Jesús Rodríguez
Hacia el año 1930 la Argentina tenía una riqueza por habitante aproximadamente equivalente a la de Alemania o Canadá. En el 2015 -cuando se retiraba la administración kirchnerista-, la riqueza por habitante había disminuido a la mitad en términos relativos con esos mismos países.
La Argentina hace cuatro años mostraba un estancamiento y un retroceso relativo incluso frente al resto de las naciones latinoamericanas, excepto Cuba y Venezuela.
Entre múltiples homenajes a Raúl Alfonsín que se realizaron por estos días, a 10 años de su fallecimiento, hoy en la casa central de la Auditoría General de la Nación -que lleva su nombre- también lo recordamos.
Es que la AGN le debe a Alfonsín su existencia, como bien señaló esta mañana Oscar Lamberto, el presidente del organismo: “Cuando se debatía en el Congreso si continuar o no con el Tribunal de Cuentas o impulsar la Auditoría General de la Nación, fue Alfonsín el que juntó los votos”.
La AGN -como recordó en la conmemoración Federico Recagno, Secretario Adjunto de APOC, es hija de la reforma constitucional del año ´94 de la cual hoy se cumplen 25 años.
Fue ahí que se crearon los organismos de control que rigen actualmente y que la AGN cobró rango constitucional.
Estuve conversando con el periodista Diego Genoud sobre Alfonsín, el radicalismo, el peronismo, el PRO, las coaliciones, el populismo y el progresismo. Aquí transcribo la entrevista.
–¿Cuál es la línea que lleva al radicalismo de Alfonsín a Macri?
–Alfonsín fue el abanderado de la inauguración democrática y el camino que la sociedad eligió para evitar el ejercicio populista en Argentina. Después de Alfonsín, tuvimos una experiencia populista de 10 años con Menem y una de 12 con Kirchner, el experimento político más extenso desde 1930. Con el mejor contexto internacional posible, mayorías parlamentarias y apoyo mediático, social y productivo, se fue con uno de cada tres argentinos bajo la línea de pobreza. El hilo conductor entre Alfonsín y la experiencia Cambiemos es la voluntad de construir una opción política que evite la continuación populista.
–Más allá de las diferencias entre Menem y Kirchner, ¿por qué encarna y funciona el populismo en Argentina?
–América Latina vive una tercera ola populista. En los ‘40, vino de la mano de variantes nacionalistas; en los ‘90, estuvo acompañada por una práctica neoliberal y hoy tiene una visión más estatista que neoliberal. Pero es la misma esencia, que es el desapego de la democracia representativa y la división de poderes. Fujimori y Maduro, más o menos lo mismo. ¿Por qué no hay populismo en Uruguay y en Chile? Porque hay un Estado que funciona, respeto a la ley de los ciudadanos, un sistema con partidos y una cultura del acuerdo y el compromiso entre los actores. En cambio, acá está la anomia boba de la que habló (Carlos) Nino.
Regresé esta semana de la segunda reunión anual de la Red Global de Auditores organizada por la OECD donde, si bien el tema principal planteado era el de los desafíos de auditar en la era digital, hubieron sesiones que giraron sobre integridad y transparencia (o su ausencia). Es que la corrupción política que se extiende en América Latina es una preocupación creciente. Sobre ésto y su vinculación con el financiamiento de los partidos políticos -algo que en la Argentina ahora se está debatiendo en el Congreso- realicé algunas reflexiones que publicó este fin de semana el diario Perfil. Abajo transcribo el artículo y agrego algunas notas para quien quiera mayor profundidad sobre algunos temas.
Los golpes de Estado y los autoritarismos fueron, en el siglo pasado, el rasgo distintivo y dominante del paisaje institucional en América Latina. En tanto, las elecciones de 1983 en Argentina iniciaron una dinámica política que llevó a la región a tener en nuestros días –salvo en el caso de Cuba– gobiernos elegidos democráticamente en elecciones que, con la excepción de Venezuela, no han sido cuestionadas en su legitimidad.
Sin indulgencia. Ese gigantesco paso adelante está siendo negativamente afectado, en la mayoría de nuestros países, por resonantes casos de corrupción que ya no cuentan, como en el pasado, con actitudes indulgentes llenas de argumentos economicistas que pretendían justificar la corrupción con los supuestos beneficios de empresas y empresarios audaces, imprescindibles para salir de la trampa del atraso económico.
La corrupción expone la captura del Estado por parte de élites, es una suerte de privatización de la política pública que pone en jaque las instituciones y el estado de Derecho.
Por el contrario, se extiende la convicción de que la corrupción expone, por un lado, la perniciosa captura del Estado por parte de algunas élites que, en ocasiones, exhiben un despliegue a escala supranacional y, por otro lado, esa verdadera “privatización de la política pública” amenaza, al socavar la confianza social en las instituciones, la estabilidad política y la vigencia del Estado de derecho.
El Departamento de Justicia de USA reveló que la empresa Odebrecht obtuvo ganancias por 2996 millones de dólares en sus operaciones en 10 países de América Latina y reconoció haber pagado sobornos por 780 millones de dólares, principalmente en Brasil y la República Bolivariana de Venezuela.
El número de países afectados, la magnitud de los fraudes y su repercusión social han renovado el interés académico sobre el estudio de las posibles razones que explican la existencia de actos de corrupción dejando de lado la simple y equivocada idea, todavía presente en grupos políticos de matriz ideológica conservadora, de que el tamaño del Estado determina el nivel de la corrupción.
La gran cuenta pendiente de las democracias globalizadas es la igualdad.
El compromiso de la Agenda 2030 -asumido por 193 países en Naciones Unidas y plasmados en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)- aborda esta tarea en varios de los enunciados e incluso dedica el objetivo 10 específicamente a la reducción de la desigualdad.
Sobre este tema y el contexto global en que se desarrolla estuve hablando en ocasión del Seminario Internacional de Tribunales de Cuentas y Control Público realizado por la Contraloría General del Estado de Ecuador.
Los ODS tienen un puntal en control social y participación ciudadana, así como también en el fortalecimiento de las instituciones, y por esto involucra muy de cerca a las entidades de fiscalización superior, como la AGN y la contraloría de Ecuador.