La semana pasada en el Colegio de Auditores aprobamos una serie de informes de gestión de áreas muy diferentes del Estado, pero que tienen en común la falta de concreción de los objetivos buscados. La ausencia de planificación y de mecanismos de control sobre el uso, destino e impacto de los fondos públicos son en gran medida responsables de que esto suceda.
Uno de los informes -el de seguridad y rehabilitación de internos de las cárceles nacionales- ya lo comenté en el post anterior. Allí se ve cómo, lejos de lograr los objetivos, se obra en el sentido opuesto.
Otra de las auditorías analizó los fondos nacionales que fueron enviados a Tartagal para ayudar a afrontar las consecuencias del alud que sufrió la localidad en 2009. Si bien la ayuda fue oportuna además de necesaria, atendiendo a la magnitud de la destrucción, el análisis del destino de los $12.400 millones enviados por el Estado Nacional entre 2009 y 2012 demuestra que las obras no se llevaron a cabo en tiempo y forma. La mayoría presentaba demoras sin justificación y se comprobaron casos de construcción deficiente, al punto de comprometer la seguridad de las personas que se buscaba de alguna forma resarcir por los daños sufridos.
También se aprobó un informe sobre el programa Conectar Igualdad. Nuevamente, el Estado aquí muestra una buena intención que no logra concretar. El programa, administrado por la ANSES, tiene tres propósitos: que cada alumno y cada docente de escuela pública tenga una computadora, que estén capacitados en su uso y que se lleven a cabo propuestas educativas. El primer objetivo fue logrado en gran medida, con la entrega de más de 3,7 millones de netbooks. Pero la tenencia de una computadora es tan sólo una herramienta. No garantiza por sí sola la inclusión, el aprendizaje o la innovación. Hubieron fallas en la capacitación y en el servicio técnico, a lo que se sumó una mala conectividad (algo que ya habíamos comprobado en una auditoría sobre telecomunicaciones: 64% de las escuelas no tenían Internet o el servicio era deficiente). Todo esto limitó la utilidad del programa, que costó al Estado $10.000 millones en el período analizado (2012-13).
En cuestiones de cuidado del medio ambiente, diversos informes han mostrado la falta de planificación para implementar compromisos internacionales asumidos. La auditoría sobre la biodiversidad de las áreas protegidas nacionales de Argentina aprobada la semana pasada no es una excepción. Se relevaron las acciones realizadas en un período de cinco años, entre 2009 y 2014, y se llegó a la conclusión de que no se había avanzado en el trabajo sustancial de llevar a cabo la custodia de las especies amenazadas ni de desarrollar conocimiento científico ni de cumplir las metas de porcentajes de territorio a proteger.
El análisis de auditoría tras auditoría nos está alertando acerca de una serie de vicios de gestión que, independientemente del partido político de turno, deben ser erradicados para poder transformar buenas intenciones en beneficios concretos para la población.
Una síntesis más completa de cada informe mencionado en esta entrada puede ser consultada aquí.
2 respuestas a «Buenas intenciones, poca eficacia»
Problemas endémicos del país sin vislumbrar soluciones concretas.
Falta de educacion en el proceso de planificacion, control y accion PDCA (plan, do, control, action)