Atención, Alta Presión

El 24 de noviembre de 2015, 48 horas después del ballotage que consagró a Mauricio Macri presidente, la Corte Suprema declaró inconstitucional un artículo de la Ley de Presupuesto de 2006 y el Estado Nacional quedó obligado a reintegrar miles de millones de pesos a provincias que lo habían demandado. El mismo fallo ordenó reglamentar un nuevo Pacto Federal Fiscal, tarea que había sido esquivada durante más de veinte años.

Así de pronto y con esa contundencia se le presento al gobierno de Cambiemos una de las más grandes deudas sin saldar de la Argentina: el federalismo.

Ilustra muy bien la sensibilidad de la relación Nación-provincias el trabajo de Oscar Cetrángolo, Javier Curcio y Julián Folgar, Radiografía de las Cuentas Provinciales.

Además de detallar los efectos del mencionado fallo de la Corte -y sucesivos acuerdos que el Gobierno debió realizar con las provincias a partir del precedente-, los autores resaltan otras fuentes de presión sobre las cuentas publicas de la Nación que -basadas en el nuevo escenario que sobrevino con el cambio de Gobierno- se perfilan de acá a fin de año:

• • El reclamo de la Provincia de Buenos Aires destinado a incrementar su participación en el Régimen de Coparticipación mediante la recomposición del Fondo de Conurbano Bonaerense. Esa jurisdicción tiene la expectativa de un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia, que implicaría recuperar fondos que actualmente reciben el resto de las provincias. Si esto ocurriera, se puede prever muy fuertes presiones para que la Nación se haga cargo de la diferencia, de manera tal que se pueda beneficiar la Provincia de Buenos Aires sin afectar el resto y, por supuesto, con un impacto significativo sobre las cuentas de la Nación.
  • El vencimiento del Impuesto sobre Débitos y Créditos en Cuenta Corriente (conocido como “impuesto al Cheque”) el 31 de diciembre de este año. Más allá del consenso acerca de los efectos negativos de este impuesto sobre la actividad económica y la administración tributaria, su nivel de recaudación hace que hoy sea poco probable que pueda prescindirse de él (está presente, de hecho, en el Presupuesto 2018). El tributo brinda recursos equivalentes a 1,7% del PBI y se coparticipa en 0%. Teniendo en cuenta que mantener una fórmula de reparto como la actual, -que se aparta de lo establecido por la Ley 23.548-, requiere que la legislación sea votada por mayoría especial, parece poco probable que la Nación pueda mantener el status quo que la beneficia con el 70% de la recaudación de ese impuesto.

A estos temas -altamente significativos por los montos en juego-, se suma la demanda del Gobierno Nacional para que las provincias reduzcan el alcance del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que -como se muestra en el trabajo citado-, ha ido creciendo en los últimos años hasta convertirse en la principal fuente de ingresos de las provincias (75,7% de la recaudación total).

Después de un prologado silencio judicial y de tres gobiernos de una misma fuerza política con mayorías parlamentarias y de gobiernos en las provincias, llegó el momento de encontrar soluciones estructurales a problemas sobre federalismo y finanzas publicas que llevan décadas sin ser afrontados. ¿Quién debe hacerlo? Una coalición de signo opuesto al de la mayoría de los gobiernos de provincias y con una representación creciente, pero que no constituye mayoría en el Congreso. Todo esto se presenta como una oportunidad para lograr un acuerdo de gobernabilidad que permita consensuar decisiones susceptibles de ser ejecutadas a lo largo del tiempo, con independencia de los signos políticos que ocupen los máximos cargos en las diversas jurisdicciones.