejado de existir.

Por otro lado, las demandas sociales crecientes presionan por mayores prestaciones del sector público sumando exigencias a estados que a sus debilidades estructurales le agregan, en el mundo en desarrollo, las dificultades para financiar estos mayores requerimientos presupuestarios.

También, los miedos individuales y las incertidumbres sociales son ambiente propicio para la emergencia o consolidación de liderazgos autoritarios en todos los continentes. De allí que la Internacional Socialista denunciara el  uso  de la pandemia “como pretexto para restringir libertades” y que destacados líderes democráticos y progresistas de América Latina alertaran sobre “los riesgos de una regresión democrática en la Región”.

A continuación, se presentan algunos rasgos distintivos del esquema de poder del movimiento que gobierna nuestro país y las consecuencias de las políticas seguidas por la administración. En el capítulo siguiente se describen los pilares de una propuesta para superar el estancamiento secular y el rumbo de decadencia en la post pandemia y, finalmente, se señalan algunos puntos de la hoja de ruta para la UCR, el partido más antiguo y el más actualizado de nuestro país.

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General Informes AGN

El IFE es tan necesario como su control

Hoy estuve, de modo virtual, en el Senado.  Participé, junto al resto de los integrantes del Colegio de Auditores Generales de la Nación, de una reunión convocada por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas con el propósito de tratar los detalles de nuestro plan de auditoría en marcha y ponderar diversos pedidos de auditoría que se canalizan a través de esta comisión bicameral dedicada exclusivamente al vínculo con la AGN.

Uno de los pedidos que ingresó hoy a la bicameral va en línea del presentado por mi colega, el Dr. Alejandro Nieva, en el Colegio de Auditores Generales del miércoles pasado. Se trata de auditar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

El IFE  ha sido una pieza clave de contención y apoyo, dada la enorme pérdida de ingresos que han sufrido los hogares como resultado de la pandemia y el aislamiento social. De modo tal que su necesidad no está en duda.

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General Política

El acuerdo más logrado

Alfonsín la llamó “la Constitución de todos”. A 25 años de su aprobación no hay duda de que el ex Presidente tenía razón. La Constitución Nacional de 1994 que hoy nos rige  fue el acuerdo mas cabal que hemos logrado los argentinos.

En ocasión de los 25 años de la Constitución Nacional de 1994, estuve en la Facultad de Derecho de la UBA, junto a Graciela Fernández Meijide y Alberto García Lema, colegas convencionales constituyentes, para conversar sobre reforma y democracia.

Me interesaba repasar el contexto político que condujo a la aprobación de la reforma constitucional.

La Constitución del ’53 había creado un presidencialismo intenso que tenía como contrapartida un poder legislativo débil; se había instalado a través de esa Carta Orgánica una asimetría en los pesos y contrapesos recomendados por la teoría política. Era, además, una Constitución con un menguado poder de control.

El primer antecedente de la reforma del ’94 es la solicitud que hizo Alfonsín, en marzo del ’86, al Consejo de la Consolidación de la Democracia. Le había requerido que -sin tocar la parte doctrinaria- razonara en la búsqueda del perfeccionamiento de la parte orgánica de la Constitución, sin cambios de extensión y condición del mandato (ver “Presidencialismo vs. parlamentarismo: materiales para el estudio de la reforma constitucional”, Eudeba, 1988).

Ocho años antes de la reforma del ’94, Alfonsín había iniciado el estudio de antecedentes para lograr una Constitución que atenuara el presidencialismo intenso de la que regía entonces.

Por otro lado, el Partido Justicialista había conformado una Comisión de Reforma Constitucional ad hoc, que había tenido varias reuniones en el año ’87, en mayo en La Falda, en junio en Bariloche y en noviembre en Parque Norte de la Ciudad de Buenos Aires.

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