Auditoría y justicia

Una de las preguntas que me suelen hacer desde que ocupo el cargo de Auditor General es: “¿Y qué pasa cuando encuentran que alguien violó las normas? ¿Lo sancionan?”.

La respuesta es “no, pero…”

Explico.

La Auditoría General de la Nación -que el año pasado cumplió 25 años– fue una de las herramientas de control gubernamental creada por la Ley de Administración Financiera (24.156) de 1992.

El proyecto original del Poder Ejecutivo otorgaba a la AGN la posibilidad de iniciar acciones judiciales para sancionar actos lesivos (actuar como querellante). Junto con otros cambios que surgieron del debate parlamentario -tales como la decisión de que el organismo fuera colegiado en lugar de tener una conducción única-, esa facultad no quedó en el texto definitivo de la ley.

No obstante, la AGN ha promovido denuncias penales cuando ha tomado conocimiento de un delito cometido, según dictan las obligaciones de los funcionarios públicos. Es el caso de la denuncia promovida por el Colegio de Auditores a raíz de irregularidades detectadas en la gestión de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCAA) entre 2007 y 2009 (Res. 37/2014) o la denuncia del ex Presidente de la AGN, Leandro Despouy, sobre subsidios y reintegros a obras sociales por medicamentos de alta complejidad a través de la ex Administración de Programas Especiales (APE) (Res. 30/2012).

El papel principal de la AGN es de asistencia técnica al Congreso Nacional, quien tiene entre sus atribuciones constitucionales la del “control externo del Sector Público Nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos”. Los informes de auditoría que la AGN envía al Congreso -a través de su interlocutor, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas-, constituyen materia prima para que se pueda ejercer este control.

Pero los informes de la AGN se han convertido en un importante insumo no sólo para el Poder Legislativo sino también para el Poder Judicial.

Actualmente hay unos 450 informes de auditoría incorporados a los expedientes de 179 causas penales en trámite.

Tipicamente se solicita a la AGN el aporte de información cuando se investigan delitos de malversación de fondos, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito.

Las áreas que más acumulan causas de ese registro que lleva la AGN, son transporte y energía (35% del total).

Algunas de las causas más resonantes en las que se ha avanzado hacia el procesamiento de funcionarios o terceros vinculados con la gestión de fondos públicos, se han fundamentado en parte en hallazgos de auditorías realizadas por la AGN.

Por ejemplo, en octubre de este año se iniciará el juicio oral en una causa  por enriquecimiento ilícito en la importación de trenes de España y Portugal. El informe Res. 203/12 es prueba sustancial a ese fin ya que señala la ausencia de una evaluación técnico-económica del material a adquirir, precios elevados con respecto al promedio del mercado y la comprobación de que gran parte de las unidades resultaron ser chatarra. En las tareas de campo que llevaron adelante los técnicos de la AGN se registró un total de 44% de vagones y locomotoras fuera de uso.

Las auditorías sobre el ex concesionario de las líneas de tren Sarmiento fueron material esencial para determinar la condena de los directivos de la empresa y de los funcionarios responsables en la causa de la Tragedia de Once. Los informes -siendo el Res. 16/12 el último en presentarse a las autoridades de la entonces Secretaría de Transporte una semana antes del incidente trágico- revelan cómo se fueron deteriorando las vías y el material rodante al punto de constituir “riesgos que atentan directamente contra la seguridad de los usuarios del servicio”. La Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento argumentando que los funcionarios “estaban en conocimiento de las deficiencias apuntadas por la Auditoría General de la Nación.”

Alrededor de 25 causas judiciales en las que se ha pedido información a la AGN tienen como sujeto de investigación a las universidades públicas nacionales. Muchas de ellas se tramitan en juzgados locales pero aportan a una causa federal que busca determinar si hubo malversación de fondos en las sumas multimillonarias giradas a 52 instituciones a través de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación entre 2003 y 2015. Se han aportado a estas investigaciones auditorías sobre las universidades nacionales de Cuyo, Jujuy, Lanús, La Plata, Rosario y San Martín. Las universidades aparecen también en causas que investigan a otras personas jurídicas. Es el caso de la referida a Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que abarca un convenio firmado en 2010 con la Facultad Regional de Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional. Las auditorías de gestión ambiental de la AGN que figuran en los expedientes judiciales (Res. 99/08, Res. 132/14) demuestran que -a pesar de que YCRT derivó $4.000 millones de los subsidios recibidos del Estado Nacional a la sede regional de la UTN-, ésta no había realizado un plan adecuado ni llevado adelante ninguna acción y, en consecuencia, no habían sido remediados los pasivos ambientales objeto del convenio.

La AGN también ha realizado aportes a investigaciones locales vinculadas a la mega causa de corrupción iniciada en Brasil, conocida como Lava Jato (buen resumen de Chequeado sobre este tema aquí). Por ejemplo, la que investiga la ampliación de los gasoductos Sistema Norte (TGN) y Sistema Sur (TGS), un proyecto diseñado por el ex Ministerio de Planificación en 2005 y ejecutado por la firma de origen brasileño que está en el centro del Lava Jato. El informe Res. 146/14, que informa los hallazgos de una auditoría realizada en la Secretaría de Energía y el ENARGAS entre 2011 y 2012, aporta elementos para determinar si hubo sobreprecios en tanto señala una diferencia de $112 millones entre el monto total de las minutas de certificación de obra -firmadas sólo por Odebrecht sin verificación o control– y los valores reconocidos por Nación Fideicomisos, la entidad nombrada por el ENARGAS para administrar los fondos estatales que financiaron las obras.

En estos casos, los informes de la AGN detallan procedimientos, movimientos de fondos, acatamiento o apartamiento de las normas y otros elementos que facilitan las investigaciones judiciales en prácticamente todas las áreas de la gestión estatal. Otros casos emblemáticos en los que los aportes de la AGN han sido cruciales son Sueños Compartidos (Res. 254/13), la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (cientos de resoluciones desde que en 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación asignó a la AGN el control de la asignación de fondos y seguimiento presupuestario del Plan Integral de Saneamiento Ambiental) y Fútbol para Todos (Res. 105/15).

Si bien la decisión del Congreso a principio de los ’90 fue que la AGN no tuviera poder de sanción, la tarea de auditoría es fundamental no sólo para que el Congreso pueda controlar con mayor sustento el accionar del Poder Ejecutivo e ir adecuando la normativa, sino que también brinda elementos a la Justicia para determinar la culpabilidad o inocencia de los funcionarios en el manejo del presupuesto nacional y en la gestión pública.