En doce meses los argentinos tendremos otro gobierno luego de una experiencia de doce años que, además de ser la más extensa desde los años treinta del siglo pasado, se distingue por la impotencia para ofrecer una alternativa competitiva y sentida como propia por sus líderes y seguidores.
De aquí a un año la actividad económica continuará en retroceso; mantendremos la posición en el podio mundial de los índices de inflación y desocupación combinados; la extravagante política energética seguirá condicionando el sector externo y las cuentas públicas; se acentuará la destrucción de empleo y la representación de los trabajadores seguirá dividida.
Así, la próxima administración enfrentará un duro y exigente escenario social dado que ya hoy, uno de cada cuatro argentinos y dos de cada diez hogares están en situación de pobreza.
Además, es necesario prever que, en su ocaso, la actual administración profundizará su estrategia de desnaturalizar el funcionamiento del sistema republicano.
Al mismo tiempo se debe reconocer que el mundo no sólo ofrece un panorama menos estimulante que en el pasado reciente, sino que seguirá mirando con desconfianza a la Argentina.
Como se ve, el número y la densidad de los problemas a enfrentar no nos habilitan a pensar que el cambio de expectativas generado por el relevo de los ocupantes de la Casa Rosada será suficiente para superar las exigencias.
En otras palabras, es necesario asumir que, además de un cambio en la tripulación, debemos re orientar el rumbo de los asuntos públicos, adecentar las conductas de los gobernantes, atender las amenazas de la criminalidad organizada y actualizar los estilos de gobierno. La hipótesis política más probable es que el próximo turno electoral traerá la novedad del balotaje, o doble vuelta, para elegir Presidente y, por otro lado, todo indica que ninguna fuerza política contará con mayorías propias en el Congreso por lo que están descartadas, enhorabuena, las opciones de gobernantes plebiscitados y los liderazgos providenciales.
Así, más por necesidad que por virtud, el sistema político deberá demostrar que está en condiciones de ofrecer la capacidad de enhebrar los acuerdos de gobierno, amplios y duraderos, que afronten el desafío de orientar reformas perdurables y consistentes para: 1) afirmar la reconstrucción institucional y el fortalecimiento del Estado, dejando atrás la práctica de confundir Partido y Gobierno; 2) promover la cohesión social que diluya el riesgo que la desigualdad social significa para la convivencia democrática y pacífica; 3) mejorar la competitividad económica desde una perspectiva sistémica; 4) conducir al re prestigio internacional de la Argentina.
Es posible, aunque nada deseable, que en una elección se confunda la política con la farándula pero, en una sociedad democrática -compleja y diversa- los actores de los acuerdos de gobierno son los partidos políticos, sobre todo aquellos que tienen presencia y representación en toda la geografía del país porque, sencillamente, son los que tienen la aptitud para procesar las distintas visiones y expectativas de los diferentes actores sociales y las identidades e intereses múltiples y cambiantes de los ciudadanos.
Este camino, alejado -por un lado- del atajo populista que desprecia los partidos y desestima los mecanismos de representación democrática y, por otro, de los liderazgos personales que conciben la acción política como la concesión de franquicias políticas territoriales, es el que ha permitido a nuestros vecinos de Brasil, Uruguay y Chile afrontar exitosamente los desafíos de la modernización e integración de sus sociedades, a pesar de las acechanzas de la globalización.
Al argumento, previsible y conocido, que dice que nuestros hábitos y costumbres políticas nos impiden avanzar en esa dirección puedo responder que el pasado reciente enseña que -si queremos que además de un fin de ciclo seamos capaces de provocar un cambio de época- la buena política puede cambiar la cultura, como lo demostró la democracia inaugural del ochenta y tres, al terminar con la historia de cincuenta años de golpes de estado y alteraciones institucionales.